Difamar, mentir y poner denuncias falsas para destruir les sale gratis a quienes lo practican
OPINIÓN
Acabamos un año dramático en cuanto al desgarro político que se está produciendo en todo el país, y tiene pinta que, en el nuevo, todo va a seguir igual. Solo se habla de la difusión de bulos, denuncias falsas, mentiras y acusaciones en los medios y RRSS que todos niegan o manipulan, según les afecte a unos u a otros. ¿Dónde estaban entonces los ahora afectados por esas prácticas mafiosas que ellos mismos alimentaban y ahora, cuando les toca en la misma fibra, denuncian tan dolidos y ofendidos, cuando otro partido político sufrió estas consecuencias y peores aun durante más de ocho años con su complicidad? A esto voy hacer referencia en este artículo, porque considero que es importante recordar como la máquina del fango político lo acaba embarrando todo, convirtiendo la política en un inmenso lodazal de descrédito social.
La intensa campaña mediática, política y judicial contra Podemos, que incluyó bulos, difamaciones, acusaciones y denuncias judiciales, todas ellas desestimadas o archivadas, responde a varios factores complejos y a un contexto político y social particular en el Estado español. Podemos surgió en 2014 como un partido nuevo, antisistema y con un discurso radicalmente diferente al de otras fuerzas políticas tradicionales, lo que lo convirtió en un objetivo claro para quienes se veían amenazados por su éxito. De ahí las principales razones de este fenómeno y los objetivos que podrían estar detrás de tanta difamación.
Podemos irrumpió en la política con un discurso frontalmente crítico contra el bipartidismo (PP y PSOE) y los poderes económicos tradicionales, defendiendo una redistribución de la riqueza, la lucha contra la corrupción y la ampliación de derechos sociales. Esta posición representaba una amenaza para todo el entramado político y económico, que tenía interés en debilitar a una fuerza que prometía cambios estructurales en la política española, muy acomodada en el bipartidismo claudicante ante los grandes poderes económicos.
La entrada de Podemos al panorama político supuso además un reto directo a las élites económicas, que tradicionalmente influyen en los medios de comunicación, el sistema judicial y las estructuras del poder político. Al plantear medidas como el aumento de impuestos a los ricos o una mayor intervención del Estado en la economía, Podemos desafió directamente a estos actores, que, en muchos casos, vieron como su mejor opción intentar destruir su imagen y credibilidad, a la que se unieron otros sectores políticos que veían en la caída de Podemos la posibilidad de medrar en un nuevo espacio en el actual panorama político.
Muchos medios de comunicación están mayoritariamente controlados por grandes grupos empresariales que a menudo tienen vínculos con los intereses económicos y políticos dominantes. Podemos al tener un discurso antioligárquico y criticar la concentración del poder mediático, fue percibido como un peligro para esos grupos. Algunos medios de comunicación se sumaron activamente a la campaña de desprestigio, difundiendo bulos o dando eco a acusaciones judiciales que, más tarde, fueron archivadas, pero que, en el momento de su difusión, cumplían su objetivo de dañar la imagen pública del partido.
Por ejemplo, las acusaciones de irregularidades en la financiación del partido, el supuesto caso Neurona o las acusaciones sobre la caja B de Podemos ocuparon titulares desde su fundación, aunque finalmente estas causas fueron desestimadas. Pero el daño a la imagen del partido ya se había hecho. Los medios también se centraron en aspectos de la vida personal de algunos de sus líderes, como Pablo Iglesias, Irene Montero o Ione Belarra, de una manera que jamás en la historia política se había visto con ningún otro partido político.
El fenómeno de la judicialización de la política se ha intensificado en España en los últimos años, y Podemos ha sido uno de los principales afectados. Esto incluye la estrategia de llevar a los tribunales denuncias sin fundamento, con el objetivo de generar titulares negativos y crear una nube de sospechas en torno al partido. Aunque todas estas causas fueron archivadas, la dilación de los procesos judiciales permitió que las noticias sobre las investigaciones se mantuvieron en la opinión pública, generando dudas sobre la honestidad y la ética del partido.
Un ejemplo claro fue la Operación Tándem, en las que se revelaron las actividades del excomisario Villarejo, quien participó en operaciones de guerra sucia contra políticos y figuras públicas, incluyendo a Podemos. Este tipo de operaciones, que consistía en la fabricación de pruebas y la difusión de información falsa, contribuyeron a un ambiente de constante hostilidad hacia el partido.
