El Juzgado de lo Social Nº 2 de Oviedo declara que el consistorio es el empleador real de los cinco operadores de la sala de control de tráfico. La sentencia aún no es firme y cabe recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
10 nov 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Cinco operadores de la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Oviedo podrían entrar a formar parte de la plantilla municipal como consecuencia de una cesión ilegal entre la empresa adjudicataria del servicio y el consistorio. La sentencia —dictada por el Juzgado de lo Social Nº 2 de Oviedo a finales de septiembre— y contra la que aún cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), considera que el ayuntamiento es el verdadero empleador de estos trabajadores, puesto que es quien proporciona el centro de trabajo, los recursos y las órdenes directas.
Según la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el Ayuntamiento de Oviedo tiene la competencia sobre la gestión del tráfico en la ciudad, un servicio público esencial y permanente. La Policía Local, por su parte, es responsable de la ordenación, señalización y dirección del tráfico en vías urbanas según lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Movilidad y Tráfico.
En este contexto y a lo largo del tiempo, la administración local ha contratado mediante sucesivas licitaciones el servicio de «conservación, mantenimiento y reparación de las redes semafóricas, sistemas de TVC y explotación del centro de control de tráfico, incluyendo aplicaciones informáticas de gestión de tráfico, y sistemas de aparcamientos en rotación del Ayuntamiento de Oviedo».
En la actualidad, la prestataria de dicho servicio es la empresa Alumbrados Viarios S.A. (ALUVISA). En el momento en el que ALUVISA empezó a prestar sus servicios al consistorio, la empresa subrogó al personal contratado por las anteriores adjudicatarIas. Entre otros, a los cinco operadores de la sala de control de tráfico a los que afecta esta sentencia. Pero en 2023, los cinco empleados afectados presentaron una reclamación formal al Ayuntamiento ovetense alegando que estaban siendo víctimas de «tráfico prohibido de personas trabajadoras o cesión ilegal». Para evitar la vía judicial, intentaron regularizar su situación internamente e incluso le emplazaron a celebrar un acto de conciliación, pero el consistorio ni respondió a la reclamación ni tampoco acudió al acto, al que sí se presentó ALUVISA, según explican los afectados.
Tras este primer intento de solución extrajudicial fallido, los operadores iniciaron las correspondientes actuaciones legales. En junio de 2024 se celebró el juicio y el 30 de septiembre de 2024 el Juzgado de lo Social Nº 2 de Oviedo dictó sentencia: la contrata entre el Ayuntamiento de Oviedo y ALUVISA debía calificarse como una cesión ilegal de trabajadores.
La resolución concluye que el Consistorio es quien ha venido actuando como «verdadero y real empleador de los operadores» de la sala de control de Tráfico. Mientras tanto, ALUVISA solo ejerce el papel de empleadora de manera puramente aparente. Consta formalmente como tal, pero la empresa no pone en juego ni su organización ni ningún instrumento de dirección del trabajo de las personas afectadas.
A la hora de dictar sentencia, la Magistrada tuvo en cuenta como hechos probados, entre otros, que desde el inicio de relación laboral (1995, 1998, 2005, 2009 y 2010 respectivamente) los operadores desempeñan sus labores en la sala de control de Tráfico del Ayuntamiento. Allí, utilizan mobiliario, material y suministros de aportación municipal para llevar a cabo su trabajo diario. Pero, además, también comparten estancia con la Policía Local, quien les da órdenes directas y sin intermediación alguna de ALUVISA.
En caso de confirmarse la sentencia, los cinco trabajadores afectados por esa cesión ilegal entre el Ayuntamiento de Oviedo y la empresa adjudicataria tendrán derecho a adquirir la condición de indefinidos de la plantilla municipal. En cualquier caso, aún hay que esperar recurso por parte del Ayuntamiento. La concejalía de Seguridad Ciudadana ya ha anunciado que recurrirá la sentencia.