En Argentina se ha celebrado el Día de la Memoria, que conmemoraba el 49º aniversario del golpe de Estado que llevó al poder a la junta militar que pasará a la historia de la infamia por llevar a cabo un plan de exterminio sistemático de opositores, que incluyó la desaparición de personas. Las torturas que llevaron a cabo los militares superan lo imaginable. Asesinaban a las madres y robaban a sus bebés para entregárselos a partidarios de la dictadura, arrojaban a seres humanos vivos al mar o al Río de la Plata desde aviones en los llamados «vuelos de la muerte».
La participación en las manifestaciones del 24 de marzo pasado para reclamar memoria, verdad y justicia fue masiva en Buenos Aires y otras ciudades. El mismo día, el Gobierno de Javier Milei distribuía un vídeo del politólogo Agustín Laje que exigía la verdad «completa» de lo sucedido, en el que aseguraba que, antes del golpe, había una «guerra revolucionaria» de grupos terroristas contra el Gobierno y que la cifra de los 30.000 desaparecidos es falsa y no llegarían a 10.000. El vídeo, dedicado casi en su totalidad al terrorismo de los guerrilleros, que no al del Estado, era, en el fondo, una justificación del golpe. En una guerra vale todo, era el mensaje. Es la denominada teoría de «los dos demonios», que equipara la violencia terrorista de organizaciones armadas y la del Estado. Es indudable que la acción de los Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo y otros grupos fue terrible, asesinaron a unas 400 personas antes del golpe. Los militares mataron a 30.000, según las cifras de los organismos de derechos humanos. Estamos hablando de militares que tomaron el poder por la fuerza, de forma ilegítima, y que practicaron el terrorismo de Estado a gran escala. Nada comparable. El propio Jorge Rafael Videla justificó las desapariciones en el libro El dictador: «Si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas que no se pueden responder; quién mató, dónde, cómo». Infame.
El informe Nunca Más, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, presidida por el escritor Ernesto Sábato, puso negro sobre blanco esos crímenes. En ese trabajo, que encargó el presidente Raúl Alfonsín, se documentaron 8.961 casos, pero advertía de que era una «lista abierta», porque «se han borrado deliberadamente todos los rastros, se ha quemado documentación y hasta se han demolido edificios...». Los testimonios son escalofriantes. Los componentes de las juntas militares fueron juzgados y cinco de ellos condenados en 1985, Videla y Massera a reclusión perpetua, lo que supuso un hito mundial. En su célebre alegato final, el fiscal Julio César Strassera dijo que el proceso había significado «una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después».
Cualquier intento de blanqueamiento, negacionismo o justificación de la dictadura o de los crímenes de lesa humanidad es otra abominación. Y es algo que no solo vale para Argentina, sino también para otros países como el nuestro. Nunca más.