Podemos no solo representaba un desafío para todo el sistema político español, sino también para la izquierda tradicional (PSOE e IU). Su éxito inicial provoco que el PSOE viera en Podemos un competidor directo por el electorado de izquierda. Esto motivó a que incluso algunos sectores dentro de la propia izquierda atacaran al partido, ya sea de manera abierta o sutil, contribuyendo así al descrédito.
La aparición de Podemos se produjo en un contexto de crisis económica y social tras el colapso financiero de 2008 y la gestión de la misma. Muchos sectores de la sociedad, especialmente los más vulnerables, acogieron con esperanza el mensaje de cambio de Podemos, lo que provocó una reacción de rechazo por parte de otros sectores más conservadores o acomodados, que veían en el nuevo partido una amenaza a sus privilegios. Esta polarización se reflejó en la política, los medios y la justicia.
El miedo a una radicalización de la política española propició a que se presentara a Podemos como una fuerza desestabilizadora, asociándola a otros países extranjeros (como Venezuela) o acusándola de poner en peligro la estabilidad del país. Este tipo de mensajes, repetidos insistentemente en los medios, fomentaron una percepción negativa en parte de la población, que era lo que se pretendía para reducir su potencial inicial.
El objetivo principal de esta campaña mediática y todo el lawfare judicial sufrido en todos estos años era claramente una operación para desgastar la imagen de Podemos y de sus líderes para que perdieran apoyo electoral y su capacidad de influir en el debate político. La demonización constante buscaba asociar al partido con la corrupción, la ineficacia y el extremismo radical, lo que podía desmovilizar a sus votantes potenciales y, al mismo tiempo, reforzar la idea de que no era una opción fiable para el gobierno.
Otra meta era también debilitar a toda la izquierda en su conjunto. Si Podemos era visto como un partido «tóxico» o polémico, esto también afectaba la percepción de otras fuerzas de izquierda con las que podían formar coaliciones, lo que facilitaba la hegemonía del PP y el PSOE en el modelo político de siempre.
El lawfare constante contra Podemos puede entenderse como una reacción defensiva del sistema político tradicional frente a un partido que amenazaba con configurar las bases del poder en todo el Estado español. La convergencia de intereses entre ciertos medios de comunicación, actores judiciales y políticos contribuyó a crear un clima de descalificación y bulos que tuvo un efecto significativo en la percepción pública de Podemos. Aunque ahora ya sabemos que todas esas acusaciones fueron desestimadas o archivadas, como la última del caso Neurona, que llevó ríos de tinta con grandes titulares para publicar, pero ninguno para desmentir, el impacto negativo en la imagen del partido se consolido, afectando su capacidad para crecer y consolidarse como una fuerza política transformadora.
De todo ello, si hay algo que es seguro, que nadie pagará ni reparará el daño causado a una organización democrática. La impunidad por increíble que parezca continuará su camino en un país que califican como una de las democracias más garantistas de Europa. La complicidad del presidente Pedro Sánchez en el lawfare contra Podemos fue determinante para poder llevarla a cabo, quien lo diría, que ahora le tocaría muy de cerca también al propio presidente y que el arma que él utilizó en esa guerra sucia iba a disparar contra sí mismo y su partido, en el caso de su esposa Begoña Gómez y su hermano David Sánchez y otros casos de corrupción interna de los cuales no se sabe cómo será su final. Sin embargo, de los de Podemos sí que se conocen y de lo que el propio presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Diaz, el PSOE y sus socios de gobierno Sumar, deberían sentir vergüenza y pedir perdón.
Es indignante ver la degradación a la que está llegando la política, sabiendo que mientras a unos se les difama para apartarlos de la política por no hincar la rodilla ante los poderosos, a otros como la institución monárquica con todos los escándalos del rey emérito, o la presidenta de la Comunidad de Madrid y a su pareja Alberto González por citar algunos casos que son incuestionables, se les permite delinquir abiertamente, riéndose de toda la ciudadanía a sabiendas de que cuentan con todo el apoyo judicial y mediático.
Pónganse las pilas señores del poder político para acabar con tanta impunidad judicial, y mediática, o si lo prefieren, pidan turno para ponerse a la larga cola de la siguiente víctima.