La policía busca en Luxemburgo y Brasil el dinero de la trama de las mascarillas
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Los investigadores cifran en 1,5 millones los beneficios ilícitos de Koldo García
24 feb 2024 . Actualizado a las 22:02 h.A la trama de las mascarillas le crecen los tentáculos. Mordidas transferidas a Brasil y Luxemburgo, escuchas en una marisquería de Madrid y compra de fincas en Carballeda de Valdeorras y de pisos en Benidorm. Mientras 120.000 españoles morían por covid, algunos se enriquecían. Koldo García, que fue asesor del exministro socialista de Fomento y Transportes José Luis Ábalos, habría ingresado 1,5 millones de euros ejerciendo como conseguidor de adjudicaciones irregulares de contratos de material sanitario en plena pandemia, según el auto del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno conocido ayer.
Tras dos años de investigación y catorce detenciones el pasado miércoles en el marco de la operación Delorme, la Fiscalía Anticorrupción apunta que García, presunto cabecilla de la trama, habría obtenido un «incremento patrimonial» de millón y medio de euros en dos años, del 2020 al 2022, período en el que adquirió propiedades, como un piso en Benidorm que compró por 115.000 euros sin hipoteca y puso a nombre de su hija menor. Estas adquisiciones las hizo «apenas cinco meses más tarde» de la adjudicación de contratos públicos para la venta de mascarillas a Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL, una sociedad clave en esta «red criminal» que vio dispararse sus cifras de negocio de cero euros en el 2019 a 53,13 millones en el 2020, y que transfirió parte de esas ganancias a sociedades en Brasil y Luxemburgo «con el objeto de dificultar el seguimiento y trazabilidad del dinero», señalan los investigadores.
Compra de fincas en Valdeorras
La Fiscalía sostiene que la empresa, constituida en el 2017, compró con este dinero ilícito terrenos rústicos en el ayuntamiento ourensano de Carballeda de Valdeorras para después traspasarlos a una filial del mismo grupo. «Todos los indicios apuntan a que los fondos dedicados a la compra de estas fincas fueron obtenidos de manera irregular», indica el auto del juez de 24 folios.
De los trece contratos denunciados, nueve fueron adjudicados a esta empresa, que, aunque es propiedad de Iñigo Rotaeche y Luis Presa, la Fiscalía afirma que está controlada por el grupo Cueto, de Juan Carlos Cueto —que habría obtenido 9,6 millones— y forma parte de un conglomerado al que está vinculado el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama —que se habría embolsado 5,5 millones—, según el auto.
Rotaeche, Aldama, García y su hermano Joseba, que vio incrementado su patrimonio en casi 270.000 euros en dos años, quedaron el jueves en libertad provisional tras negarse a declarar, y a los tres primeros el juez les impuso medidas cautelares, como la prohibición de salir del país y la retirada del pasaporte.
El rastreo de dinero, las intervenciones telefónicas y las escuchas de encuentros en una marisquería de Madrid fueron claves para destapar esta trama de comisiones ilegales. «Esto es un favor que le estaba pidiendo tu vecino [Koldo], él y su exjefe [...] y parece ser que el otro ha dicho que sí porque le han dado otro favor a cambio» es uno de los mensajes entre Cueto y Rotaeche. «Como vaya alguien allí, y empiece a largar y rajar, tiene un problema», añadió Cueto.
El juez también investiga si Koldo García presionó al Gobierno balear para frenar la reclamación de 2,6 millones por el sobrecoste en una compra de 1,5 millones de mascarillas. Hace veinte días le advirtieron de que estaba siendo investigado y le recomendaron que no usara Telegram. «Sé que están, cómo están, cuándo están», le confesó a otro de los detenidos.
Anticorrupción señala que Koldo García agilizó trámites en Transportes
Koldo García habría agilizado trámites con el Ministerio de Transportes para contratar la venta de mascarillas durante la pandemia, y habría facilitado la adjudicación de estos contratos de material sanitario a la firma Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL, según sostiene la Fiscalía Anticorrupción y relata en su auto el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. El que fue asesor del entonces ministro de Transportes y Fomento, el socialista José Luis Ábalos, habría cobrado hasta un millón y medio de euros por «mediar y conseguir» dichas adjudicaciones irregulares.
El ministerio público detalla que el primer contrato investigado fue adjudicado por Puertos del Estado, cuando el propio Koldo García formaba parte de su consejo rector. El segundo fue adjudicado por ADIF, ente dependiente de Transportes donde el investigado «asesoraba al titular» de esta cartera. Y los contratos posteriores «se adjudicaron por el Ministerio de Interior a consecuencia de las decisiones del de Transportes», añade el auto.
Trece contratos denunciados
De los trece contratos denunciados, tres se referían a adjudicaciones de suministro de material sanitario relacionado con el covid, realizadas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL, según recoge el texto. En concreto, consta un expediente adjudicado en marzo del 2020 por Puertos del Estado por 20 millones de euros, otro expediente adjudicado por ADIF en esa misma fecha por 12,5 millones, y un tercero adjudicado en abril de ese año por la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial por 3,4 millones.
Además, la empresa también se adjudicó contratos con el Servicio Canario de Salud —cuatro, con un valor total de 12,3 millones de euros—, con el de las Islas Baleares —uno, por 3,7 millones de euros— y con la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Esta empresa, que es propiedad de Íñigo Rotaeche y Luis Presa, tenía como objeto social el proporcionar servicios de financiación, mantenimiento y funcionamiento de empresas e instituciones, nada relacionado con el sector sanitario.