Pensiones más justas, sociedad más fuerte
OPINIÓN
El 1 de enero del 2025, las pensiones contributivas aumentarán un 2,8 %, en línea con la evolución del IPC, beneficiando a 9,3 millones de pensionistas, cuya pensión media está en torno a los 1.400 euros y se incrementara en unos 40 euros al mes. Este aumento tiene efectos sobre el poder adquisitivo, el bienestar económico y la disminución de la desigualdad (por el incremento diferencial mayor en las pensiones no contributivas, que reduce la brecha económica y social), a pesar de que, aunque necesarios, plantean preguntas sobre su efectividad para abordar las causas estructurales de la pobreza. El porcentaje de pensionistas en riesgo de pobreza, según el INE, es menor que el de otros colectivos, lo que sugiere que el sistema de pensiones ha sido efectivo en su función de red de seguridad.
Sin embargo, el debate se intensifica al observar la desconexión entre las pensiones y las condiciones del mercado laboral. Con el paro juvenil español rondando el 30 % y un mercado caracterizado por la temporalidad y los bajos salarios, el contraste entre la estabilidad de las pensiones y la precariedad de los trabajadores activos genera tensiones sociales. Es cierto que el aumento de las pensiones puede estimular el consumo interno, pero también lo es que la comparación entre la situación de los pensionistas y la de los trabajadores activos pone de manifiesto un problema estructural en España, vinculado a la situación del mercado laboral, con bajos niveles de productividad, trabajos precarios y elevadísimos niveles de desempleo juvenil; lo que podría aumentar la percepción de desigualdad por parte de los jóvenes, quienes tienen menor protección frente a la inflación; o que los trabajadores en activo perciban una mayor presión fiscal para financiar las pensiones, lo que podría devenir en tensiones intergeneracionales, malestar social o percepciones de inequidad, ya que «un sistema justo debe combinar la eficiencia económica con la equidad social» (Amartya Sen).
Otro aspecto para la reflexión son los posibles impactos territoriales, ya que el efecto de la subida de las pensiones no contributivas no es homogéneo en toda España. Comunidades como Andalucía, Extremadura y Galicia, con una mayor proporción de personas mayores en riesgo de exclusión, se benefician especialmente de estas medidas. Aunque el incremento es uniforme en porcentaje, las diferencias absolutas en euros reflejan las disparidades existentes. Por ejemplo, en el País Vasco, donde la pensión media supera los 1.600 euros, el aumento sería de unos 45 euros mensuales, ampliando la brecha con Galicia.
La indudable buena noticia de la revalorización de las pensiones, para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas (contributivas) y reducir la desigualdad (no contributivas), no debe perder de vista la sostenibilidad del sistema, tal como señalan expertos como Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, que advierten sobre la necesidad de revisar el sistema actual para garantizar su sostenibilidad a largo plazo, ante la jubilación de la generación del baby boom.
Habría que abordar políticas complementarias que refuercen su eficacia y eficiencia y mejoren el clima social. Por ejemplo, la subida de las pensiones no contributivas es positiva, pero insuficiente sin reformas estructurales. Además, debe controlar el riesgo de informalidad y mejorar el acceso a servicios sociales en regiones menos favorecidas, lo que reduciría las disparidades territoriales y sociales. Con este enfoque, será más viable garantizar una cohesión intergeneracional duradera, donde trabajadores y pensionistas sean aliados ante un futuro más justo y sostenible. Así podremos evitar que el remedio de hoy se convierta en el problema de mañana.