Rebelo de Sousa sentencia al Gobierno y convoca elecciones para el 10 de marzo: «La fuerza de la democracia es no temer al pueblo»
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António Costa será primer ministro hasta la aprobación de los presupuestos para el 2024
10 nov 2023 . Actualizado a las 09:13 h.Portugal irá a las urnas dos años antes de lo esperado; es decir, dos años después de una rotunda mayoría absoluta socialista. El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, confirmó ayer, tras reunirse con el Consejo de Estado, lo que muchos ya daban por hecho desde que António Costa dimitiera el pasado martes, tras verse envuelto en la investigación por posible tráfico de influencias en torno a cuatro grandes proyectos energéticos. En un breve discurso, Rebelo de Sousa dijo que las elecciones serán el 10 de marzo, «una decisión exclusivamente propia».
Antes de la disolución del Parlamento, la ley exige al presidente de la República reunirse con los partidos con representación parlamentaria (que el miércoles se mostraron mayoritariamente a favor de las elecciones) y con el Consejo de Estado (con ocho miembros en contra y ocho a favor de convocar elecciones y, por tanto, un voto negativo). Empate, en consecuencia, que Rebelo de Sousa resolvió.
Antes, eso sí, destacó la integridad de Costa: «Quiero subrayar la elevación del gesto y su comunicación a los portugueses. También quiero subrayar el servicio a la causa pública durante décadas» de dificultades, con la guerra de Ucrania y la pandemia de por medio. Le agradeció, también, su disposición a mantenerse en el cargo y apeló al «respeto a la presunción de inocencia, al buen nombre [de Costa] y al refuerzo del estado democrático».
Así, Costa se mantendrá como primer ministro hasta la formación de un nuevo Gobierno. Rebelo de Sousa descartó las propuestas del PS para sustituirlo, pues «las elecciones del 2022 fueron personalizadas en el primer ministro». Por eso mismo, sin Costa, su Ejecutivo pierde la razón de ser, explicó. Arguyó, además, «la flaqueza de la formación del mismo Gobierno con otro primer ministro, no legitimado por el voto popular». Todas estas razones le decantaron a llamar a las urnas.
Se debe aprobar el presupuesto
Algo que ya se daba por hecho y que situaba la duda en el cuándo. En ese sentido, el jefe de Estado también explicó que «intenté recortar lo máximo posible esta decisión», pero que tuvo en cuenta «el proceso de sustitución de liderazgo en el partido de Gobierno». También espera que este margen permita a la población reubicarse y obtener «mayor claridad» tras un «vacío inesperado que llega después de ocho años de gobierno socialista».
Pero, ante todo, esgrimió la necesidad de aprobar los Presupuestos de Estado del 2024, que «son una garantía de la indispensable estabilidad económica y social». El 29 de noviembre las cuentas deben ser ratificadas en el Parlamento.
Rebelo de Sousa se despidió devolviendo «la palabra al pueblo, sin dramatización ni temores. Esa es la fuerza de la democracia, no temer al pueblo»
Preparando la campaña
Ayer mismo, mientras transcurría el Consejo de Estado, el Partido Socialdemócrata (ahora líder de la oposición y de corte conservador) se ha ido posicionando como la referencia para suceder a los socialistas en São Bento. Su coordinador del Consejo Estratégico, Pedro Duarte, dijo a los medios que apenas faltan flecos para definir lo que será su programa electoral. Asimismo, el PSD, que votó en contra del borrador de ley de presupuestos para el 2024, también aceptó que conviene esperar a la disolución del Parlamento y podría gobernar con presupuestos rectificativos.
Tras la intervención de Rebelo de Sousa, los líderes de los principales partidos se apresuraron a comparecer ante los medios. Luís Montenegro, del PSD, dijo que «es necesario cortar el mal de raíz». André Ventura, del Chega, se mostró determinado a «ganar las elecciones». Por parte de los socialistas fue más relevante el quién que el qué: compareció brevemente el ministro del Interior, José Luís Carneiro, que gana peso como sustituto de Costa. Rui Tavares, del Livre, dijo que son «días malos para la democracia»; el Partido Comunista se quejó de que «las elecciones son demasiado tarde» (al principio rechazaban ir a las urnas) y Rui Rocha, de Iniciativa Liberal observó que «el país tendrá durante cuatro meses un primer ministro herido en su credibilidad».
