En los últimos tiempos las plataformas de televisión han apostado por realizar programas, series y documentales sobre hechos muy mediáticos. También hay editoriales que han hecho algo parecido a través de publicaciones de libros. No tengo nada que decir al respecto, y más si hay un público detrás respaldando estos contenidos, pero sí que es cierto también que hay una línea que a mi juicio no se puede traspasar: no se puede hacer negocio con el dolor de las familias (que son las primeras a las que habría que consultarles su opinión). Lo lamentable es que a esas empresas que han metido la pata no les preocupa su reputación por haber metido la pata, sino buscar una alternativa para salvar los costes económicos que supuso la elaboración del trabajo.
Ruth Ortiz (la madre de Ruth y de José, los pequeños que fueron asesinados por «su padre» [si es que se merece esa catalogación], José Bretón) ha conseguido parar el lanzamiento de un libro en el que se relata, paso a paso, cómo el parricida asesinó a sus hijos. Estamos ante un caso terrible por el que se le condenó a prisión permanente revisable y en él quedó demostrado que su objetivo fue dañar a la que era su pareja. Hubo otro caso horrible también en el que una productora pretendió centrar la atención en la persona que cometió el homicidio. Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz (conocido como «pescaito»), tuvo que salir a protestar por la realización de un documental a Ana Julia Quezada. Menoscabar la imagen del pequeño y su memoria solo sirve para dañar innecesariamente a su familia, por lo que espero que no se repitan en el futuro más casos parecidos.
No me queda muy claro si Vox ha ido al rescate de un cadáver político o si más bien han hecho una especie de OPA hostil para gobernar, de manera indirecta, el País Valenciano. Sea cual sea la respuesta correcta, lo cierto es que el PP se encuentra con un nuevo obstáculo en su intento de quitarse de encima a Carlos Mazón (algunas fuentes señalan como fecha clave el 13 de julio, porque desde día el todavía President de la Generalitat se garantizaría un sueldo público de 75.000 euros durante dos años). Es evidente que todos los gobiernos necesitan el respaldo del parlamento para sacar adelante sus iniciativas (especialmente la que tiene que ver con los presupuestos), pero lo lamentable es que el Partido Popular no tiene ningún reparo en pactar con la ultraderecha (entre otras cosas porque parte del discurso en algunas materias lo comparten al cien por cien).
En un lugar donde los efectos de la dana del 29 de octubre dejaron a su paso un desastre absoluto, con más de doscientas vidas humanas perdidas, es cuanto menos sonrojante que se hable a la ligera de «dogmatismo climático» (y más cuando tu partido es uno de los que apoyaron el Pacto Verde en el seno de la UE). Todo lo que se conoce del acuerdo entre ambas formaciones políticas supondrá aplicar recortes. Esos retrocesos se verán en el capítulo de subvenciones a la lengua valenciana y a las ayudas a cooperación y se suprimirán partidas como la de memoria histórica y a políticas de igualdad. No podía faltar tampoco el tufillo xenófobo y racista negándose a acoger a los 477 menores no acompañados que le corresponden (como bien dice el Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ¿por qué si son ucranianos y de piel clara no hay ninguna dificultad pero en cambio sí la hay para quienes su piel es oscura?).
Carlos Mazón podrá seguir huyendo hacia delante pero lo único que conseguirá es incrementar su indecencia. Es incapaz de pisar la calle (solamente apareció de incógnito el miércoles por la noche para ver ‘la cremà’ de la falla municipal) y de acudir a eventos sin ser recriminado. Ha conseguido que todas las críticas a la gestión se hayan centralizado en él concretamente, y anda que no hizo esfuerzos la órbita mediática de la derecha para desviar las responsabilidades y las culpas a otras administraciones. Ojalá conozcamos pronto toda la verdad de lo que estuvo haciendo ese día (por muy reprochable que pudiera ser todo lo que ocurrió en El Ventorro).