Bolsonaro da plenos poderes a Moro para liderar la batalla anticorrupción

Sergio Moro no es un juez más en Brasil, si se entiende que no es habitual que el rostro de un magistrado luzca en pegatinas de coches de todo el país. Desde enero, será una figura aún más singular: el juez que ha llevado la mayor parte de la instrucción de la macro causa contra la corrupción Lava Jato y responsable directo de la encarcelación de Lula da Silva será el nuevo ministro de Justicia en el Gobierno de Jair Bolsonaro. El ultraderechista busca así «un norte» para guiar su cruzada por la limpieza moral y ética de Brasil bajo su mandato.

Moro aceptó este jueves la oferta de Bolsonaro de asumir la cartera de Justicia, que no será una cartera normal. El ministerio se reformará para asumir, además, competencias de Seguridad Pública, Transparencia y Control de Finanzas. El juez apostará por «una fuerte agenda anticorrupción y contra el crimen organizado, con respecto a la Constitución, a la ley y a los derechos», para consolidar los avances contra el crimen y la corrupción de los últimos años.

Moro, como Lula, es una figura que resume a la perfección la extrema polarización que vive Brasil y que, con este nombramiento, está lejos de solucionarse. El magistrado es considerado un héroe nacional por los mismos cuyo odio al PT impulsó a Bolsonaro; para la izquierda, es un traidor que ha encarcelado a Lula sin pruebas y cuyos habituales viajes a Estados Unidos son motivo de sospecha. Moro condenó al expresidente a 9 años de prisión (luego ampliados a 12) por el famoso tríplex de São Paulo, la cumbre de un trabajo de varios años para purgar la fuga de dinero público en Petrobras (o la cumbre de un golpe jurídico institucional, según a qué bando se pregunte).

Una baza para Lula

La designación de Moro como superministro de Justicia da motivos a Lula en su lucha por señalar la imparcialidad del juez. Los abogados del expresidente ya habían pedido hasta en cuatro ocasiones alejar a Moro de los casos que investigan a su cliente. Lula y Moro tienen una cita marcada el próximo día 14 para tratar otro caso de dinero que supuestamente recibió el mandatario de la constructora Odebrecht. Los abogados de Lula pidieron de inmediato no ya que Moro se aleje del caso, sino «la absolución o anulación» de la condena dictada por el juez por su «nítida posición preestablecida» que demuestra la aceptación del cargo en el ejecutivo Bolsonaro.

El movimiento del juez estrella brasileño es el último episodio mirado con recelo por una parte de sus colegas. Moro ya recibió críticas cuando, en pleno apogeo de la Lava Jato y del impeachment de Dilma Rousseff, filtró unas conversaciones telefónicas de la expresidenta con Lula en las que le ofrecía ser ministro para que el aforamiento o protegiese. En la campaña electoral, Moro interrumpió sus vacaciones y pasó por encima de la jerarquía de la justicia para impedir la puesta en libertad de Lula que concedió un juez de guardia.

Ahora, Bolsonaro añade un nombre de peso y tirón popular a su Gobierno buscando una pátina de credibilidad después de que algunos de sus primeros nombramientos estuviesen salpicados por casos de corrupción y de tuviese que renunciar a uno por el mismo motivo: el del diputado Alberto Fraga, llamado a ser coordinador en el Congreso. «Aceptó el cargo con la misma ilusión que un universitario recoge su diploma», dijo Bolsonaro de su nueva estrella. «Ha demostrado al pueblo brasileño que se puede luchar contra la corrupción», resumió.

Bolsonaro anunció además otra polémica medida: fusionará los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente. Una pesadilla para los ecologistas.

Ocho mil millones en corruptelas que acabaron con Lula

Todo empezó en las oficinas de una gasolinera con lavado automático de coches en Brasilia, a pocos metros del palacio de Planalto, la residencia presidencial. En el 2014, un desconocido juez de Curitiba ordenaba un registro en busca de las pruebas de una trama de blanqueo de dinero que investigaba en su demarcación.

Aquella operación, en apariencia menor, desató una tormenta política de primera magnitud no solo en Basil, sino en otra docena de países de Latinoamérica. El juez Sergio Moro consiguió acreditar la existencia de una red de blanqueo de capitales procedentes de los sobornos de las obras públicas adjudicadas por la empresa estatal Petrobras y por el propio Gobierno de Brasil al menos entre los años 2004 y 2012, bajo el paraguas primero de Lula da Silva y después de Dilma Rousseff.

En total, según las pruebas judiciales, fueron más de ocho mil millones de euros los que se habrían «licuado», como definió la operación el propio Moro. Un total de 123 políticos y empresarios fueron detenidos y procesados, lo que abrió las puertas a al menos otras tres investigaciones paralelas que azotaron a toda la élite dirigente brasileña.

La más importante de esas líneas de trabajo afectaba a la constructora Odebrecht. La Justicia consideró probado que esa firma, una de las grandes beneficiarias de las adjudicaciones de obra pública en toda Sudamérica, había sobornado a Lula da Silva con varias aportaciones para su campaña y la compra de un tríplex de lujo en Guarajubá. Tras un largo proceso, el icono de la izquierda brasileña y principal referente del Partido de los Trabajadores fue condenado a 12 años de cárcel.

El reguero de corrupción del caso destapado por Sergio Moro alcanza a todo el continente americano y entre los nombres más relevantes salpicados por la trama destacan los de los peruanos Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuzcinsky o el venezolano Nicolás Maduro, entre otros.

La embajada en Israel se trasladará a Jerusalén

Bolsonaro trasladará la Embajada en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo así a la ciudad santa como capital israelí, tal y como hizo Estados Unidos el pasado mes de mayo en contra del criterio internacional. «Israel es un Estado soberano. Si decide cuál es su capital, nosotros actuaremos en consecuencia», dijo al tiempo que confirmó que alejará la misión palestina en Brasilia del palacio presidencial.

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