La Justicia cerca a los implicados más próximos al presidente Mas

m. l. REDACCIÓN / LA VOZ

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Andreu Dalmau | EFE

Una trama para cobrar comisiones a cambio de obra pública

21 jul 2017 . Actualizado a las 08:08 h.

El fiscal anticorrupción José Grinda buscaba ayer documentación para argumentar las acusaciones contra los procesados en el conocido como caso 3 %, que salpica al exconsejero de Justicia, Germà Gordó. Gregorio o Gerardo, como se le identifica en las comunicaciones intervenidas, fue la mano derecha de Artur Mas y está casado con la vocal del Consejo General del Poder Judicial Roser Bach. 

¿Qué es el caso 3 %?

Es un escándalo de corrupción política que apunta al cobro de un porcentaje del 3 % del presupuesto de las obras públicas adjudicadas por el Gobierno de la Generalitat antes del 2003.

¿Cómo se conoció?

En el 2005 en un pleno, el presidente Pasqual Maragall le espetó a Mas que ellos, los de Convergència, tenían un problema que se llamaba 3 %. Este lo amenazó con no secundar la reforma del Estatuto y se querelló. Maragall se retractó y el convergente retiró la querella. 

¿Quién lo reactivó?

El entonces fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, abrió una investigación sobre Adigsa. Presentó una querella por malversación contra dos exdirectivos de esa empresa de la Generalitat en la última etapa de gobierno de CiU y otras seis personas, en relación con el cobro de comisiones en la adjudicación de obras. 

¿Qué empresas están investigadas?

Además de Copisa y el Grupo Soler, entre otras, está Teyco, fundada por Carles Sumarroca, fundador de CDC. En la etapa investigada, presidía Adigsa Ferran Falcó Isern, quien fue presidente de CDC en Badalona (Barcelona). 

¿En qué desembocó?

En los casos Adigsa y Torredembarra. En el primero se probó que las comisiones no eran del 3 % sino incluso del 20 %. El consejero de Obra Pública Felip Puig salió indemne, pese a que un comisionista lo incriminó. Y el presidente de Adigsa y diputado de CiU, Falcó, fue exonerado por la magistrada del TSJC Nuria Bassols, quien dos meses después pidió la excedencia y fue nombrada por Mas responsable de Transparencia de la Generalitat.

En el caso Torredembarra, una edil de ERC denunció en el 2012 las irregularidades del exalcalde de CiU, Daniel Masagué, en la construcción de un aparcamiento de Teyco. El caso desembocó en la operación Petrum, sobre pagos de comisiones de constructoras a fundaciones afines a CDC.

¿Por qué se centran en Gordó?

La Guardia Civil considera que el exconsejero de Justicia era el mediador o conseguidor de la trama. Hace dos años, los agentes detuvieron al tesorero de CDC Andreu Viloca, a una secretaria del partido y al director de Infraestructuras, Josep Antoni Roell. Gordó se salvó, pero al menos dos empresarios lo inculpan. Uno explicó al juez que se reunió en la sede de CDC con Mas y Gordó, y hablaron de donaciones a cambio de contratos. Mas fue escueto y le dijo al empresario: «Tienes que hacer lo que este te diga». Este era Gordó, quien el lunes declarará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como investigado por el caso 3 %.