Las fuerzas nacionalistas cosechan cientos de millones en inversiones para sus territorios a cambio de sus votos a favor de las cuentas del 2023
25 nov 2022 . Actualizado a las 10:50 h.Las cuatro jornadas de debate sobre el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado del 2023 concluyen este jueves en el Congreso con una votación en la que Pedro Sánchez tiene garantizado el triunfo antes incluso de bajarse de la berlina presidencial. A los síes del PSOE (120) y Unidas Podemos (33) se sumarán los apoyos de PNV (6), EH Bildu (5), PDECat (4), Coalición Canaria (2), Más País (2), Compromís (1), PRC (1) y la exdiputada de Podemos María Pita. A estos 175 votos a favor se añaden la abstención del único parlamentario del BNG, Néstor Rego, y el escaño vacante del morado Alberto Rodríguez, con lo que la oposición en ningún caso podrá sumar más noes que síes.
Para lograr la suma mágica, los negociadores de la Moncloa han tenido que regar con cesiones y partidas millonarias sus acuerdos con el llamado bloque de la investidura. Paradójicamente, el apoyo más costoso en términos políticos y monetarios, el de ERC, todavía no es definitivo, aunque se da por hecho que los 13 escaños de Esquerra se apuntarán este jueves al bando del sí.
Concesiones a Esquerra
Para ganarse el visto bueno de los independentistas catalanes a las cuentas del 2023, el propio Pedro Sánchez salió a escena para anunciar la reforma de delito de sedición que ya tramita el Congreso y que beneficiará a los líderes secesionistas condenados por la consulta ilegal del 1-O. Tampoco se ha descartado por completo —aunque se considera mucho más complejo y arriesgado— un retoque de las penas por malversación que pesan sobre cabecillas separatistas como Oriol Junqueras.
Pero las cesiones a ERC no son solo espirituales. Entre las enmiendas ya aprobadas figura una transferencia de hasta 900 millones de euros para infraestructuras en Cataluña, incluida la cesión de la carretera N-II, con una aportación en varios ejercicios de 384 millones, o actuaciones en las autopistas AP-2 y AP-7, con una inversión plurianual de 250 millones. Todo esto, sin el sí definitivo de Esquerra sobre la mesa y con el matiz de que, en esta ocasión, los 13 votos de ERC no son indispensables para sacar adelante el proyecto presupuestario.
Si la polémica ha rodeado la propuesta de reformar a la baja las penas por sedición, el acuerdo entre el Gobierno y EH Bildu también se sitúa en el epicentro de las críticas de la oposición. La formación radical vasca ha conseguido sellar un pacto de diez puntos en el que se recogen, entre otras cuestiones, el traspaso de las competencias de Tráfico a Navarra, donde esta función pasará a desempeñarla la Policía Foral en lugar de la Guardia Civil, y la prolongación del tope del 2 % en la actualización de los alquileres hasta diciembre del 2023.
El PNV ha añadido sus seis votos al casillero gubernamental a cambio de la renovación del cupo vasco en los mismos parámetros ahora vigentes para los próximos cinco años y de la aprobación de hasta 49 enmiendas a las cuentas, con lo que eleva en 41 millones de euros lo cosechado por los nacionalistas en el 2021.
Los dos síes de Más País tampoco han salido gratis. Errejón ha logrado, entre otras, una partida de dos millones para el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia y un paquete de un millón de euros para crear el Observatorio de Trastornos de Conductas Alimentarias.
Incluso el PDECat, una de las ramas escindidas de Junts tras la implosión de Convergencia, ha sacado tajada en la negociación presupuestaria, con acuerdos sobre la gratuidad de las líneas de autobuses que sean concesionarias del Estado durante el 2023 y un bloque de inversiones de 40 millones en Cataluña. Los buses gratuitos también han servido para amarrar el sí de Coalición Canaria, que dará su visto bueno a las cuentas gracias a un gasto de 81 millones en las guaguas isleñas.
Teruel existe, pero menos
A la lista de apoyos no se ha sumado en esta ocasión Teruel Existe. Su diputado Tomás Guitarte anunció este miércoles que votará en contra, al no llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre las ayudas a la instalación de empresas en áreas despobladas del rural. El no de Guitarte, sin embargo, no impidió que el Ejecutivo aprobase enmiendas de Teruel Existe por un montante de 11 millones de euros, que se gastarán en proyectos como el Museo de Etnografía de Teruel o el Museo Celtibérico de la Trashumancia del municipio de Bronchales.
El Ejecutivo recalca que la transferencia de Tráfico a Navarra ya la había pactado Aznar con UPN en el 2000
El acuerdo alcanzado el martes entre el Gobierno de coalición y EH Bildu para ejecutar la transferencia de las competencias de Tráfico a Navarra ha provocado una airada reacción desde las filas del PP, Vox y Ciudadanos. El diputado navarro Carlos García Adanero —que el pasado febrero fue expulsado de UPN por votar en contra de la reforma laboral— subió este miércoles a la tribuna del Congreso para criticar sin rodeos el pacto entre los socialistas y EH Bildu que, a su juicio, supone la expulsión de la Guardia Civil de la comunidad foral.
La transferencia de la gestión de Tráfico a Navarra, uno de los puntos del acuerdo que garantiza el apoyo de los cinco diputados de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado, fue calificada por García Adanero de «vergüenza», «ignominia» e «insulto» a la Benemérita.
«Pactan con los que señalaban, los que apuntaban, los que disparaban, los que volaron autobuses llenos de jóvenes guardias civiles, casas cuartel con niños dentro, los que hicieron pancartas trampa para asesinar a guardias civiles, los que han disfrutado, no han condenado y siguen diciendo que mereció la pena», detalló el exdiputado de UPN en una intervención que fue muy aplaudida por los —a esas horas, contados— parlamentarios de PP, Vox y Cs que se encontraban en el hemiciclo durante el debate de la partida presupuestaria del Ministerio de Presidencia.
«El expartido del tránsfuga»
Le respondió el titular de la cartera, Félix Bolaños, que ya desde su escaño había mostrado sus profundas discrepancias con la intervención de Adanero. Bolaños recordó que fue el Gobierno presidido por el popular José María Aznar el que inició en el 2000 el proceso de la transferencia de Tráfico a Navarra, a raíz de un acuerdo con «el expartido del tránsfuga que ha subido a la tribuna a verter falsedades», en referencia a UPN.
«¿En el 2000 era una transferencia y hoy es algo muy diferente?», preguntó el ministro, quien subrayó que durante el mandato del conservador Mariano Rajoy la plantilla de la Guardia Civil desplegada en la comunidad foral se había recortado en 330 agentes, cifra que, según las cuentas del Gobierno, se ha incrementado ahora en un centenar.
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, también recalcó que ningún guardia civil se verá obligado a dejar Navarra. «Todas las personas que están en este momento ejerciendo las funciones de Tráfico tienen garantizado que se pueden quedar ejerciendo otras funciones», matizó.