Una caja de vino con 75.800 euros
Las investigaciones sobre prevaricación, corrupción activa y pasiva y tráfico de influencias en torno a cuatro grandes proyectos energéticos que han acabado desmoronando el Gobierno del socialista António Costa se ramifican. Durante los registros realizados en el despacho del ya exjefe de gabinete del primer ministro, Vítor Escária, en la residencia oficial de São Bento, la Policía de Seguridad Pública (PSP) encontró 75.800 euros divididos en varios sobres y escondidos en libros y cajas de vino. En su defensa Escária atribuyó esos fondos a unos negocios de consultoría en Angola, mientras que su abogado añadió ante la prensa que este dinero «no tiene absolutamente nada que ver con el objeto de los autos», sino con «funciones anteriores que había ejercido».
Además del dinero, también se recabaron una agenda electrónica, correos electrónicos, mensajes de whatsapp y sms. Todas esas pruebas deben ser analizadas para comprobar si hay referencias a António Costa.
Aunque de momento no hay abierta una causa contra él, la Fiscalía cree que intervino en la aprobación de una norma favorable a la empresa Start Campus. Según recoge la agencia Lusa, que ha tenido acceso al escrito de acusación, los fiscales encargados del caso creen que los contactos con Costa realizados por Diogo Lacerda Machado, abogado y amigo suyo, y por su ahora ya exjefe de gabinete, Vítor Escária, «tenían como objetivo» la aprobación de un decreto «lo más rápido posible y con normas favorables al interés» de Start Campus, empresa vinculada a Sines Datacenter y demandada en el proceso.
El documento fue aprobado en el Consejo de Ministros en julio del 2023 y regula las subastas para otorgar capacidad de conexión a la red para instalaciones de consumo eléctrico en zonas de alta demanda.
Lo que sí se confirma es que, de nuevo, el entorno de Costa estaba supuestamente contaminado, y Escária ha resultado ser otra piedra en el zapato. El todavía primer ministro lo ha despedido este mismo miércoles y sustituido por el que hasta ahora fue su asesor militar, Tiago Vasconcelos.
Escária ya había dimitido en el 2017 de su puesto de asesor económico del primer ministro por una polémica relacionada con viajes y entradas a partidos de la Eurocopa de Francia (2016), a cuenta de la petrolera Galp. Esto no impidió a Costa devolverlo a uno de los puestos de mayor responsabilidad en el 2020.
Otros implicados
Al igual que Escária, también está imputado (aunque no ha sido arrestado) el ministro de Infraestruturas, João Galamba, sospechoso en los cuatro proyectos bajo la lupa.
La Fiscalía dice, según recoge el diario Público, que, junto al antiguo ministro de Medioambiente, João Pedro Matos Fernandes, «se destaca que João Galamba, primero como secretario de Estado y después como ministro de Infraestructuras, ha intervenido en prácticamente todas las áreas objeto de la investigación».
En concreto, es sospechoso de haber presentado al Consejo de Ministros decretos elaborados por abogados privados que favorecerían el proyecto de almacenamiento de datos para tecnológicas, que la empresa Start Campus estaba desarrollando en Sines.
Los administradores de esta firma, Rui Oliveira Neves y Afonso Salema, ya han sido detenidos bajo sospecha de influir en las normativas del Gobierno, precisamente a través del ministro João Galamba.
En el centro de estos informes se sitúa el amigo personal de António Costa, el abogado Diogo Lacerda Machado, que tras ser arrestado ha pasado a disposición judicial. Lacerda trabajó como consultor de Pioneer Point Starters, accionista de Start Campus, y habría aprovechado su cercanía al Gobierno para hacer lobby.
Al igual que Escária, Lacerda, Oliveira Neves y Salema, también está detenido e imputado el alcalde de Sines, Nuno Mascarenhas. Todavía en libertad, pero sospechosos oficiales son Galamba y Nuno Lacasta, secretario de la Agencia para el Medioambiente.
La lista de imputados se completó con el abogado João Tiago Silveira, exsecretario de Estado de Justicia en el Gobierno de José Sócrates. Él mismo confirmó su imputación en la investigación de negocios de hidrógeno y litio. Al contrario de lo que se había anunciado, el exministro Matos Fernandes, todavía no está imputado, aunque sí está investigado.