Un juzgado asturiano obliga al ayuntamiento a conceder la licencia que denegó, mientras que el Supremo admite a trámite un recurso de vecinos y ecologistas
02 mar 2021 . Actualizado a las 11:36 h.Una victoria para cada parte, pero la guerra continúa en torno a una planta de asfalto en la zona de la cantera de Las Caldas. Si hace pocos días, el Tribunal Supremo admitía a trámite un recurso de vecinos y ecologistas contra ese proyecto, la semana pasada un juzgado asturiano daba la razón a la empresa en su solicitud de una licencia municipal.
El primer tanto se lo apuntó la Plataforma vecinal contra las plantas de asfalto y hormigón, que había presentado junto a la Coordinadora Ecoloxista un recurso de casación ante el Supremo contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) de Asturias. En este caso, la sala asturiana avalaba el permiso del Principado para instalar la planta de asfalto en la localidad de Las Caldas.
El hecho en sí, recuerdan desde la plataforma vecinal, no es un mero trámite: es importante porque el Supremo solo admite casos en los que «estima que el recurso presenta interés casacional objetivo», es decir, que considera con fundamento suficiente para examinarlo. Y esto, dicen, ocurre únicamente en un 15% de los casos que se elevan al alto tribunal.
Al mismo tiempo, la empresa explotadora de una cantera y que pretende instalar la planta de asfaltos, Cárcaba, también toma la iniciativa judicial. El Ayuntamiento de Oviedo había denegado en principio la licencia, pero Cárcaba presentó un recurso ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo. El pasado día 22 de febrero, el tribunal anuló la denegación o, lo que es lo mismo, estimó que el ayuntamiento debía conceder la licencia a la empresa.
Ante este movimiento, la plataforma vecinal también anuncia que va a presentar un recurso de apelación ante el TSJA, por lo que dicha licencia por el momento no sería firme, señalan. Al mismo tiempo emplaza al ayuntamiento «a continuar actuando en defensa de la legalidad municipal y por lo tanto recurrir esa sentencia».
Ayuntamiento y vecinos, por tanto, parecen estar del mismo lado judicial, lo que no demasiado frecuente. Para el colectivo de Las Caldas, el consistorio «debe seguir defendiendo los intereses de la ciudadanía ovetense; sería difícil de entender y explicar que el ayuntamiento se plegase a este primer contratiempo y renunciase a continuar con la defensa de las posiciones que hasta ahora mantuvo brillantemente». Por lo tanto, el conflicto está lejos de estar cerrado. Por el contrario, tiene visos de ser largo y complejo.