La tensión entre el PP y Ciudadanos amenaza la estabilidad del Gobierno

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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SUSANA VERA

Las crisis de desconfianza mutua quiebra el frente constitucionalista en Cataluña

25 abr 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

La tensión entre el PP y Ciudadanos crece a medida que se acercan las próximas convocatorias electorales. Las dos fuerzas que se disputan el voto de centroderecha necesitan marcar distancias. Pero esa disputa, cada vez más agria, amenaza la estabilidad de una legislatura cuya duración depende que el Gobierno de Rajoy mantenga el apoyo del partido de Albert Rivera en las votaciones del Congreso. Nada hace pensar, por ahora, que el partido naranja aproveche su buena racha en los sondeos para sumarse a la oposición, dejar en minoría al Gobierno y forzar su caída. Pero no hay ya tema político en el que ambos partidos no choquen.

El último episodio de esa guerra abierta ha sido la advertencia de Ciudadanos de que no apoyará unos Presupuestos que impliquen la ruptura de la caja única de la Seguridad Social o «privilegios para los presos de ETA» como contrapartida al apoyo del PNV a las cuentas públicas. Algo que Rajoy descartó ayer asegurando que no va a cambiar «los Presupuestos por transferencias o competencias» y negando además que alguien se lo haya pedido, pero que hizo estallar al portavoz del PP, Rafael Hernando, quien pidió a Ciudadanos que «no invente sandeces» ni utilice «el tema de ETA para atacar al PP».

Rajoy es consciente de que necesita el apoyo de Rivera para sobrevivir, pero está dispuesto a sostener el pulso que este le está planteando, y que divide al PP y al Gobierno entre quienes exigen plantar cara a Ciudadanos y los que recomiendan prudencia para no agrandar la grieta.

Incertidumbre en Madrid

La piedra de toque para saber quién se impone en esa batalla es la moción de censura anunciada por el PSOE para derrocar a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, por la presunta falsificación de su máster, que debe resolverse antes del 7 de mayo. Ciudadanos exige la dimisión de Cifuentes y anuncia que, de no producirse, apoyará la moción. Algo que, a un año de las elecciones autonómicas, supondría un duro golpe para el PP, que de momento se resiste a ceder.

Pero las discrepancias públicas entre ambas fuerzas alcanzan incluso a la situación en Cataluña, materia en la que hasta ahora habían ido siempre de la mano. El empeño del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en negar que haya podido haber malversación de fondos públicos en la organización del referendo ilegal del 1-O hizo que Ciudadanos pidiera ayer a Rajoy que diga la «verdad» sobre los gastos de esa consulta, que deje de «proteger» a los «golpistas» y no siga «ocultando información» para no reconocer que Carles Puigdemont «les ha engañado», porque la Guardia Civil «ha demostrado» que sí hubo malversación. En este caso, el presidente del Gobierno sí trató de apagar el fuego al negar ayer que existan «discrepancias» entre Montoro y el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien sí aprecia malversación. Según Rajoy, el Gobierno anuló con un recurso las partidas de los Presupuestos catalanes que dedicaban fondos al referendo. Y ahora, es a la Justicia a la que corresponde determinar si se han «falseado» facturas, si se encubren otros servicios distintos de los que figuraban en los Presupuestos o si hay facturas que «no han pasado por la Intervención».

Albert Rivera eleva la presión sobre Montoro

Las discrepancias entre el PP y Ciudadanos alcanzan también a la situación en Cataluña. La victoria de Inés Arrimadas en los comicios autonómicos y la negativa de los naranjas a que el PP tuviera grupo parlamentario propio elevaron la tensión entre ambas fuerzas. Pero ha sido el empeño del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en negar que se desviaran fondos públicos para el referendo ilegal lo que ha hecho estallar las hostilidades. Ciudadanos considera que Rajoy y el propio Montoro tratan así de eludir su responsabilidad en ese desvío de fondos mientras las cuentas de la Generalitat estaban intervenidas. Y el PP cree que Rivera solo trata de aprovechar esta cuestión para debilitar a Rajoy. La situación de Montoro es muy comprometida, porque el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que sí aprecia malversación, ha exigido al ministro que aclare en qué se basa para negar la malversación.

Los populares dudan entre aguantar o ceder

El caso de la presidenta madrileña Cristina Cifuentes y de su máster presuntamente falsificado ha llevado a un callejón sin salida que conduce inevitablemente a una ruptura entre Ciudadanos y el PP si Cifuentes no dimite. La situación es muy complicada para el PP, que se arriesga a perder la Comunidad de Madrid, una de sus joyas de la corona autonómica junto con Galicia, pero también para Ciudadanos, que podría verse perjudicado de cara a las próximas citas electorales si vota junto a Podemos para entregar el Gobierno de Madrid al PSOE. Un sector del PP, encabezado por la secretaria general, María Dolores de Cospedal, apuesta por ello por aguantar la presión y sostener a Cifuentes, aún a riesgo de perder la moción. Pero, a día de hoy, la solución más plausible a esta crisis sería que la presidenta madrileña renuncie a su cargo en favor de otro diputado del PP. La llamada solución murciana.

La dificultad de sumar a los naranjas y al PNV

La fricción entre el Gobierno y Ciudadanos ha estallado en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado. El partido de Albert Rivera anunció su apoyo a las cuentas públicas tras adjudicarse el giro del Ejecutivo en materias clave de estas cuentas públicas como el incremento del gasto social o la rebaja de impuestos. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, minimizó, sin embargo, durante la presentación de los Presupuestos la influencia de Ciudadanos en esas decisiones. Pero la partida presupuestaria se ha complicado por las exigencias que el PNV, el otro socio imprescindible, está poniendo encima de la mesa. Para Ciudadanos sería letal aparecer como garante de unas cuentas públicas que impliquen la ruptura de la caja única de la Seguridad Social o concesiones políticas a los nacionalistas. De ahí que el Gobierno tenga que hacer equilibrios para satisfacer a ambos posibles aliados.