Las facturas judicializadas del modelo urbanístico del PP comprometen la economía municipal. El Ayuntamiento se juega 93 millones solo en el caso del palacio del Calatrava
18 may 2016 . Actualizado a las 19:46 h.Con una expresión que le perseguirá allí donde se evalúe su labor como alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo manifestó con reiteración en los últimos tiempos de sus 24 años al frente del Ayuntamiento que dirigía una ciudad con una economía de guerra. El hoy delegado del Gobierno, sin embargo, rebajaba la alarma que pudiera causar una situación así. Su tesis era que con su gestión había construido el Oviedo del siglo XXI y que, a pesar de las estrecheces financieras, lo que él y sus sucesores necesitaban nunca más serían grandes inversiones, sino el mero pago ordenado de las facturas pendientes por las obras ya acabadas. Once meses después del desalojo del PP del gobierno local, los nuevos gobernantes de la ciudad, ya con acceso a todos los resortes de la administración municipal, creen que el relato de De Lorenzo no se sostiene: la ciudad no está ni hecha ni pagada y, en los peores casos, está pagada pero no hecha. «A los ciudadanos les toca ahora hacerse cargo de la fiesta de 24 años de mala gestión. Esa es la factura que les ha dejado el PP», sostiene el responsable del área económica del Ayuntamiento, Rubén Rosón (Somos). Hasta 200 millones de euros se juega el consistorio en litigios como el recién fallado de Villa Magdalena. Solo en el palacio de Calatrava, se le reclaman 93 millones de euros en los tribunales y hay toda una miriada de pagos pendientes.
El concejal asistió este miércoles a una reunión con técnicos de la Intervención y de la Oficina Presupuestaria para analizar las opciones del consistorio ante la reciente sentencia del Tribunal Supremo que añade al coste por la expropiación de Villa Magdalena otros 30 millones de euros. Y no es el único caso, aunque sea el más llamativo hasta ahora, porque la guerra de De Lorenzo y su delfín, Agustín Iglesias Caunedo, dejó otras minas sin detonar que, poco a poco, explotan con retardo en las cuentas municipales: los 500.000 euros perdonados a Aquagest, los dos millones abonados por irregularidades en el plan de empleo, las polémicas expropiaciones de Loma del Canto y Rodríguez Cabezas, que costarán entre dos y tres millones más cada una.
Todos esos casos, sobre los que hay decisiones judiciales firmes, e incluso el affaire Villa Magdalena, se quedarán pequeños si el Ayuntamiento sale malparado del embrollo judicial alrededor de la construcción del palacio de congresos diseñado por Santiago Calatrava. En el peor de los casos, la ciudad podría verse obligada a abonar 93 millones de euros en compensaciones. «Al final hablamos de una deuda no oculta, pero sí judicializada, de casi 200 millones de euros», resume Rosón. Eso, en todo caso, es solo una hipótesis. Lo cierto y ya firme por decisión del Supremo es que la operación del antiguo palacete de los Rato Figaredo, que ahora aloja una biblioteca pública, diseñada para costar al Ayuntamiento no más de tres millones de euros se dispara hasta una cifra aún no determinada, porque el alto tribunal fijará su cuantía exacta en la ejecución de la sentencia, pero que, según todos los cálculos, será del orden de 60 millones: los 30 que Oviedo ya abonó a raíz de una sentencia anterior, dictada en 2012 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, y los 30 adicionales que añade a esa cifra la revisión del Supremo.
La cifra es apabullante para las posibilidades económicas del Ayuntamiento. Es, por ejemplo, el doble de todas las inversiones contempladas en el presupuesto de 2016. «El impacto es enorme. O reducimos el gasto corriente, que va destinado a pagar los servicios, y, por lo tanto, rebajamos su calidad, o lastramos las inversiones que necesita la ciudad», lamenta Rosón. Para evitarlo, los técnicos han planteado al equipo de gobierno tres posibles vías de actuación: la primera es asumir el pago con fondos propios y aceptar que dejará un boquete; la segunda, recurrir a fondos ajenos, lo que significa endeudarse y contratar créditos bancarios; y la tercera, recurrir a los fondos de liquidez que proporcionan a las administraciones locales el Ministerio de Hacienda o el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El equipo de gobierno aún no ha tomado una decisión sobre qué enfoque adoptará. Puede ser solo uno de esos tres sugeridos por los técnicos o una combinación de todos ellos.
Rosón asegura que hay tiempo para meditar la solución y que el criterio para elegirla será atinar con la opción «menos lesiva para los intereses de los ciudadanos». «Probablemente pasarán varios meses hasta que el proceso judicial concluya y se fije el justiprecio y podemos aprovecharlos para examinar qué es lo más conveniente», añade el concejal. Desde que el Supremo hizo pública su decisión la semana pasada, no ha habido contactos entre el equipo de Gobierno y Comamsa, la empresa propietaria de Villa Magdalena antes de su expropiación y ganadora en el pleito. Rosón da por hecho que sí habrá reuniones en el futuro para abordar el asunto, pero cree que no ha llegado el momento. «Es normal que ahora no haya nada. Estamos en pleno proceso y aún no se ha fijado con exactitud el precio final. Todavía no hay materia para hablar», opina Rosón.
El tripartito promete explicar a los ciudadanos la situación del urbanismo en la ciudad y de su impacto en la economía a través de actos abiertos y participativos. El primero ya está fijado para este mismo sábado. Rosón, duro con los responsables del PP por no asumir sus fallos en Villa Magdalena («parece que ha sido una catástrofe natural en vez de una decisión política, pero ellos se aferran a los sillones», critica), advierte que el Ayuntamiento buscará en los tribunales que los responsables de la etapa anterior respondan con su patrimonio del perjuicio al erario público. «Al final, una expropiación de 4.000 metros cuadrados va a salirnos por 60 millones. Esos precios no se ven ni siquiera en Manhattan ni en Bahrein», ironiza.