Un escándalo de corrupción sacude a la cúpula política de Madeira y agita las elecciones portuguesas

Brais Suárez
Brais Suárez OPORTO / E. LA VOZ

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El líder de la oposición conservadora de Portugal, Luís Montenegro (PSD, centroderecha).
El líder de la oposición conservadora de Portugal, Luís Montenegro (PSD, centroderecha). MANUEL DE ALMEIDA | EFE

El presidente de la isla, pese a estar imputado, se niega a dimitir y compromete al PSD, en plena carrera hacia las legislativas.

26 ene 2024 . Actualizado a las 16:08 h.

Se trata de la mayor operación de la Policía Judicial lusa: hasta 200 agentes se desplazaron a la isla de Madeira para llevar a cabo 45 registros, que se extendieron a las Azores y al Portugal continental. El presidente de Madeira, Miguel Albuquerque, está imputado por corrupción y, este viernes, se decretaron las medidas cautelares para los detenidos: el alcalde de Funchal, Pedro Calado, y los constructores Avelino Farinha, del grupo AFA, y Custódio Correia, de Socicorreia.

Madeira es el eje en que se concentran tres investigaciones en curso desde una denuncia anónima contra Albuquerque en el 2018. Se sospecha de corrupción activa y pasiva, prevaricación, abuso de poderes, tráfico de influencias y atentado contra el Estado de derecho, entre otros delitos.

Según adelantó el ente de la Fiscalía que investiga el caso, el Departamento Central de Investigación y Acción Penal, se analizan «decenas de adjudicaciones en concursos públicos» por valor de «cientos de millones de euros».

Los empresarios Correia y Farinha son socios en el desarrollo urbanístico que supone una de las mayores inversiones en la región, alrededor de 250 millones de euros. El alcalde de Funchal tendría un pacto con la empresa AFA, para la que había trabajado previamente, según sospecha la Fiscalía. Este mismo grupo habría adquirido una mansión de Albuquerque, el presidente regional, como acto de favor. Y en causa también está la concesión, sin concurso público, para la explotación de la zona franca al grupo Pestana CR7.

Además, las autoridades locales y regionales habrían facilitado información privilegiada a los grupos empresariales para concurrir en condiciones favorables a licitaciones públicas, y podrían haber elaborado un esquema para indemnizar con decenas de millones a un grupo de ingeniería. Por último, se sospecha que condicionaron a medios locales para evitar publicaciones perjudiciales.

Clave política

Hasta ahora, Miguel Albuquerque, del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), dice que tiene la «conciencia tranquila» y se niega a dimitir, aunque el diario Expresso asegura que ya puso su cargo a disposición del partido.

Con las elecciones legislativas nacionales a la vuelta de la esquina (el 10 de marzo), la imputación de Albuquerque es un golpe para la campaña de su partido, el PSD, liderado por Luís Montenegro.  Primero, al no cumplir los elevados estándares éticos que marcó António Costa tras dimitir como jefe de Gobierno sin tener ningún cargo formal en su contra. Segundo, porque la campaña del Chega, partido de ultraderecha que es el inmediato perseguidor de los conservadores, se basa precisamente en el descrédito a las élites políticas que se alternan el poder en las últimas décadas. Luís Montenegro ya dijo que el caso es una «perturbación» para su partido en la carrera electoral.