El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó (Resolución 217 A, III) la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), sobre las cenizas de la II Guerra Mundial y del genocidio frente a la población judía en Europa. Conjurándose contra los «actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad» (como reza su preámbulo) y señalando como causa principal de tales estragos «el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos», las naciones del mundo respaldaron esta Declaración. Proclama que es la inspiración del sistema del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, recogido en todo el haz de tratados (de vocación universal o regional) y su recepción en las distintas legislaciones nacionales de los Estados que se han comprometido a incorporarlos a su ordenamiento y a conducirse bajo sus reglas.
Un día antes, la misma Asamblea General de Naciones Unidas había aprobado y abierto a la firma, en su Resolución 260 (A) III, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que entró en vigor en 1951. La Convención es uno de los tratados internacionales con más ratificaciones (153 Estados), y por lo tanto, con mayor vocación universal. La vinculación con la DUDH es evidente, como expresión del propósito de enmienda de la humanidad sobre los atroces crímenes del pasado reciente, y como parte del esfuerzo para que, mediante su tipificación y persecución penal, con la acción de los tribunales naciones e internacionales, el crimen de genocidio no quedase impune. Precisamente, en ese esfuerzo de definición del crimen de genocidio, está la impronta del jurista Raphael Lemkin, judío crecido académicamente en la Universidad de Leópolis (Lviv, hoy en el territorio de Ucrania). Lemkin escapó a tiempo del terror desatado por el nazismo y estudió a conciencia la arquitectura jurídica discriminatoria y deshumanizante, y la praxis de crueldad y destrucción que condujo a la Shoah, y cómo a la comunidad internacional puede hacer rendir cuentas a los perpetradores. Así, la Convención constata que «para liberar a la humanidad de un flagelo tan odioso se necesita la cooperación internacional» (en términos de su preámbulo), y pone también el acento en la prevención y en la utilización de la justicia nacional e internacional para evitar la impunidad del genocidio.
76 años después, conmemoramos el aniversario de la DUDH y de la Convención bajo la sombra de un genocidio, nuevamente. Con la diferencia sustancial de que éste se encuentra en curso, y, paradojas de la historia, quien lo lleva a cabo es la poderosa maquinaria de guerra israelí, unida a la intención destructora de sus gobernantes, en un contexto internacional que lo propicia, al armar a Israel y consentir los crímenes ordenados por sus líderes. Amnistía Internacional ha publicado el pasado 5 de diciembre el exhaustivo informe «Como si fuéramos seres infrahumanos: el genocidio de Israel contra la población palestina de Gaza» en el que analiza cómo la respuesta militar a los horrendos ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y toda la actuación posterior durante los catorce meses de guerra ha tenido como denominador común, no sólo el desprecio por la vida de los civiles, sino la vocación de destrucción de la población palestina. Ataques sobre escuelas, centros sanitarios, colas de recogida de alimentos y sobre lugares previamente declarados seguros por el propio ejército israelí, uso del acceso a la alimentación o al agua como arma de guerra, desplazamientos forzosos de la población (el 90% de la población gazatí se ha visto desplazada, parte de ella en varias ocasiones), destrucción masiva de las viviendas, infraestructuras y explotaciones agrícolas, y creación de franjas totalmente arrasadas en el perímetro de la Franja y separando con una línea divisoria de total destrucción las ciudades de Jabalia, Beit Hanoun y Beit Lahia en el Norte. La generación intencionada, en suma, de condiciones de existencia que lleven a su destrucción física, total o parcial, en una Gaza arrasada e inhabitable. Unida a la matanza de miembros de la población palestina y la lesión grave a su integridad física o mental, en una violencia sin fin que, a fecha 7 de octubre de 2024, ha acabado con la vida de 42.010 personas (13.319 niños) y con 97.590 heridas; Como relata el informe «el número real de muertes causadas durante la ofensiva podría ser mayor y no se conocerá hasta que haya terminado el conflicto y los equipos de rescate hayan podido contarlas tras recuperar los cadáveres sepultados bajo los escombros». La desesperación de vivir en un infierno donde cada día puede ser efectivamente el último y donde escapar de los ataques, del hambre, la sed y la enfermedad es el único objetivo de la jornada, nos trae a la mente, ciertamente, el mismo nivel de terror que en los genocidios reconocidos de nuestra historia más próxima.
La acción de la justicia es determinante para poner fin al horror y evitar que el genocidio alcance proporciones aún superiores. El hecho de que la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional haya estimado la solicitud de la Fiscalía de detener al Primer Ministro Benjamín Netanyahu y al ex Ministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y contra la humanidad, es un paso determinante. Decisión que debe completarse con la ampliación de la investigación al crimen de genocidio, que también es competencia de la Corte. No olvidemos que, lejos de ser un «daño colateral», los dirigentes israelíes han propiciado y deseado el objetivo de destrucción, con sus mensajes repetidos, dirigidos a justificar la aniquilación, la hambruna, la privación de cualquier insumo básico y la deshumanización de la población palestina, tomada por objetivo de un devastador castigo colectivo. Los Estados deben cooperar con la Corte, sin desentenderse de las obligaciones adquiridas (particularmente los firmantes del Estatuto que la regula) y transmitiendo el mensaje de que la inacción ante el genocidio no es una opción admisible, ni ética ni jurídicamente, máxime en el caso de los países adheridos a la Convención de 1948 (empezando por Estados Unidos y Alemania, principales suministradores de armamento a Israel).
Probablemente la perpetuación del conflicto en esta zona del mundo y asistir una vez más a episodios del indecible sufrimiento de la población palestina no nos permita apreciar la dimensión de la tragedia a la que asistimos. Pero, lo cierto es que en la opinión pública mundial, que trasciende con mucho a las sociedades occidentales (en amargo proceso de involución en materia de derechos humanos), la huella del genocidio en Gaza y su impacto en la percepción sobre el orden mundial, es ya imborrable. Es la marca de un tiempo y, para las generaciones más jóvenes de Sur global, tiene el mismo impacto que otros episodios dramáticos de la historia tuvieron en la conformación de nuestra manera de ver el mundo (empezando por el propio Holocausto). No obstante, más allá de las enseñanzas que provea para la historia y de la incidencia que el uso desvergonzado de dobles estándares tiene en las circunstancias que alimentan este genocidio, de lo que se trata sobre todo es ponerle fin cuanto antes y proteger a la población civil en el conflicto. Una tarea a la que todos, como portadores de la misma dignidad humana que arrebatan a los palestinos, estamos convocados.