¿Quienes son los principales beneficiados de la amnistía?
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La medida de gracia borrará todo rastro penal y administrativo del conflicto independentista durante doce años para centenares de políticos y ciudadanos, mientras que Puigdemont espera regresar en julio
08 mar 2024 . Actualizado a las 13:17 h.La ley de amnistía, la columna vertebral que apuntala la legislatura, acaba de echar a andar. ¿Qué traducción práctica tendrán los últimos cambios pactados entre el PSOE y Junts? La respuesta a las principales preguntas, a continuación:
¿Cuántas personas se beneficiarán de la nueva norma?
Las partes negociadoras coinciden en que la nueva ley cubrirá «a todas las personas vinculadas al procés». Y así se recoge e la exposición de motivos del texto legal, que especifica que se pondrá punto final, tanto a las condenas como a los procesos judiciales que afectan a «todas las personas, sin excepción, que participaron en el proceso independentista». Es decir, que cualquiera, desde políticos, policías o ciudadanos comunes que tomaran parte de algún modo, tanto sofocando como facilitando la escalada secesionista que culminó con el referendo ilegal del 1 de octubre del 2017 y la declaración unilateral de independencia (DUI), verán cerrados sus procesos judiciales y borradas sus penas.
¿Quiénes son los principales amnistiados?
El huido expresidente Carlos Puigdemont es el rostro más mediático, pero aunque la amnistía ha ido construyéndose como un traje a su medida, no es el único a quien beneficiará. El resto de los líderes independentistas, tanto condenados —como el exvicepresidente Oriol Junqueras o el resto de exconsejeros del gabinete, como Romeva, Turull, Rull, Bassa o Forn— como prófugos de la justicia —como los exconsejeros Toni Comín o Lluís Puig—, también se verán liberados de cualquier mancha penal o administrativa. La medida de gracia se extiende igualmente al medio centenar de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil investigados por las cargas del 1-O, o a todos los procesados en las causas de los CDR y Tsunami Democràtic o de la conexión con Rusia, donde Puigdemont se enfrentaba a la acusación de traición.
La norma, que ha ampliado al 1 de noviembre del 2011 el alcance de la medida de gracia, por considerar que fue entonces cuando «comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista», también dará cobertura a los hijos de Jordi Pujol, ya que Jordi, Oriol y Josep participaron en reuniones de la cúpula de Convergencia para diseñar la consulta ilegal del 9-N.
¿Cuándo podría regresar el expresidente catalán huido a Waterloo?
La respuesta la dio ayer el secretario general de Junts, Jordi Turull, señalando que el expresidente podrá volver en julio, cuando hayan pasado dos meses desde la aprobación de la ley, algo que se espera pase a mediados de mayo. Asimismo, avanzó que Puigdemont será el candidato del partido a las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Cabe recordar que el político huido está actualmente cubierto por el aforamiento que le brinda ser eurodiputado. En el mismo horizonte temporal regresarán también la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y los posconvergentes Lluís Puig y Toni Comín, ya que los jueces tienen dos meses para aplicar la ley.
¿Cuánto dinero se perdonará a los condenados por malversación?
En lo que respecta al delito de malversación de dinero público, la redacción legal matiza que «solo podrán beneficiarse de la amnistía aquellos actos en los que los fondos públicos se destinaron a la preparación, realización y consecuencias de las consultas del 9 de noviembre del 2014 y el referendo de 1 de octubre del 2017, así como los que se destinaron a reivindicar, promover o procurar la independencia de Cataluña».
Así, las cosas, el erario público no recuperará la cuantía que —se estima— se destinó a la preparación y ejecución de 1-O, hasta cinco millones de euros. El Tribunal de Cuentas ha juzgado —aún no hay sentencia— por su responsabilidad contable a Puigdemont y otros 34 altos cargos y funcionarios de la Generalitat, incluidos Mas y Junqueras. La Fiscalía les reclamó 3,4 millones y Sociedad Civil Catalana —como acusación popular— elevaba lo desviado a 5,3 millones de euros, que no abonarán con la medida de gracia.
Cosa diferente son los seis millones que el Tribunal de Cuentas obligó a restituir a la Generalitat por la consulta del 9-N. En el 2018 condenó a Artur Mas y a otros nueve miembros de su Gobierno a devolver seis millones de euros: 4,9 millones de condena más un millón adicional en concepto de intereses.
El importe se abonó en su totalidad en el 2021 gracias a campañas de solidaridad, aunque, designado por el tribunal como responsable último de que se depositara el dinero, Mas había tenido embargados sus bienes.
Dado que dicha sentencia es firme, los condenados no recuperarán las sanciones millonarias. Por contra, en el caso del 1-O sí se devolverán las fianzas depositadas.
Junts amenaza a los jueces con acusarlos de prevaricación
Tras la aprobación del dictamen de la ley de amnistía, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, amenazó a los jueces españoles de que los acusarán de prevaricación si no aplican la medida de gracia cuando entre en vigor. En un tono muy duro, añadió que la norma ya no depende «de la imaginación y fabulación» de la «cúpula judicial» porque se ha «internacionalizado» y no depende del Código Penal de España.
En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Nogueras sostuvo que tras los cambios acordados con PSOE y ERC, la amnistía tiene como «referente» del delito de terrorismo a la normativa europea y tiene inspiración en el informe preliminar de la Comisión de Venecia, que señala que la medida de gracia «se tiene que aplicar».
«Esta ley, como ha dicho también la Comisión de Venecia en su informe preliminar, se tiene que aplicar. Veremos a ver si hay algún juez que esté dispuesto a prevaricar, en todo caso, por no aplicar esta ley», advirtió, descartando que la judicatura tenga dificultades a la hora de aplicar la amnistía.
Nogueras se felicitó porque la norma ahora «está como tenía que estar» y que antes «tenía agujeros» porque dependía de la interpretación de los jueces en España. «Apelando al Código Penal español se permitía esta imaginación y fabulación que existe en gran parte de la cúpula judicial española», añadió.
Reuniones con el verificador
Por otra parte, desde Junts también confirmaron ayer que las reuniones en presencia de un verificador pactadas entre el PSOE y su formación para la investidura de Pedro Sánchez se están celebrando cada mes. «Tenemos un acuerdo y se está cumpliendo», afirmaron, sin dar más detalles sobre las mismas.
La Generalitat celebra el apoyo a un perdón que frenará a los magistrados de Vox
También hubo reacciones desde la Generalitat, cuyo viceconsejero de Estrategia y Comunicación, Sergi Sabrià, aseguró que el texto de la ley de amnistía acordado tiene todas las garantías jurídicas, pese a lo que pronosticó que «esto no quiere decir que no empiece una batalla jurídica».
Así se manifestó en una entrevista en La Xarxa recogida por Europa Press, en la que celebró que el texto «está absolutamente blindado», aunque señaló que anteriormente ya era un texto robusto.
«Creemos que suficientemente fuerte como para defendernos de unos magistrados españoles que tienen la mala costumbre, una parte, de militar en Vox directamente», sostuvo.
Del mismo modo, en la cruzada independentista contra los jueces, Sabrià aseguró que tras la amnistía comienza «un cambio de fase y nuevos retos para Cataluña», así como el tiempo de empezar a poder hablar de «poner las urnas».
Porque, recién iniciado el trámite parlamentario para aprobar la medida de gracia, los independentistas han dejado claro que su siguiente paso es retomar el proceso secesionistas donde lo dejaron en el 2017.