Alberto Mortera afronta siete años de inhabilitación por una presunta prevaricación
OVIEDO
En el juicio contra el exedil del PP y exjefe de Gabinete de Gabino de Lorenzo declararán Caunedo y Cuervas
13 abr 2018 . Actualizado a las 17:01 h.Uno de los hombres fuertes de Gabino de Lorenzo pasará por el banquillo. La Fiscalía solicita para el exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Oviedo y exjefe del Gabinete de Gabino de Lorenzo en su etapa al frente de la Delegación del Gobierno, Alberto Mortera, la pena de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como para el desempeño de cualquier ocupación de nombramiento discrecional sufragada, directa o indirectamente, con fondos públicos, acusado de un delito continuado de prevaricación administrativa, por la venta en favor de la mercantil Urvisa de la parcela B-16 del polígono de Olloniego.
El Ministerio Público solicita además la misma pena para el responsable del área de Licencias Mayores del Ayuntamiento de Oviedo, J. R. L. C; y para la jefa de sección de Patrimonio, M. R. C. F. Siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el empleo público como funcionarios del Ayuntamiento de Oviedo, y para cualquier cargo público en dicho ente local.
El Ministerio Público ha propuesto que declaren como testigos el exalcalde de Oviedo y concejal de Urbanismo en 2006, Agustín Iglesias Caunedo, al actual diputado regional del PP y concejal responsable de la concesión de licencia de obras de fecha 20 de abril de 2005 a Bitácora S.L y miembro del Consejo de Administración de Gesuosa, Agustín Cuervas-Mons y también al que fue concejal en 2004, Óscar Cueto Vallina, entre otros.
El Ayuntamiento de Oviedo, a través de la Sociedad Municipal de Gestión del Suelo de Oviedo, (Gesuosa), y en ejecución de un convenio suscrito entre la Administración Central del Estado, la Autonómica y el propio ente Local, llevó a cabo las obras de urbanización del polígono Industrial de Olloniego, de conformidad con el Plan Parcial aprobado por Resolución de 12 de marzo de 2001.
La finalidad del polígono industrial se basaba en una política activa del fomento del empleo, de forma que las futuras empresas adjudicatarias partirían de una valoración del metros cuadrado de suelo edificable por debajo de los precios del mercado, a fin de que fuesen beneficiarias las empresas (o empresarios) que presentasen un mejor proyecto vinculado al fomento del empleo dentro de un plazo no superior a los dos años, todo ello conforme a las bases fijadas en el pliego para el concurso aprobado por Gesuosa el 20 de noviembre de 1998.
Una vez convocado el concurso público, y tras valorar las ofertas por dos empresas mercantiles ajenas al entramado municipal se pone en conocimiento de Urbana de Viviendas (Urvisa) que había sido adjudicataria de 16.000 metros cuadrados y ello pese a que en su oferta, se refería el proyecto industrial a realizar de forma genérica, en apenas un folio, y sin acompañar plan de viabilidad alguno o proyecto técnico, así como que refería actuaciones a desarrollar que incumplían las propias bases.
El fiscal destaca que «con total desprecio a la literalidad de las cláusulas, y como quiera que los administradores de Urvisa contaban con la aquiescencia de responsables municipales, tanto funcionarios como concejales, incumplieron todas las cláusula».
Devolución del aval depositado
Aun así la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo, el día 14 de agosto de 2008 procedió a declarar cumplido el contrato y autorizar la cancelación de la inscripción registral de la condición resolutoria que constaba sobre la parcela y autorizó la devolución del aval depositado por Urvisa.
Tal resolución fue posible debido a la conducta de los tres acusados, que, conociendo el incumplimiento de las cláusulas, por motivos que no han podido ser determinados, silenciaron y ocultaron los mismos, al tiempo que, en ejecución de un plan preestablecido entre ellos, realizaron informes favorables incompletos y sustrajeron documentos del expediente, todo ello, a los efectos de dotar de una apariencia de legalidad lo realizado.
En concreto, Alberto Mortera, actuando como edil de Urbanismo, Licencias e Infraestructuras. Patrimonio, Fianzas, Registro, Estadística, Seguimiento de Concesiones, Auditoría Interna, Hermanamientos y Relaciones Institucionales. Cinturón Verde. Zona Rural y Alumbrado votó favorablemente la devolución de fianza y cancelación de la condición resolutoria que pesaba sobre la parcela B-16 del polígono industrial de Olloniego, «y ello pese a que era conocedor de que la empresa concesionaria no solo no había cumplido con lo pactado, sino que, de forma temeraria, había incumplido todas y cada una de las condiciones establecidas».
Por su parte, J. R. L. C, actuando en su condición de jefe de negociado que se ocupaba de las licencias de obras mayores, y M. R. C. F., actuando en su condición de Jefa de la Sección de Gestión de Patrimonio del Ayuntamiento de Oviedo, favorecieron con su actuación la resolución de la junta de Gobierno Local de fecha 14 de agosto de 2008, al silenciar, por causas que se desconocen, los reiterados incumplimientos de la mercantil Urvisa, así como de la propia mercantil Bitácora 2002 respecto de la licencia de obras concedida, y al elaborar los informes técnicos que, elevados a la dicha Junta de Gobierno, fueron tenidos en cuenta para la resolución favorable, y sin cuya existencia nunca se habría adoptado tal decisión.
J. R. L. C además de la participación anteriormente descrita, fue el responsable de la tramitación de la licencia de obras a favor de la mercantil Bitácora 2002, favoreciendo a que está, pese a los continuos incumplimientos, tanto temporales como materiales respecto del proyecto inicialmente presentado y para el cual se había obtenido la licencia, llevase a cabo la ejecución de un proyecto diferente.