El 28 de julio de 1794, la guillotina decapitó a Maximilien de Robespierre. Apenas un par de años antes, tras imponerse por la fuerza a otras facciones revolucionarias, al frente del Comité de Salvación Pública estableció una política radical que llevó al cadalso a cuarenta mil personas. El pretexto era proteger a la República de sus enemigos externos e internos.
Asustados por el impacto que las políticas de Robespierre habían generado, conscientes de que serían acusados de ser responsables de los excesos cometidos, algunos de sus cómplices conformaron un grupo de oposición que acabó por apartarle del poder. La deriva robespierrista había convertido la Revolución en un proceso ajeno a cualquier garantía legal. Por ello, el propio Maximilien de Robespierre, como tantos otros, fue ejecutado sin juicio previo.
Dos siglos después, dando por supuesto que en esta parte del mundo —afortunadamente— la eliminación política no conlleva la física, se podría decir que Juan Carlos Monedero e Iñigo Errejón padecen el «síndrome Robespierre».
Impulsores, con el viento favorable del 15M, de políticas populistas de izquierda, no tuvieron reparo en impulsar derivas extremas del feminismo. Antepusieron a la justa causa de lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres una mal llamada «discriminación positiva» en la que todo hombre acusado por una mujer de haberla agredido es, de inicio, culpable. Fracturaron el Estado de Derecho, primero a través de medios de comunicación afines y redes sociales, y después, con el apoyo de un PSOE empeñado en continuar en Moncloa a cualquier precio, mediante chapuceras reformas legislativas.
El fin no era poner fin a la violencia de género y a toda discriminación sufrida por la mujer, sino implantar la ideología extrema de una minoría política. Como Robespierre, hoy Monedero y Errejón son víctimas de sus propias políticas. Sus compañeros de partido, en un ejercicio hipócrita de desconocer los supuestos abusos cometidos, se han convertido en sus verdugos. En algunas redes sociales y medios de comunicación son tratados como agresores sexuales condenados.
España es un Estado de Derecho donde la culpabilidad de un delito debe señalarla una sentencia judicial. Las denuncias deben presentarse en los juzgados, no de forma anónima en Facebook y X. Utilizar posibles acciones machistas, archivadas durante años, para usarlas hoy como arma en guerras internas de partido, merma el auténtico y justo fin del feminismo. Muchas son las diferencias entre la Francia revolucionaria de finales del siglo XVIII y la España actual. Robespierre impuso el Terror y acabó siendo ejecutado sin las mismas garantías que sus víctimas.
Monedero y Errejón han intentado aniquilar la presunción de inocencia de cualquier hombre. Defendiendo que incluso ellos son inocentes hasta que un tribunal de justicia sentencie lo contrario, contribuiremos a que no lo consigan. «Es de temer que la revolución, como Saturno, acabe devorando a sus hijos». Pierre Victurnien Vergniaud.