Podemos e IU vieron cómo su propuesta era rechazada por el resto de grupos parlamentarios, salvo el portavoz de Foro
01 jun 2022 . Actualizado a las 17:08 h.El parlamento asturiano ha descartado hoy apoyar la propuesta conjunta de Podemos e IU para que el Gobierno autonómico elaborase un catálogo de bienes inmuebles de la antigua Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo y procediese a su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).
Los grupos parlamentarios de Podemos e IU vieron cómo su propuesta era rechazada por el resto, salvo el portavoz de Foro, durante el pleno celebrado hoy en la Junta General del Principado.
El portavoz de la formación morada, Rafael Palacios, y su homóloga de IU, Ángela Vallina, plantearon esta iniciativa al considerar que las negociaciones que se están llevando a cabo para la cesión de estas instalaciones están rodeadas de oscurantismo.
En su opinión, la sociedad asturiana debe tener conocimiento de lo que se están tratando el Ministerio de Defensa, el Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Oviedo y en la operación que se consensue tiene que primar el interés público a los privados, y evitar que sé que se abra la puerta a la especulación en torno a esos 120.000 metros cuadrados.
Sin embargo, la socialista Noelia Macías ha acusado a IU y Podemos de «desconocimiento competencial», por no estar manos del Gobierno autonómico lo que reclama su iniciativa, y les ha advertido de que no utilicen la Cámara autonómica para hacer oposición municipal.
La popular Gloria García ha calificado de «totalmente oportunista» la iniciativa conjunta de IU y Podemos, grupos a los que ha acusado de «querer meter una cuña» cuando está a punto de cerrarse un acuerdo que podría verse afectado con una declaración de BIC.
Desde Ciudadanos, Sergio García, también ha recordado que esta parcela ya tiene un grado de protección evidente, como patrimonio industrial histórico que es, y ha criticado que planteen ahora una declaración que podían haber promovido cuando formaron parte del tripartito de Oviedo.
El portavoz de Foro, Adrián Pumares, ha justificado su abstención en que es precipitado iniciar ese expediente sin conocer el posible acuerdo entre el Ministerio y el Ayuntamiento de Oviedo, mientras que Vox ha asegurado que el BIC no puede entorpecer una oportunidad extraordinaria para dinamizar la ciudad.
Parques eólicos y medio ambiente
IU y Podemos tampoco concitaron apoyos a la hora de pedir al Gobierno asturiano que plantease al central la necesidad de mantener la evaluación de impacto ambiental para instalar determinados parques eólicos y fotovoltaicos.
Entre las disposiciones del Real Decreto aprobado en marzo para dar respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania, que ahora se está tramitando como un proyecto de ley urgente, se introducen varias medidas para agilizar los proyectos de energías renovables.
Este procedimiento está previsto para proyectos cuya autorización sea de competencia estatal, pero también podrá ser aplicado por las comunidades autónomas, siempre en caso de proyectos eólicos con una potencia igual o inferior a 75 megavatios o proyectos de energía solar de menos de 150 MW no ubicados en medio marino o espacios de la Red Natura 2000.
Según el coordinador de IU, Ovidio Zapico, la sustitución del procedimiento de evaluación de impacto ambiental por un procedimiento más abreviado, resta garantías de protección ambiental y supone un «desplome del control de lo público».
Para Nuria Rodríguez, de Podemos, esta nueva normativa va a suponer además un nuevo sacrificio para Asturias, en este caso, el de su entorno natural.
PP, Ciudadanos, Foro y Vox han acusado a los impulsores de esta iniciativa de defender en el parlamento autonómico lo contrario de lo que hacen en el Congreso, ya que los cambios que critican en Asturias contaron con el apoyo de los diputados morados en Madrid.
Tras recordar que el plazo medio para instalar un parque eólico en Asturias es de nueve años, el socialista Ángel Ricardo Morales ha negado además que haya fundamentos que sostengan que una simplificación de los trámites tenga que suponer una reducción de las garantías. Informa Efe.