La financiación autonómica marca el debate electoral en Cataluña
ACTUALIDAD · Exclusivo suscriptores
Todos los candidatos del 12M coinciden en señalar que el sistema actual ha caducado
08 may 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El debate sobre la financiación era un tema recurrente en las elecciones catalanas hasta que llegó el procés. Dejó de serlo en el 2012, tras el portazo de Mariano Rajoy a la propuesta de pacto fiscal de Artur Mas, cuando Convergència se echó al monte. Luego llegaron los referendos del 2014 y el 2017, la fuga de Puigdemont, los encarcelamientos, la presidencia de Torra, las condenas del Supremo, los indultos, la amnistía… La «década perdida», que Salvador Illa no se cansa de repetir estos días en campaña. Superados los años del Dragon Khan, la financiación regresa al debate electoral en Cataluña, en el que por primera vez en mucho tiempo se vuelve a hablar de la calidad de los servicios públicos que reciben los catalanes a cambio de sus impuestos.
Todos los candidatos del 12M están de acuerdo en que el sistema actual, caducado en el 2014, no satisface las necesidades de la comunidad y que, en consecuencia, hay que cambiarlo. En lo que no se ponen de acuerdo es en el cómo. Si el actual Sistema de Financiación Autonómica (SFA) sigue ahí es, en buena medida, porque los sucesivos gobiernos de la Generalitat apostaron por la independencia y aparcaron la financiación, considerada una pantalla superada en el camino hacia la soberanía.
A finales de marzo, en plena precampaña, Pere Aragonès lanzó su propuesta de financiación «singular», similar al cupo vasco, por el que la Generalitat recaudaría el 100 % de los impuestos. Luego, abonaría al Estado el coste de los servicios que este presta, y otra cantidad en concepto de solidaridad interterritorial. En Esquerra consideran que su plan es fundamental para mejorar los servicios públicos en Cataluña, golpeados por los recortes de Artur Mas tras la crisis del 2008 y la dejación de los independentistas.
Déficit fiscal de 22.000 millones
En la práctica, la propuesta es un calco de la de Mas y casi idéntica a la del Estatuto aprobado por el Parlamento catalán en el 2005, liderado por el tripartito de izquierdas de Pasqual Maragall, y que más tarde sería recortado en Madrid. La Generalitat estima que Cataluña soporta un déficit fiscal de unos 22.000 millones de euros al año (el 8 % del PIB) que, según Aragonès, «van al Estado y no retornan ni en forma de inversiones, ni de transferencias, ni de servicios. Imaginémonos lo que podríamos hacer sin este déficit fiscal, cómo podríamos estimular el crecimiento económico». De esta manera, la comunidad pasaría de gestionar el 9 % de los tributos al 100 %, con plena capacidad normativa para regularlos. Esto se traduciría en unos ingresos de 52.000 millones anuales, el doble que ahora (25.600, con datos del 2021). Al déficit fiscal, se suma el bajo nivel de las inversiones del Estado, que en el 2022 fue del 42 % de lo presupuestado.
Para la catedrática de Economía Pública de la Universidad de Barcelona (UB), Núria Bosch, la propuesta de Aragonès «no explica cómo se contribuirá a la solidaridad con el resto de autonomías, solo dice que se hará una aportación, pero no especifica la cuantía ni cómo se instrumentará». Con todo, añade, «es posible un modelo de financiación específico para Cataluña sin que suponga ningún privilegio». Sin embargo, ¿es posible sin perjudicar al resto? El profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Abierta de Cataluña (UOC), Benja Anglès, opina que «inicialmente iría en detrimento del actual sistema, dado que habría menos recursos para repartir entre el resto de comunidades», salvo que «se mantuvieran las aportaciones en concepto de redistribución territorial y solidaridad en los mismos niveles». Otra posibilidad sería que el Estado aportara más dinero para compensar, lo que puede plantearse en escenarios de bonanza económica, pero ofrece dudas en situaciones de crisis, al depender de la deuda pública y desde Europa vuelven los tiempos de contención. «Existe otro debate que nadie se atreve a abordar, que sería pedir a las comunidades forales que también aporten recursos al conjunto», sostiene Anglès.
El Gobierno central niega un concierto específico para Cataluña
Desde el Gobierno tienden la mano a Esquerra, pero rechazan hablar de «expolio», el concepto usado por los independentistas, en línea con el famoso «España nos roba» del procés. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, supedita un acuerdo en financiación a la reforma del régimen general, pero niega el concierto específico para Cataluña. También lo rechaza el PP, aunque se abre a discutir una mejora si se da un «clima de negociación leal» y dentro del régimen común.
En las antípodas de Esquerra se encuentra el PSC, que aboga por un consorcio tributario entre Generalitat y Estado, ya previsto en el Estatut, respetando el principio de ordinalidad. Es decir, que las comunidades que más dinero por habitante aportan a la caja común no sean las que menos reciben. «No estamos de acuerdo en que Cataluña sea la tercera en aportación y la decimocuarta en recepción», resume Illa. Su sistema habría supuesto 4.500 millones más para las arcas catalanas en el 2021. Junts también reclama la gestión de todos los impuestos y la cancelación de la deuda pública catalana en manos del Estado a cuenta de todas las inversiones presupuestadas no ejecutadas. Y tildan el plan de Aragonès de «panfleto electoral».
Tampoco en financiación existe un consenso mínimo entre los partidos catalanes capaz de facilitar la gobernabilidad a partir del 12M, cuando hablen las urnas.