ERC pretende rebajar a cuatro años la pena de inhabilitación por malversación
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En caso de que no exista lucro personal, la condena por desviar fondos públicos también se reduciría a un máximo de tres años de cárcel
09 dic 2022 . Actualizado a las 15:09 h.A la espera de que Esquerra presente este viernes formalmente sus enmiendas a la proposición de ley que derogará la sedición, y entre las que ya ha anunciado que incluirá una propuesta para rebajar las penas por malversación, una información de eldiario.es ha avanzado las grandes líneas de la iniciativa de ERC respecto al delito que castiga la administración fraudulenta de los dineros públicos. La formación que preside Oriol Junqueras, condenado por el Supremo por su participación en el procés y parcialmente indultado por el Gobierno, aspira ahora a recortar sensiblemente el castigo por malversación, por el que el propio Junqueras fue sentenciado a 13 años de inhabilitación para ocupar cargo público. Esta inhabilitación no desapareció ni con la medida de gracia del Ejecutivo, que permitió la salida de prisión de los cabecillas del 1-O, ni lo hará con la eliminación de la sedición del Código Penal, por lo que Esquerra plantea sin remilgos un ajuste a la carta que permita a Junqueras presentarse a las próximas citas electorales.
El actual Código Penal contempla una horquilla de penas de cuatro a ocho años de prisión y de diez a veinte de inhabilitación si el valor de los fondos desviados es mayor de 50.000 euros e incluye una condena de hasta 12 años de cárcel si esos bienes superan los 250.000 euros.
La enmienda que ha diseñado Esquerra a medida de Oriol Junqueras y sus compañeros de banquillo propone incluir en el Código Penal un nuevo artículo 423 bis para castigar a quien desvíe el dinero de los contribuyentes «a usos ajenos a la función pública» con penas de seis meses a cuatro años de cárcel y un máximo de tres años de inhabilitación en caso de que no exista lucro personal por parte del malversador. Si hubiese «daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren consignados» los fondos malgastados por el funcionario o cargo público, la inhabilitación se elevaría a cinco años. Y, en caso de que haya lucro personal, la administración fraudulenta se castigaría con hasta ocho años de prisión.
Retorno al 2015
La propuesta de ERC pretende básicamente desmontar la reforma del Código Penal impulsada por el PP en el 2015 y regresar al punto previo en que el castigo por malversación era diferente en función de si el condenado se había apropiado del dinero del contribuyente o no. El retoque legislativo que promovió el Gobierno de Mariano Rajoy buscaba castigar con mayor dureza comportamientos como el de Artur Mas al organizar con fondos públicos la consulta ilegal del 9 de noviembre del 2014. Desde aquella reforma, la «administración desleal» de estos recursos tiene penas de cárcel e inhabilitación elevadas sin necesidad de que el responsable haya sustraído dichos fondos.
Pese a sus perpetuos desencuentros, ERC y Junts muestran buena sintonía a la hora de recortar las penas de sus convictos. La diputada de JxCat Míriam Nogueras explicó este jueves que la enmienda de la formación posconvergente también plantea revertir la reforma del PP del 2015. Propone penas de cárcel de tres a seis años e inhabilitación de seis a diez años cuando una autoridad o funcionario sustraiga «con ánimo de lucro» fondos públicos que tengan a su cargo. También plantea castigar con cuatro a ocho años de cárcel e inhabilitación de diez a veinte años si «la malversación reviste especial gravedad». Si no hay ánimo de lucro, apostilló Nogueras, «no es corrupción y solo puede acarrear responsabilidades políticas o, como máximo, contables».
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trató de justificar este jueves la disposición del Gobierno a rebajar las penas de cárcel e inhabilitación por el delito de malversación arguyendo que «no habrá ninguna relajación» en la lucha contra la corrupción. «No se están rebajando ni se van a rebajar las penas por delitos graves», aseguró Marlaska, quien prometió la «máxima dureza y máxima respuesta» contra cualquier conducta «susceptible de ser calificada de corrupción».
Unidas Podemos no presenta enmiendas
La vicepresidenta Yolanda Díaz ejerció este jueves desde Bruselas de portavoz de Unidas Podemos. Díaz marcó distancias con el PSOE y aseguró que UP tiene «posición propia» sobre la reforma de delito de sedición, por lo que apuntó que este viernes presentarán enmiendas para blindar los derechos relativos a las protestas ante la introducción del nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Respecto al otro tipo penal que el independentismo catalán quiere retocar para rebajar los castigos de los condenados por el proceso secesionista del 2017, la vicepresidenta avanzó que Unidas Podemos no tiene intención de proponer cambios relativos a la malversación en el Código Penal.
«Los intentos de golpe de Estado de Alemania o Perú serían solo desórdenes públicos en España», dice el PP
El vice secretario general de Asuntos Institucionales del PP, Esteban González Pons, apuntó este jueves que «los intentos de golpe de Estado en Alemania y Perú serían castigados en España solo como desórdenes públicos» con la futura derogación del delito de sedición promovida por el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos a instancias de sus socios de ERC.
En una entrevista en esRadio recogida por Europa Press, el dirigente del PP vaticinó que la eliminación del delito de sedición del Código Penal producirá una «cadena de revisión de condenas» y censuró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiera beneficiar también a sus socios parlamentarios de Esquerra con la reforma de la malversación. «Es robar dinero público. Es una inmoralidad de tamaño descomunal», remarcó.
Marlaska replica a la oposición
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se apresuró a negar que esa reforma que la oposición cree que solo tiene como objetivo contentar a ERC vaya a dejar desprotegida a España ante una conjura similar a la detectada en Alemania.
Marlaska negó que la derogación de la sedición se traduzca en una desprotección del Estado, sobre todo cuando en estos momentos «la preocupación que hay en la UE es la lucha contra la radicalización violenta, en especial de la extrema derecha», cuyo ascenso se está observando «tanto en la Unión Europea como en el ámbito global y en Estados Unidos», apostilló a su llegada a la reunión del Consejo de Ministros de Interior de la UE, que se celebró ayer en Bruselas tan solo unas horas después de los arrestos de los activistas de extrema derecha en Alemania.
Marlaska, lejos de reconocer que la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos suaviza los castigos, insistió en que la reforma del delito de sedición no supone «ninguna rebaja, sino todo lo contrario», y dijo que lo que pretende es poner «el foco en afrontar la radicalización».