La Audiencia Nacional cierra el caso Bankia sin condenar al equipo gestor.
20 may 2023 . Actualizado a las 23:31 h.Han sido ocho años de investigaciones, casi dos de juicio, 34 los sospechosos sentados en el banquillo de los acusados, 78 vistas con 57 testigos y, desde hoy, una sentencia: la absolución. Es el saldo que arroja el macrojuicio por la salida de Bankia a Bolsa el 20 de julio del 2011. La entidad colocó 3.000 millones de euros entre inversores a 3,75 euros la acción. Un año después apenas valían unos céntimos. Los pequeños ahorradores que habían adquirido preferentes o deuda subordinada se quedaron sin nada.
A pesar de las ingentes pérdidas que ocasionó la operación y el rescate público —el mayor de la historia— que tuvieron que asumir los contribuyentes españoles en el 2012 para recapitalizar la entidad (22.000 millones de euros), la jueza de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo, decidió cerrar hoy el caso eximiendo de cualquier responsabilidad al equipo de gestores y consejeros del banco a los que la Fiscalía Anticorrupción había acusado de fraude y falsedad contable. Entre ellos, el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, para quien pedían ocho años y medio de cárcel.
No hay más culpable moral, a su parecer, que los propios supervisores que avalaron la operación: el Banco de España, el FROB, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA), a los que reprende con dureza: «El Banco de España avaló sin cortapisas su viabilidad, conociendo a la perfección la situación de las cajas», espeta la jueza, quien añade que «el proceso que culminó con la salida a Bolsa de Bankia fue intensamente supervisado» por todos los organismos.
Viabilidad
¿Era Bankia viable cuando salió a Bolsa? ¿Lo sabía su dirección? Sí, lo era, dice la sentencia en la que se ignoran los cuatro correos electrónicos que envió el inspector del Banco de España, José Antonio Casaus Lara, a sus superiores expresando sus dudas. La jueza los desestima porque no figuran en documentos oficiales así que considera que no hubo intención de ocultar el mal estado de salud del banco.
Cuentas falseadas
Las cuentas consolidadas del 2011 no se falsearon para ocultar los agujeros de Bankia porque nunca existieron. Es la sorprendente conclusión a la que llega la Audiencia Nacional: «Ni fueron objeto de auditoría ni se aprobaron por las juntas generales de BFA y de Bankia. Por lo tanto, jurídicamente no llegaron a ser ‘cuentas anuales' y no pueden constituir el objeto material del delito de falsedad por carecer de potencialidad lesiva, habida cuenta que no estuvieron a disposición de los usuarios de la contabilidad (accionistas, acreedores, inversores…)», explica en la sentencia.
Información de riesgos
También arroja un jarro de agua fría a la acusación particular que había denunciado la información falsa e inexacta del folleto del banco sobre los riesgos aparejados a la adquisición de participaciones: «Se describen hasta 36 riesgos a la inversión en acciones de Bankia, que eran destacados en el primer punto del resumen de su contenido», sostiene la jueza, quien considera que las advertencias ahí descritas las podría entender «cualquiera» y no vulneraban la normativa entonces vigente: «Cumplieron las exigencias del regulador», asegura.
Torpeza de la acusación
El único tirón de orejas de la sentencia se lo llevan la Fiscalía y la acusación particular. Según la Audiencia Nacional sus acusaciones contra los imputados (Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella, Ildelfonso Sánchez Barcoj y Francisco Celma) fueron «genéricas» y «abstractas»: «La descripción de hechos concretos y suficientemente acreditados [...] brilla por su ausencia».
Una sentencia, escandalosa para la acusación, que abre la puerta a la salida de prisión de Rodrigo Rato
La sentencia ha desatado una ola de indignación entre quienes se personaron como acusación particular. Y mucho más tras saber que esta decisión puede abrir las puertas de la cárcel de Soto del Real a Rodrigo Rato. El que fue máxima autoridad de Bankia en su salida a Bolsa ya ha cumplido un cuarto de la condena de cuatro años y medio que se le impuso en el 2018 por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid. Hasta hora se le había denegado el tercer grado a la espera de la sentencia por el caso Bankia. La absolución allana ahora su salida de prisión. El presidente de Adicae, Manuel Pardos, cree que recurrirán la decisión al entender que se ha causado un daño irreparable a más de 400.000 pequeños ahorradores: «Es una sentencia que incumple cualquier regla de justicia, el resultado final es que salen de rositas los organizadores de todo un gran fraude a la sociedad española», se quejaron.
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) también recurrirá la sentencia. Lo anunció ayer su abogado, Javier Cremades: «Un asunto de esta importancia e impacto social debe ser revisado por el Tribunal Supremo», deslizó. Acudirán al mismo Tribunal que en julio del 2019 condenó al banco a indemnizar a quienes perdieron su dinero por la salida a Bolsa, publicitada con información «inexacta» sobre su valor real.
Impunidad
La sensación de que consejeros y gestores han salido impunes empujó ayer a la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez, a criticar la sentencia por ser «contradictoria a inaudita», ya que ignora la prueba de falseamiento de las cuentas que motivó la devolución del dinero a los accionistas afectados por la vía civil. El fallo, que en su opinión es «decepcionante, incoherente y genera gran estupor» es más escandaloso si se tiene en cuenta que la propia entidad aceptó que su salida a Bolsa fue fraudulenta.
El colectivo 15MpaRato —presentado en la causa—, pidió ayer cambios legislativos ante la perspectiva de que se repita «una catástrofe semejante» y que gran parte de los «fallos sistémicos» que se pusieron en evidencia durante el juicio «pueden volver a producirse» sin coste alguno para sus responsables.
