Lamento profundamente la muerte de los cinco mineros que trabajaban en una mina de Cerredo/Zarréu (Degaña) y quiero empezar enviando todo mi afecto, solidaridad y apoyo a sus familias y amistades. Es importante ser prudente hasta que la investigación policial y judicial determinen las causas de la explosión, aunque ya se empieza a publicar informaciones periodísticas en las que se revelan denuncias de particulares que avisaban de posibles actividades no autorizadas (como, por ejemplo, la presunta extracción de carbón). A la espera de que se pueda demostrar los hechos, sí que hay que reafirmar que el trabajo nunca puede costar una vida, por lo que es imprescindible que la seguridad y la legalidad estén correctamente supervisadas por las autoridades competentes. Nadie se explica que en 2025 sigan ocurriendo este tipo de accidentes fatales.
Quitando el espectáculo de Donald Trump anunciando los aranceles que ha aplicado para «liberar» a Estados Unidos, lo que ha resultado verdaderamente sorprendente esta semana es la demanda de Juan Carlos I a Miguel Ángel Revilla. Le reclama 50.000 euros (que al parecer irían destinados a Cáritas) por varias declaraciones realizadas desde mayo de 2022 en diferentes medios de comunicación. El Rey Emérito considera que el expresidente de Cantabria le calumnió y lesionó su derecho fundamental al honor. Nadie vio venir, a las puertas del 14 de abril, un nuevo impulso a las tesis republicanas y más en un perfil como el de Revilla, poco sospechoso de no apoyar a la Casa Real, pero lo singular del tema es que no hay precedentes. Es hasta curiosa la designación de la abogada, porque casualmente le va a llevar este proceso la misma letrada que tiene Alberto González Amador, el célebre novio de Isabel Díaz Ayuso. La verdad es que ha habido otras personas que han sido muchísimo más críticas con el monarca y no hay noticia de que vaya a llevarlas también al juzgado, por lo que nadie se explica los motivos reales de este movimiento.
Respetar las sentencias judiciales, sea cuales sea el fallo, es lo políticamente correcto. Sin embargo, no son pocos los fallos que generan una gran decepción social y un desprestigio a la judicatura (conllevan opiniones con comentarios negativos cuando se considera que no se ha hecho justicia). Nadie se explica la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña/Catalunya de absolver de Dani Alves. No se trata de juzgar a los que juzgan (son tres mujeres y un hombre de reconocida trayectoria, con especialización en materia de igualdad), pero sí en lamentar que este auto supone un duro revés de cara a que las víctimas del machismo se sientan con fuerzas y con ganas de acudir a los juzgados para denunciar a sus agresores. Estamos, además, ante un suceso muy mediático en el que el exfutbolista del Barça cambió hasta en cinco ocasiones su versión sobre lo que pasó en aquella discoteca de la ciudad condal. Primero negó conocerla, luego dijo que coincidió simplemente con ella, posteriormente alegó que él no la tocó y que fue ella directamente a él, después la acusó de tener una conducta sexualizada y por último llegó a justificar que él había bebido mucho alcohol.
Ella, en cambio, siempre mantuvo la misma versión en todo momento y ante todas las personas a las que le relató su testimonio. Una vez condenado, consiguió salir de la cárcel porque agrupó el dinero necesario para pagar la fianza y optó por recurrir el fallo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña/Catalunya ha considerado que la sentencia condenatoria de la Audiencia de Barcelona tiene «una serie de vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones sobre los hechos» que desvirtúa la presunción de inocencia. Si ahora se considera que no hay pruebas de la agresión y que el relato de la denunciante no es fiable, ¿qué jueza o juez va a creer a cualquier otra mujer que denuncia una violación? ¿Cómo van a poder las denunciantes probarlo? A veces nos parece que avanzamos hasta que llega una noticia así y nos hace ver que aún queda mucho por hacer.