Hakamada Iwao es un ciudadano japonés de 88 años que en este año 2024 ha visto su condena a muerte revocada, siendo finalmente absuelto. Se trata de la persona que ha pasado más tiempo en el corredor de la muerte, 45 años en su caso. Fue condenado en 1968 por el asesinato de cuatro miembros de una misma familia, y dicha condena se fundamentó en su confesión tras 20 días de interrogatorio policial. Después de toda una vida en prisión reclamando que dicha confesión fue forzada, en 2014 aparecieron nuevas pruebas de ADN y, en 2023, un nuevo juicio permitió su absolución. Pese a la abrumadora injusticia del caso, Japón sigue manteniendo la pena de muerte en su legislación penal. La última ejecución en el país, mediante ahorcamiento, se llevó a cabo en 2022.
Mantener la pena de muerte no sólo comporta admitir la posibilidad estadísticamente inevitable de ejecutar a una persona inocente. Supone, primeramente, otorgar al Estado la facultad todopoderosa de arrebatar una vida, de manera premeditada y fría. Más aún, como resume Albert Camus en «Reflexiones sobre la Guillotina» (escrito en 1957, cuando la pena de muerte estaba aún muy extendida), atribuir el poder de erradicar la vida a un hombre que se considera absolutamente malvado equivale a considerar al Estado absolutamente virtuoso, lo que «no se lo cree nadie que esté en su sano juicio».
A partir la iniquidad de la pena capital, además, no sólo el error judicial puede acontecer, sino la utilización arbitraria y discriminatoria de la pena de muerte, que es la situación más frecuente. En Estados Unidos, por ejemplo, el sesgo racial en la aplicación de la pena de muerte y la utilización de este castigo frente a personas procedentes de una extracción social menos favorecida, es una constante. Como denuncia Amnistía Internacional, mientras la población negra suma un 13% del total de habitantes, representa el 41% de quienes están en el corredor de la muerte. El último caso es el Richard Moore, varón negro de 59 años, ejecutado en Carolina del Sur el pasado 1 de noviembre (víctima 1.603 de la pena de muerte en dicho país desde la reanudación de las ejecuciones en 1976). El 16 de septiembre de 1999, Moore, drogodependiente durante años, entró en un comercio de Spatanburg, desarmado, y, en el transcurso de un intento de robo, en el que el empleado del comercio blandió un arma, tras un forcejeo se produjeron los disparos que acabaron con la vida del trabajador, resultando Moore herido de bala. Fue juzgado por un jurado compuesto íntegramente por personas de raza blanca y la petición de la pena capital se produjo en un contexto electoral en el que los candidatos para el ministerio público competían por mostrar mayor severidad y respaldo esta pena, en el contexto del populismo punitivo habitual en estos casos. En fechas próximas a la ejecución abogaron por el indulto, entre otras personas, el propio juez al que correspondió presidir el proceso de Moore en 2001 y el ex Director del Departamento de Prisiones. Este último, a la vista de la evolución favorable de Moore en la cárcel, al que consideraba rehabilitado, y de las circunstancias del crimen, entendía que «la conmutación tendría una influencia positiva en cientos de delincuentes a quienes impactaría la historia de redención de Richard y su ejemplo positivo [...] Su historia y su modo de vida le permitiría ser una fuerza influyente para el bien». Además, escribió, «analizado objetivamente, el delito de Richard nunca habría sido considerado para la pena de muerte en la mayoría de los condados de nuestro estado». No hubo clemencia y el Gobernador, Henry MacMaster, no accedió a la solicitud.
Estados Unidos, es además, el ejemplo claro de la falta de eficacia de la pena de muerte como disuasión para el crimen. De los cinco estados con menor tasa de homicidios en 2022 (New Hampshire, Rhode Island, Utah, Massachusetts y Maine) sólo Utah mantiene la pena de muerte; y los cinco que cuentan con mayor tasa de homicidios (Mississippi, Luisiana, Alabama, Nuevo México y Missouri), sólo uno la ha abolido (Nuevo México, para crímenes cometidos a partir de 2009) Por cierto, Trump, tan indulgente para sí mismo y tan feroz punitivista para otros, y defensor de la pena de muerte para crímenes federales (que aplicó en 13 ocasiones durante su primer mandato, tras 17 años sin ejecuciones en ese ámbito), ha planteado en campaña introducir un inusitado y específico componente nacional en la aplicación de la pena de muerte, para inmigrantes condenados por asesinato de norteamericanos.
Como es propio de los Estados investidos de esa capacidad mortífera, la pena de muerte también es utilizada en contextos de represión política o contra minorías. El ejemplo más claro en los últimos años es el de Irán, donde no solo se ha incrementado notabilísimamente el número de ejecuciones (853 en 2023), sino que además éstas se han dirigido específicamente contra personas participantes en las movilizaciones del movimiento «Mujer, vida y libertad» acontecidas a partir de la muerte bajo custodia de la joven kurdo-iraní Jina Mahsa Amini. Es el caso de Reza Rasaei, de la minoría religiosa yaresaní, ejecutado el 6 de agosto de 2024, tras confesión bajo tortura (con signos evidentes de ella en su cuerpo), acusado de la muerte de un agente de la Guardia Revolucionaria durante una protesta. Su mismo camino al patíbulo lo pueden seguir otras seis personas participantes de las manifestaciones contra el régimen; uno de ellos, Mohammad Reza Azizi, de 17 años en el momento de su arresto, y cuya ejecución estaba programada para el 21 de octubre pero fue pospuesta gracias a los llamamientos de la sociedad civil internacional, aunque no ha sido conmutada.
El próximo 30 de noviembre la Comunidad de San Egidio y Amnistía Internacional celebrarán un año más la jornada internacional «Ciudades por la vida, contra la pena de muerte», apoyada por una red de más 2.500 municipios de todo el planeta (entre ellos Oviedo, Gijón y Avilés donde se realizarán actos simbólicos basados en la iluminación de espacios públicos). Se trata de un esfuerzo conjunto y coordinado de las ciudades comprometidas en la lucha contra este castigo vil y embrutecedor. Se conmemora en esa fecha la abolición por el Gran Ducado de Toscana de la pena capital, en 1786; primera de muchas, pues hasta ahora 123 países la han suprimido completamente. Ahora bien, se experimenta un repunte de su utilización en los países que siguen recurriendo a este castigo, pues en 2023, en los 16 que la aplicaron, se registraron 1.153 ejecuciones, con un aumento del 31% respecto de 2022; y ello sin contar los datos de China, Vietnam o Corea del Norte, donde las cifras no son accesibles pero donde son frecuentes las ejecuciones. Es necesario, por ello, seguir manteniendo la presión ciudadana global, para erradicar de las leyes esta expresión de la crueldad estatal y conseguir que la pena de muerte sea una pena en extinción.