La American Bar Association, entidad profesional que agrupa a los abogados en Estados Unidos, ha respaldado a los operadores jurídicos que se niegan a doblegarse frente a las amenazas y hostigamiento del gobierno de Trump
15 abr 2025 . Actualizado a las 05:00 h.La American Bar Association, que es la entidad profesional que agrupa a los abogados en Estados Unidos y que, salvando las diferencias, realiza funciones parejas a las de nuestro Consejo General de la Abogacía Española, ha liderado un manifiesto de respaldo a los operadores jurídicos que se niegan a doblegarse frente a las amenazas y hostigamiento del gobierno de Trump. La entidad ha declarado (31 de marzo) que «defendemos el Estado de Derecho. Defendemos nuestro sistema judicial frente a los ataques que pretenden intimidar y amenazar a nuestros tribunales y jueces. Rechazamos los reiterados intentos de impugnar y destituir a jueces porque el gobierno no está de acuerdo con su decisión. Condenamos los ataques contra abogados y firmas jurídicas por representar a clientes que han desafiado una política gubernamental. Defendemos a los bufetes y organizaciones que están siendo atacados por su compromiso con un sistema judicial y una profesión libres de prejuicios y por sus políticas y programas que fomentan la diversidad». El torno y la llamada de alerta denota el estupor de ver resquebrajarse un sistema que se creía consolidado, pero que la oleada nacional-populista se está llevando por delante con gran rapidez.
En efecto, desde su ascenso a la Casa Blanca, Trump no sólo ha conseguido que se paralicen todas las investigaciones por su posible comisión de delitos federales, garantizándose de facto su impunidad, sino que ha lanzado una campaña de persecución a todos los funcionarios públicos y fiscales que participaron en dichas pesquisas, incluyendo su despido. También ha desatado una cacería a firmas que defendieron a clientes que ejercitaron acciones legales para que Trump rindiese cuentas, en un ataque sin precedentes contra el ejercicio de la abogacía; incluyendo hacerles blanco directo de Órdenes Ejecutivas donde se ordena la extinción de todo contrato federal, se descalifica directamente a letrados con nombre y apellidos y se hostiga a despachos concretos. Además, el acoso contra los jueces que han osado cuestionar la constitucionalidad de sus medidas está a la orden del día en el discurso trumpiano y el de sus aventajados esbirros (que compiten en la intensidad de su intimidación), pasando la línea roja de la desobediencia judicial. Así ha sucedido al desatender y desacreditar con insultos la decisión del juez del Distrito de Columbia James Boasberg de suspender las deportaciones masivas y sin garantías de personas por su presunta pertenencia a organizaciones criminales. Recordemos que, invocando legislación para tiempos de guerra, sin ninguna posibilidad de recurso y sin procedimiento legal alguno, se han llevado a decenas de personas a prisiones de El Salvador (sean o no de ese país), tratándolas como perros, rapándolas y exhibiéndolas ante las cámaras como trofeos, aunque no todos tengan condenas o procesos penales abiertos. Entre ellos se incluyen varios casos que se han reportado como posibles «falsos positivos», para desesperación de sus familias. Y más aún, se han confirmado entre los deportados a residentes legales como Kilmar Abrego García. Precisamente, Kilmar se fue a Estados Unidos huyendo de la violencia en El Salvador; rehízo su vida en Maryland (trabajador del metal, padre de tres hijos y acogido a la protección internacional) y ahora se ve en el infierno de las cárceles de Bukele, sin que hasta la fecha se haya deshecho este error. Si Ud. vive en Estados Unidos y es hispano, le puede pasar algo así, sin que le pregunten nada ni le informen de nada.
Una mayoría de norteamericanos han querido y conseguido una mutación constitucional por la que el poder ejecutivo pueda actuar abusiva y violentamente sin ataduras, el legislativo se autocensure y doblegue, y el judicial se someta o, en los casos en que dicte alguna resolución que limite la actuación gubernamental, ésta pueda desobedecerse o sortearse sin consecuencias jurídicas. También han querido una administración sin independencia y donde, en lugar de funcionarios con obediencia a la ley, se encomiende la labor a cesantes» que se deban al líder (y a sus comisarios del DOGE) y no al interés público. Han deseado silenciar las voces independientes y cercenar el derecho a la protesta, generando un clima de miedo a la disidencia, deteniendo a estudiantes extranjeros a los que pretende expulsar por el mero ejercicio de su derecho de reunión y manifestación, como los casos de Mahmoud Khalil, de la Universidad de Columbia, o Rumeysa Ozturk, de la Universidad de Tufts. Han puesto en vanguardia del movimiento MAGA a grupúsculos de perfil violento que no tienen reparo en exhibir medios y formas propias de un grupo paramilitar, al estilo de los camisas negras o las fuerzas de asalto. En este contexto, la advertencia del senador francés Claude Malhuret (discurso del 4 de marzo) es pertinente: «no se trata de una deriva iliberal, sino de un comienzo de la confiscación de la democracia. Recordemos que sólo fueron necesarios un mes, tres semanas y dos días para derrumbar a República de Weimar y su Constitución». Ciertamente, ya sabemos lo que sucede cuando un pueblo se entrega al nacionalismo ciego, rechaza cualquier la división de poderes, glorifica la violencia, la ignorancia y la brutalidad, acepta la discriminación sistémica, y se muestra dispuesto a entregar todas las facultades a un líder que combina a partes iguales el desequilibrio y la desvergüenza.
Nada de esto hubiese pasado si el sistema legal hubiese sido lo suficiente eficaz para llevar a término los procesos judiciales a los que Trump se enfrentaba, y que abordan distintas infracciones, del manejo de documentos clasificados fuera de todo control al intento de alterar el resultado electoral de 2020, pasando por el gravísimo asalto al Capitolio instigado el 6 de enero de 2021, que dejó cinco muertos. En este último caso, es verdaderamente alucinante que un líder que no acata el resultado electoral y lanza a las masas al asalto de la sede del legislativo no acabe inhabilitado de por vida para cualquier cargo público. Pero así ha sucedido. La irresponsabilidad por sus actos ha sentado un precedente que otros autócratas del mundo o aspirantes a serlo desean emular (de Bolsonaro, que hizo lo propio en la «Plaza de los Tres Poderes» en Brasilia, 8 de enero de 2023; a Le Pen, que exhibe burdamente como persecución política su condena por malversación). A lomos de la impunidad de Trump, de la timorata réplica a la amenaza nacional-populista y de la débil respuesta de las instituciones mientras su poder crecía, se ha abierto esta profunda sima. Como resultado, en Estados Unidos ya no existe tal cosa denominada «Estado de Derecho» y se ha instaurado un sistema que nada tiene que ver con sus valores fundacionales. En Europa todavía estamos a tiempo de frenar esta deriva, si somos firmes y constantes en la defensa de nuestras instituciones democráticas, pero nuestras flaquezas no son muy distintas.