Durante los dieciocho días que ha permanecido acompañado por sus exconsejeros en Bélgica, el expresidente catalán ha seguido diseñando su estrategia política de cara al 21D y tratando de perjudicar la imagen de la Justicia española
17 nov 2017 . Actualizado a las 16:24 h.El 10 de octubre se vivió un primer ensayo, pero hubo que esperar hasta el 27 de octubre para que Carles Puigdemont -todavía como presidente de la Generalitat- proclamase «la república catalana como Estado independiente y soberano». Una declaración unilateral de independencia (DUI) en un Parlament semivacío que supuso el arranque del periplo viajero, político y judicial del líder del PDECat.
Tan solo 45 minutos después, el Senado aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución como respuesta extrema e inédita al paso dado por el Govern, y Rajoy, amparado por la Cámara alta, reaccionó al desafío independentista disolviendo el Parlamento de Cataluña y convocando elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre.
Al día siguiente, y en un mensaje televisado que se emitía mientras el ya expresidente de la Generalitat disfrutaba de unos vinos en Gerona acompañado por un grupo de amigos, Carles Puigdemont mostró su oposición a la aplicación del 155, solicitó a los catalanes que tuviesen paciencia para defender la independencia, y rechazó su destitución.
Durante la noche del domingo al lunes, Puigdemont y cinco exconsellers -Meritxell Borràs, Antoni Comín, Joaquin Forn, Dolors Bassa y Meritxell Serret-, recorrieron en coche los más de 400 kilómetros que separan Gerona de Marsella, para desde allí coger un avión rumbo a Bruselas donde comenzaron a politizar su situación. Un viaje que algunos catalogaron de marcha improvisada y otros de decisión consensuada.
El rumor del nuevo destino de medio exGovern comenzó a sonar con fuerza a media mañana del lunes e incluso se especuló con la posibilidad de que solicitasen asilo político en el país. Sin embargo, la información no se confirmó hasta el mediodía, y en parte porque el propio Puigdemont jugaba al despiste al publicar esa misma mañana en su cuenta de Instagram una fotografía del cielo de Barcelona desde uno de los patios del Palacio de la Generalitat.
Ese mismo lunes, la Fiscalía General del Estado se querelló contra el exGovern y los miembros de la Mesa del Parlamento catalán, con Forcadell a la cabeza, por los delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos. Joaquin Forn fue el único de los exconsellers a la fuga que esa misma noche decidió regresar a España y hacer frente a su situación judicial después de que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo solicitasen la comparecencia de los miembros exGovern y la de los miembros de la Mesa.
El martes 31 de octubre Puigdemont citó a los medios en el Club de Prensa de Bruselas tras la negativa del Gobierno belga de ceder el Centro Internacional de Prensa para el acto. En una comparecencia en catalán, castellano, francés e inglés y en la que no respondió a ningún medio español, el expresidente catalán aclaró que no pediría asilo político en el país, sembró la duda sobre la independencia de la Justicia española y aseguró que respetaría el resultado electoral del 21D. Una declaración con la que pretendía dar carácter institucional a su mensaje y atraer la atención mediática de Europa, pero con la que solo encontró el silencio y la indiferencia de los líderes europeos.
En los siguientes días en Bélgica, Carles Puigdemont dedicó su tiempo a diseñar la estrategia legal y política de cara al 21 de diciembre. Desde allí se postuló para encabezar una lista única con la que «enfrentarse al bloque del 155 y la represión», incluso estando imputado y desde el extranjero, pero se encontró con el rechazo de ERC, que concurrirá a las elecciones con su propio proyecto, favorito en las encuestas.
El pasado 3 de noviembre, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela emitió la orden europea de detención y entrega contra Puigdemont y los cuatro exconsejeros que permanecían todavía en Bélgica. Antes de que la Fiscalía de Bruselas ordenase su detención, el expresident y el resto de miembros del exGovern se entregaron a la Justicia del país y rechazaron su traslado ante las autoridades españolas por los delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos que les imputan. Tras un interrogatorio de más de cinco horas, el 5 de noviembre, el juez de instrucción decretó su libertad bajo vigilancia.
A partir de ese momento la estrategia de Puigdemont se centró en apurar los plazos, perjudicar la imagen de la Justicia española y retrasar su entrega, un proceso que podría dilatarse en el tiempo más de dos meses.
Apenas 48 horas después de quedar en libertad, Puigdemont se dio un baño de masas en Bélgica en un acto con 200 alcaldes independentistas llegados de Cataluña que lo arroparon como si de un mártir se tratase. En su discurso, el expresidente catalán criticó la indiferencia de la Unión Europea y arremetió contra el «fascismo español» por perpetrar «un golpe de estado contra el Gobierno legítimo de Cataluña», una máxima que continúa defendiendo hasta hoy.
Su siguiente cita importante ha sido este 17 de noviembre, un día en el que la Justicia belga debía decidir sobre su entrega a España y también la de los exconsejeros que lo acompañan en Bélgica.
El juez belga que examina las euroórdenes ha sido cauto y ha decidido citar nuevamente a los acusados para el próximo 4 de diciembre, fecha en la que ya podría emitir un fallo u optar por solicitar información adicional. Y eso a pesar de que la Fiscalía belga se ha mostrado de acuerdo con la entrega a España.
Mientras tanto, Carles Puigdemont ha prodigado su imagen, pensando ya en el 21D, en prensa, radio y televisión con un periplo por diversos medios como Le Soir, De Standaard, Nieuwsblad, la televisión valona RTBF o la cadena flamenca VRT. Y todo ello, aderezado con la visita de diversos políticos catalanes de la CUP, ERC y PDECat, que se han desplazado hasta Bélgica para mostrarle su apoyo.