Trump decide ahora quien es «terrorista» y le puede tocar a cualquiera que se atreva a alzar su voz
18 mar 2025 . Actualizado a las 05:00 h.La diferencia entre elegir un Presidente que desarrolle su acción ejecutiva sujeto a las leyes, bajo la posible revisión jurisdiccional de sus actos, integrado en el régimen institucional de controles y contrapesos, y que respete los derechos fundamentales; o elegir un líder que invoque encarnar el espíritu del pueblo, al que la muchedumbre jalee para que actúe sin límites en la salvación de la nación (del enemigo interior o exterior, como les gusta recordar), mientras los poderes llamados al control se pliegan a su voluntad, es la diferencia entre la democracia avanzada y la dictadura populista. Parece mentira que haya que recordarlo, y creíamos que el proceso que hundió la República de Weimar en unas semanas era único en su especie. Y, aunque probablemente la historia no se repita con exactitud, desde luego rima. Estados Unidos, desde el 20 de enero, se somete a la mayor prueba de estrés que la una democracia avanzada haya conocido, y muchas de las resistencias y contenciones se erosionan o se rompen con rapidez, como los mamparos del Titanic.
Entre otros muchos desmanes con la rúbrica psicopática del emperador, a las firmas de abogados que participaron en las acciones dirigidas a investigarle (Perkins Coie y Paul Weiss, hasta ahora), Trump les dirige órdenes ejecutivas específicamente diseñadas para perjudicar el ejercicio de su labor. A los medios que no le bailan el agua, les impide el acceso a fuentes oficiales o directamente les veta, como ha hecho con Associated Press, por no querer llamar «Golfo de América» al Golfo de México. A los jueces que osan cuestionar la constitucionalidad de sus medidas, el Vicepresidente Vance, les amenaza sin reparo con su lengua y ademanes de sicario. A las Universidades que considera contrarias a su ideario nacional-populista, les retira la financiación entre una avalancha de comentarios denigratorios. Y, ahora, a las personas con residencia legal (incluso de carácter permanente, titulares de la Green Card) que juzgan incómodas por atreverse a clamar contra el apoyo norteamericano al genocidio en Gaza, les detiene y pretende expulsar. Lo hace bajo la argumentación del Secretario de Estado de que es decisión exclusiva del Gobierno, y sin control posible, determinar graciosamente quién puede permanecer en el país, sin legislación de extranjería (de por sí restrictiva) que valga; y que un extranjero que protesta contra la atrocidad en Palestina, debe ser expulsado, aunque no pese ningún cargo penal sobre él.
Es lo que quieren hacer con Mahmoud Khalil, palestino graduado por la Universidad de Columbia que participó activamente en la acampada de solidaridad con Gaza en el campus, donde dio la cara negociando con la universidad y hablando con la prensa. Tiene la condición de residente legal permanente en Estados Unidos y está casado con una ciudadana estadounidense que está embarazada de su primer hijo, que se espera que nazca en abril. El 8 de marzo de 2025, unos agentes del Departamento de Seguridad Nacional vestidos de civil arrestaron a Mahmoud en su apartamento de la universidad. Los agentes afirmaron que el Departamento de Estado había revocado su visado de estudiante. Cuando su esposa mostró a los agentes que Mahmoud era titular de la Green Card, le dijeron que también se le había revocado la residencia permanente. A Mahmoud lo recluyeron inicialmente durante un breve periodo en un centro de detención para migrantes en Nueva Jersey y, posteriormente, lo trasladaron a otro ubicado en Luisiana (a 2.200 km de su lugar de residencia), sin notificárselo a sus abogados ni a su esposa, a pesar de que su caso de hábeas corpus estaba pendiente en Nueva York. Sus familiares y abogados estuvieron 24 horas sin noticias de su paradero. Normalmente, a las personas con residencia legal permanente no se les puede revocar su condición sin la celebración de una vista judicial y sentencia condenatoria por dos delitos que tengan prevista esa medida. Contra Mahmoud Khalil no se ha dictado ninguna sentencia condenatoria y en ningún momento fue arrestado durante las protestas en la Universidad de Columbia en la primavera de 2024. El 12 de marzo, un juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York celebró una vista sobre el recurso de hábeas corpus presentado por los abogados de Mahmoud Khalil. Éstos han pedido que el tribunal declare ilegales las acciones de las autoridades de inmigración, que se devuelva a su cliente a Nueva York y que sea puesto en libertad de inmediato. Ahora Mahmoud Khalil debe comparecer en Luisiana en una audiencia inicial de inmigración prevista para el 25 de marzo. Actualmente está detenido en un centro del Inmigration and Customs Enforcement (ICE) conocido como centro de detención de La Salle, en Jena (Luisiana), que tiene un largo historial de condiciones crueles, abusos físicos y sexuales, y atención médica inadecuada.
Mahmoud Khalil ha sido atacado por su papel en las protestas estudiantiles del año pasado en la Universidad de Columbia. El Departamento de Seguridad Nacional declaró que la detención y la deportación de Mahmoud respondían a la Orden Ejecutiva 14188 (29 de enero) de Trump sobre el antisemitismo; acusación que permite, como se ve, con solo formularla, cualquier efecto destructor sobre el acusado. Dicha orden fue resumida por Trump en su red Truth Social en estos términos (4 de marzo) (traducido y con las mayúsculas del original): «Se SUSPENDERÁ toda financiación federal para cualquier colegio, escuela o universidad que permita protestas ilegales. Los agitadores serán encarcelados y/o enviados permanentemente de vuelta al país del que proceden. Los estudiantes estadounidenses serán expulsados permanentemente o, dependiendo del delito, arrestados. ¡NO MÁSCARAS!». Y tras la detención de Mahmoud Khalil ha señalado, por la misma vía, que «Este es el primer arresto de muchos que vendrán. Sabemos que hay más estudiantes en Columbia y otras universidades de todo el país que han participado en actividades proterroristas, antisemitas y antiestadounidenses, y la Administración Trump no lo tolerará. Muchos no son estudiantes, son agitadores a sueldo. Encontraremos, detendremos y deportaremos a estos simpatizantes terroristas de nuestro país, para que no vuelvan nunca más». Naturalmente, obvia, además de los datos del caso de Mahmoud Khalil, que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege la libertad de expresión y el derecho de reunión, sin distinción de nacionalidad, y que los tribunales norteamericanos han interpretado en un sentido amplio y protector el ejercicio de tales derechos, al menos hasta ahora. Sin embargo, Trump decide ahora quien es «terrorista» y le puede tocar a cualquiera que se atreva a alzar su voz.
Amnistía Internacional, Human Rights First y la American Civil Liberties Union, entre otras muchas entidades con fuerte presencia en Estados Unidos, han clamado por la libertad de Mahmoud Khalil. Su caso es emblemático, por muchas razones. Empezando porque sufre el zarpazo represivo por su compromiso en defensa de la vida de los palestinos, sometidos a condiciones infrahumanas o asesinados en masa en meses de bombardeos y de una acción militar inmisericorde. Siguiendo porque es la muestra de la cruda y radical capacidad de disposición sobre la libertad de las personas que el Gobierno de Trump se atribuye y ejerce. Y finalizando porque una parte de la sociedad civil norteamericana parece despertar para evitar este cruel atropello, y es necesario que tengan éxito y pongan freno a esta canallada. Si la detención de Mahmoud Khalil se prolonga o, si aún peor, acaba siendo deportado, su caso marcará el tono y los límites del poder, o más bien la total ausencia de ellos, durante el resto del mandato, convirtiendo los derechos civiles en vapor evanescente.