La propuesta permite a las fuerzas de seguridad realizar registros en casas sin orden judicial, lo que despierta recelos en partidos de izquierdas y asociaciones de defensa de los derechos humanos
Manuel Valls pide «actos y no palabras», mientras que los obispos se marcan como prioritario esclarecer el caso de unos supuestos abusos ocurridos entre 1986 y 1991