Con un presupuesto de 2.500 millones, este proyecto pretende establecer una ayuda adicional para las 500.000 familias sin ingresos con su cabeza de familia en paro
Báñez asegura que el acuerdo alcanzado en noviembre con Tragsa para externalizar la gestión de los expedientes pendientes en 22 provincias prioritarias ha permitido reducirlos en un 52 %