Madeira cierra una crisis gubernativa que se extiende a todo Portugal y perturba las legislativas

Brais Suárez
Brais Suárez OPORTO / E. LA VOZ

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El presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.
El presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. BRENDAN MCDERMID | REUTERS

Su presidente, imputado por corrupción, sucumbió a la presión y dimitió

30 ene 2024 . Actualizado a las 11:27 h.

En solo tres meses, los tres Gobiernos que existen en Portugal se han venido abajo. En noviembre, el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, disolvió el Ejecutivo central tras la dimisión de su primer ministro, António Costa, por sospechas de corrupción. Este enero, procedió de la misma manera con el Gobierno regional de Azores por la imposibilidad de aprobar los presupuestos. Y la semana pasada, otra investigación de la Fiscalía por posible corrupción hizo tambalearse el Gobierno regional de Madeira, elegido el pasado septiembre y que ahora busca una solución para seguir en el poder.

A diferencia de los dos primeros, el presidente de la República no podrá disolver el Gobierno madeirense hasta el próximo 24 de marzo, cuando se cumplan los seis meses de mandato. De ahí que Rebelo de Sousa haya preferido no hacer pública una decisión que ya se da por hecha.

Mientras tanto, este lunes un representante de la República aceptó formalmente la dimisión del presidente regional de Madeira, Miguel Albuquerque. Después de expresar su intención de mantenerse en el cargo e insistiendo en su inocencia tras ser imputado por la Fiscalía por varios casos de corrupción, el pasado viernes sucumbió a la presión y dimitió. Su renuncia había sido exigida por todos los partidos, incluyendo el PAN (animalistas), cuya única diputada, Mónica Freitas, sostiene la coalición conservadora de PSD y CDS que lidera Albuquerque. Ahora, Freitas posee la llave del Gobierno y ya ha anunciado que apoyará la aprobación de los Presupuestos entre el 6 y el 9 de febrero, a condición de la marcha posterior de Albuquerque. Es una solución que dejó abierta el propio presidente dimisionario, que este lunes aplazó el nombramiento de un sucesor, como había prometido.

Los otros tres imputados en la investigación son dos empresarios de la construcción y el exvicepresidente de la región y alcalde de Funchal, el también conservador Pedro Calado, que fue detenido el miércoles y que este lunes, tras presentar la dimisión, fue sustituido al frente del Ayuntamiento por su segunda, Cristina Pedra. A continuación, Pedra afirmó que «no hay ninguna sospecha sobre el Ayuntamiento de Funchal» y mostró disposición a colaborar con la Justicia.

Se investigan hechos que se remiten al 2015 y pueden «constituir delitos de atentado contra el Estado de derecho, prevaricación, corrupción activa y pasiva, abuso de poder y tráfico de influencias».

El caso ha conmocionado a la derecha portuguesa en plena campaña hacia las elecciones legislativas. El líder conservador, Luís Montenegro, reconoció que esto supone una «perturbación» para la Alianza Democrática, liderada por el PSD. En primer lugar, porque una de sus grandes autoridades, Albuquerque, no ha demostrado cumplir los elevados estándares éticos que marcó el socialista António Costa al dimitir sin siquiera estar imputado. Pero, además, el partido podría seguir perdiendo terreno ante los extremistas del Chega, que beben del escepticismo hacia las instituciones y los partidos de poder ya consolidados.