El chavismo aumenta la represión y pide el arresto de González y de Corina Machado
ACTUALIDAD · Exclusivo suscriptores
Maduro pierde su baza de credibilidad y presenta un extraño recurso de amparo
31 jul 2024 . Actualizado a las 23:14 h.Al menos 16 personas han muerto en las protestas que se desataron en Venezuela, después de que el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, suspendiese el conteo de las actas y declarase reelecto a Nicolás Maduro para un tercer mandato. Así lo señaló el miércoles la líder opositora María Corina Machado, 72 horas después de las elecciones y bajo amenaza de detención por «terrorismo».
Según Machado, que también contabilizó 11 desaparecidos y 177 detenidos, «esa es la respuesta criminal de Maduro al pueblo venezolano que salió a la calle a defender su decisión soberana de ser libre». Pero sus cifras se quedaban muy cortas: Tarek William Saab, el fiscal general —chavista—, contabilizaba 1.062 detenidos y la oenegé de defensa de presos políticos Foro Penal Venezolano llevaba una cuenta de 429. Eso a las 9 de la mañana.
Su director, Gonzalo Himiob, señalaba que solo en un centro de detención ubicado en Petare, Caracas (zona popular en la que las protestas fueron particularmente fuertes en las noches del lunes y del martes) había más de 170 detenidos. A todos se les denegó el acceso a abogados particulares y se les asignaron defensores de oficio.
Y la situación se repetía en todo el país, con audiencias telemáticas de detenidos a los que aceleradamente les imponían cargos por terrorismo, que tiene penas superiores a 15 años, sin presencia de abogados defensores.
Amenazas de detención
La jornada del martes estuvo marcada por las solicitudes de Maduro, Saab y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, para que tanto Machado como el candidato opositor Edmundo González fueran detenidos por «terrorismo». De hecho, el canciller de Costa Rica, Arnoldo Tinoco, les ofreció asilo públicamente. «Le agradezco, pero mi lugar es Venezuela», le respondió Machado.
Mientras, Voluntad Popular, partido del movimiento opositor Plataforma Unitaria Democrática, denunciaba que su dirigente, Freddy Superlano, estaba siendo torturado con el objetivo de hacerle confesar un supuesto fraude electoral de la oposición.
Delsa Solórzano, una de las dirigentes opositoras más cercanas a Machado, denunciaba lo que también era vox populi en redes: que los testigos opositores de las mesas electorales en zonas donde solía ganar el chavismo (y en las que, según las actas de las que dispone la oposición, perdió por avalancha) estaban siendo objeto de allanamientos y detenciones. «De nada vale. Los valientes venezolanos que fueron testigos y miembros de mesa ya entregaron las actas a los comandos de campaña, ya están digitalizadas», agregó.
Entre los múltiples comunicados internacionales destaca el de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ha investigado los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano a partir del 2017. «Las operaciones de orden público tienen que cumplir con los estándares y normas internacionales de derechos humanos», señaló Marta Valiñas, presidenta de la Misión, que también manifestó «preocupación» por las detenciones de Superlano y al menos otros cuatro dirigentes. La oposición las califica como «secuestros».
Igualmente, la Federación Internacional de Derechos Humanos, que agrupa a más de 150 oenegés dedicadas a este tema, señaló en un comunicado que «denunciamos el probable fraude electoral y la falta de actas desglosadas de las elecciones anunciadas por el CNE» y «la grave represión hacia las protestas iniciadas luego del anuncio de resultados poco creíbles».
Sánchez pide transparencia
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado que la transparencia en los resultados electorales venezolanos es «imperativa» y que es necesario que se verifiquen «todas las actas». A él se han unido Sumar, Podemos e IU, con lo que matizan sus posiciones iniciales del pasado lunes, cuando cargos de las tres formaciones pedían reconocer la victoria de Maduro.
Maduro pierde su baza de credibilidad y presenta un extraño recurso de amparo
Desde el 2004, el Centro Carter ha sido uno de los observadores favoritos del chavismo para los procesos electorales, y para estas elecciones era una de sus principales bazas de credibilidad.
Sin embargo, dicho organismo anunció que no presentaría su informe en Caracas y, tras sacar a su personal de Venezuela, publicó un durísimo comunicado en el que denuncia que «la elección presidencial no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática».
El centro dio cuenta de un proceso sin acceso igualitario a la publicidad, con restricciones al voto en el exterior, y de las dificultades de la oposición para acceder a unas actas que certifican una victoria holgada de Edmundo González, como preveían la mayoría de las encuestas.
El Gobierno de EE.UU. reaccionó rápidamente: Brian Nichols, subsecretario de Estado, dijo que el comunicado del Centro Carter hacía «irrelevante» lo que dijese el Consejo Nacional Electoral venezolano, cuya página web está caída desde el lunes. Mientras tanto, Gustavo Petro, presidente colombiano, rompió su silencio invitando al Gobierno venezolano «a permitir un escrutinio transparente con conteo de votos y supervisión internacional».
Pero el miércoles, fuera del plazo legal para la presentación de resultados totales (que venció el martes), Nicolás Maduro acudió al Tribunal Supremo de Justicia a introducir un extraño recurso de amparo en la Sala Electoral.
No se divulgó el contenido del recurso, que se introdujo pocas horas después de que Lula Da Silva, presidente brasileño y cercano aliado de Maduro, propusiese que fuera el Tribunal Supremo (que no falla contra el Estado venezolano desde el 2002) el que dirimiese la controversia entre el chavismo y la oposición.
«El recurso es para que la Sala Electoral aclare todo lo que hay que aclarar», señaló Maduro, agregando que tiene el «100 % de las actas» que el Consejo Electoral (cuya página está caída desde el domingo) no ha presentado. Pero el Centro Carter puso en duda la independencia de ese posible peritaje del TSJ.
Algunos analistas temen que Maduro intente falsificar unas nuevas actas, entre rumores de que las mismas se están forjando: un proceso difícil dadas las intensas medidas de seguridad que se incorporaron históricamente al sistema electoral venezolano, uno de los primeros, y todavía pocos, totalmente automatizados.