El expresidente y los cuatro exconsejeros han comparecido a puerta cerrada ante el juez, que ha pedido a los abogados que presenten sus alegatos y les ha citado de nuevo para el 4 de diciembre
17 nov 2017 . Actualizado a las 21:32 h.La Fiscalía belga se ha mostrado este viernes de acuerdo con la entrega a España de expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y de los cuatro exconsejeros que le acompañan en la capital belga por todos los delitos que le imputa la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela -incluyendo los de rebelión y sedición- salvo el de prevaricación, según ha manifestado el abogado Christophe Marchand. Tras una audiencia que el letrado ha calificado de «serena», y en la que se han escuchado únicamente los argumentos del Ministerio Público belga, tanto Puigdemont como los cuatro exconsejeros tendrán que volver al tribunal de primera instancia de Bruselas el próximo 4 de diciembre, cuando será el turno de los alegatos de sus defensas. Salvo para el caso de la prevaricación, delito por el que considera que Puigdemont y los exconsejeros no deben ser investigados por España, el fiscal ha señalado al juez que las conductas delictivas atribuidas a los exmandatarios españoles se enmarcan en dos delitos que existen en código penal belga, que son los de coalición de funcionarios y malversación.
Poco antes de la vista, un portavoz de la Fiscalía ha indicado que una vez que el juez decida sobre las euroórdenes deberá entregar su decisión en mano a los interesados, que tendrán que firmarlas, y a partir de ahí, Puigdemont y los exconsejeros tendrán 24 horas para recurrir, si así lo estiman oportuno.
Numerosos medios de comunicación internacionales se han desplazado hasta el lugar, un enorme edificio que puede verse desde distintos puntos de la ciudad y que alberga la Cámara del Consejo, tribunal de primera instancia, donde han declarado los acusados. La vista ha tenido lugar a puerta cerrada en una sala de dicho edificio, y las medidas de seguridad aplicadas por la Policía, que ha establecido un amplio perímetro de acceso al tribunal, impedía ver la entrada de la sala.
Puigdemont y los exconsejeros accedieron al tribunal en automóvil y penetraron en el parking del edificio, desde donde se dirigieron a la sala donde se celebrará la vista, en la que también estuvieron presentes los abogados de los acusados y un intérprete, pues la instrucción se desarrolla en neerlandés.
Poco antes de la vista, un portavoz de la Fiscalía ha indicado que una vez que el juez decida sobre las euroórdenes deberá entregar su decisión en mano a los interesados, que tendrán que firmarlas, y a partir de ahí, Puigdemont y los exconsejeros tendrán 24 horas para recurrir, si así lo estiman oportuno.
La Justicia española reclama por presuntos delitos de sedición, rebelión, malversación de fondos públicos, desobediencia y prevaricación a Puigdemont y a sus exconsejeros autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura). Todos ellos se encuentran en Bélgica desde el pasado 30 de octubre y en régimen de libertad vigilada desde el pasado domingo 5 de noviembre, a expensas de que se desarrolle el proceso sobre las citadas Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE).
Entre las restricciones a las que están sujetos los acusados se encuentran la prohibición de viajar al extranjero sin el permiso del juez de instrucción, la obligación de comunicar una dirección de residencia y la de asistir personalmente a cada una de las audiencias a las que se les convoque. Tras la vista, cuya duración es incierta, el juez podría tomar la decisión sobre las euroórdenes este viernes, aunque lo más probable es que la adopte más adelante, dentro del plazo de 15 días del que dispone para ello.
La Fiscalía de Bruselas podría solicitar a España información adicional si considera que las euroórdenes están incompletas. En ese sentido, el Ministerio Público belga ha pedido a la jueza de la Audiencia Nacional que reclama a los acusados, Carmen Lamela, información sobre el sistema penitenciario y judicial español. Instituciones Penitenciarias envió este jueves un documento de 15 páginas con fotografías de las celdas y respuestas detalladas a las 14 preguntas de la Fiscalía belga. España no estará presente en todo el proceso como acusación particular y sólo hay dos partes, los acusados y la Fiscalía belga, aunque el Ministerio Público belga está en contacto con la Fiscalía española.
