El ya exministro portugués Galamba: «mi dimisión no es una asunción de responsabilidades»
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El político renunció a su cargo sin esperar a que António Costa y Marcelo Rebelo de Sousa, primer ministro y presidente, se reuniesen para decidir su futuro
13 nov 2023 . Actualizado a las 22:31 h.No esperó a que el primer ministro António Costa y el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, se reunieran para discutir su futuro, como tenían previsto este martes. Solo tres días después de anunciar que se mantendría en el cargo, el ministro de Infraestructuras, João Galamba, imputado en las investigaciones que acabaron con el Gobierno luso, se anticipó al encuentro de ambos mandatarios y este lunes presentó su dimisión.
«Presenté esta solicitud de dimisión tras una profunda reflexión personal y familiar, y por considerar en calidad de padre y marido que esta decisión es la única posible para garantizar la tranquilidad y la discreción a la que mi familia tiene derecho inequívocamente», dijo Galamba en un comunicado difundido a la prensa. Es la segunda vez que Galamba dimite, después de que el pasado mes de mayo António Costa rechazara su renuncia tras un escándalo relacionado con la gestión de la aerolínea pública TAP.
Galamba explica que deja su puesto «a pesar de entender que no estaban agotadas las condiciones políticas de que disponía para el ejercicio de mis funciones», a la par que defendió su actividad como secretario de Estado de Energía, primero, y ministro de Infraestructuras, después. En esa línea, e igual que António Costa había hecho el sábado por la noche, asegura haberse esforzado para «asegurar las condiciones para que las materias primas críticas como el litio y la fijación en el país de toda la cadena de valor de las baterías, incluyendo la refinería de litio, pudiese traer nuevas inversiones, tecnología y empleos altamente cualificados». En consecuencia, apuntó que su dimisión «no constituye una asunción de responsabilidades relativas a la esfera de la Justicia».
João Galamba ha sido uno de los miembros más controvertidos del Gobierno, desde que fue nombrado ministro de Infraestructuras el pasado enero, sustituyendo a Pedro Nuno Santos. Actualmente, es uno de los nueve imputados en las investigaciones por prevaricación, corrupción activa y pasiva y tráfico de influencias que desataron el pasado martes la dimisión de António Costa. La Fiscalía considera que está implicado en tratos de favor y adjudicaciones irregulares en los cuatro proyectos bajo el foco.
Los cinco detenidos, en libertad
Además de Galamba, hay otros ocho imputados hasta la fecha. Cinco de ellos habían sido detenidos y pasado a disposición judicial el pasado martes, y ayer quedaron en libertad bajo distintas medidas cautelares. La decisión del juez Nuno Dias llegó solo unas horas después de que la Fiscalía pidiera prisión preventiva para los dos más cercanos a António Costa. Su amigo íntimo Diogo Lacerda Machado, asesor de Start Campus y considerado principal influenciador de la trama, deberá abonar una fianza de 150.000 euros y no podrá abandonar el país. También deberá entregar su pasaporte el ya exjefe de gabinete de Costa, Vítor Sicária.
El resto de detenidos —el alcalde de Sines, Nuno Mascarenhas, y los administradores de Start Campus, Rui de Oliveira Neves y Alfonso Salema— solo deben informar de su lugar de residencia y comparecer si son requeridos. Se les retiran los cargos de prevaricación y corrupción. Solo se enfrentan a tráfico de influencias.
También imputada está la empresa Start Campus, para la que la Fiscalía pedía una fianza de 19 millones de euros. Quería garantizar que «no perturbará las investigaciones ni continuará su actividad criminal». Finalmente, el juez ha pedido 600.000 euros.
El Gobierno interino limita su trabajo a «decisiones estrictamente necesarias» durante cinco meses
Portugal está tan preocupado por qué ocurrirá en las elecciones y por el escándalo de corrupción que desató la dimisión de António Costa, que solo en esta nueva semana de resaca se empieza a entender que quedan por delante varios meses de un Gobierno paralizado. Esos meses se dividirán en dos fases, de acuerdo con la decisión tomada por el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa.
Según anunció el pasado jueves el jefe de Estado, la primera será hasta «inicios de diciembre», cuando se disolverá formalmente la Asamblea de la República (Parlamento). Rebelo de Sousa concedió este período de margen para que sea posible aprobar los Presupuestos Generales del 2024. La propuesta de ley ya superó la llamada votación en la generalidad y el día 29 de noviembre debe superar la votación en detalle. Una vez aprobada esta ley, que se considera esencial para reactivar sectores como el de la enseñanza o la educación, Rebelo de Sousa terminará con el Gobierno. Esto presenta una situación paradójica, pues la mayoría de los partidos están a favor de la decisión, a pesar de criticar fuertemente la propuesta presupuestaria y haber ya votado en contra. En este breve período, es poco probable que el Ejecutivo intente avanzar en decisiones clave, que, por otra parte, podrían terminar con un veto presidencial. Esto hace que, en la práctica, el Gobierno haya entrado en su segunda etapa.
Desde comienzos de diciembre, un decreto presidencial pondrá fin al actual Ejecutivo y comenzará una etapa de un grupo de gestión, que solo podrá tomar decisiones sobre cuestiones «inaplazables y estrictamente necesarias». La Asamblea de la República será disuelta el 15 de enero, 55 días antes de la convocatoria de elecciones, el día 10 de marzo. Por lo tanto, el trabajo en funciones se prolongará durante unos cuatro meses, hasta que el nuevo Ejecutivo tome posesión en abril. Los dos mayores partidos de la oposición ya han expresado sus temores de que los socialistas tomen decisiones más allá de las propias del día a día, alertando sobre el componente subjetivo de las decisiones «inaplazables» o «necesarias». De hecho, en la práctica, es el propio Gobierno quien define hasta qué punto son esenciales sus resoluciones, algo que se evalúa en la propia legislación.
De no haber una mayoría contundente en las elecciones del 10M o un pacto de Gobierno sólidos en alguno de los dos bloques, de izquierda o de derecha, se corre el riesgo de que esta etapa de interinidad se prolongue más de lo planeado. Al menos, para entonces ya habrá una ley de presupuestos aprobada.