No será porque no se viera venir que el derecho a la vivienda acabaría haciendo saltar por los aires una situación insostenible para miles de familias. La falta de valentía política para abordar problemas de primer orden social ha producido esta nueva crisis en un país donde, sumado a otros problemas ya conocidos, vivir dignamente es cada vez más difícil. No es de extrañar que el desencanto social comience a desbordarse, y esto no puede resolverse a base de represión, sino con soluciones. La falta de vivienda en todo el Estado español es un problema complejo y urgente, con raíces en diversas causas económicas, sociales y legislativas. Muchas viviendas disponibles están dirigidas a un sector de mercado con alto poder adquisitivo, lo que excluye a gran parte de la población. La acumulación de propiedades por grandes empresas, bancos y fondos de inversión, que monopolizan el mercado, reduce la oferta y eleva los precios. En ciudades como Barcelona, Madrid y otras zonas turísticas, como Asturias, el auge de los alquileres a corto plazo ha encarecido los precios y reducido la oferta para alquileres a largo plazo.
La capacidad adquisitiva de muchas familias no se corresponde con los precios de mercado de alquiler. En comparación con otros países europeos, España tiene un porcentaje muy bajo de vivienda destinada a alquiler social. Establecer una ley que diferencie entre pequeños propietarios y grandes acaparadores podría ser una medida clave para abordar el problema. Por ejemplo, a los pequeños propietarios se les podrían otorgar incentivos fiscales y ayudas para que puedan mantener precios razonables en sus alquileres. Por otro lado, sería necesario aplicar regulaciones más estrictas a los grandes tenedores para limitar los aumentos abusivos de precios y obligarlos a destinar parte de su patrimonio especulativo a alquileres más asequibles. Esta diferencia permitiría proteger a los pequeños propietarios, que suelen depender del alquiler como un complemento a salarios muy bajos, mientras se evita que los grandes poseedores de vivienda sigan monopolizando el mercado.
Existen también otras medidas complementarias que podrían aplicarse, como fomentar la construcción de vivienda pública, intervenir en la construcción de viviendas protegidas destinadas al alquiler asequible y recuperar viviendas vacías para ponerlas en circulación bajo gestión pública. Otra línea de actuación sería regular el precio del alquiler mediante límites a los aumentos en zonas de alta demanda, siguiendo el ejemplo de países como Alemania o Francia, y creando índices de precios máximos en función del ingreso medio local. El control de las viviendas destinadas al alquiler turístico es otra medida imprescindible. Podría complementarse estableciendo cuotas o restricciones en las zonas afectadas y exigiendo licencias estrictas para este tipo de alquileres, priorizando las necesidades de los residentes locales.
Además, mejorar las condiciones laborales y salariales es fundamental para que las familias puedan afrontar los gastos de vivienda sin comprometer sus necesidades básicas. Aumentar los salarios y fomentar la estabilidad laboral son pasos necesarios en este sentido. También resulta interesante apoyar modelos alternativos como las cooperativas de vivienda en cesión de uso, que permiten el acceso a la vivienda a precios más bajos sin necesidad de propiedad individual. Las consecuencias de no actuar a tiempo son claras y preocupantes. Podríamos enfrentarnos a un aumento de la exclusión social y desahucios masivos indiscriminados, una mayor desigualdad entre quienes pueden acceder a la vivienda y quienes no, y al éxodo de jóvenes y familias trabajadoras de las ciudades. Esto último afectaría negativamente la sostenibilidad económica y demográfica, agravando aún más la situación general, ya de por sí insostenible, si consideramos otros factores sociales sin visos de mejora a corto ni medio plazo.
La solución requiere un equilibrio entre los derechos individuales y el bien común. La vivienda es un derecho fundamental, y, aunque el mercado es importante, no puede ser el único regulador. Políticas bien diseñadas y aplicadas con rapidez, seriedad y rigor son fundamentales para evitar el colapso social. Sería un buen momento para que la clase política demuestre a la ciudadanía que hacer política no consiste en ofrecer imágenes vergonzosas de insultos y descalificaciones en una guerra de poder. La conclusión que podemos sacar de esto es que los problemas de las personas afectadas por esta situación no les importan en absoluto. Hacer política significa abordar estos problemas y resolverlos eficazmente en favor de la colectividad social que los padece.
Todo ello sería mucho más importante que su lucha por el poder, basada en cálculos numéricos, posibles mociones de censura y atajos para llegar al poder cuanto antes, mientras miles de familias padecen situaciones críticas por su irresponsabilidad e incapacidad para resolver asuntos de extrema gravedad como el que nos ocupa.