Todos los trabajadores de la administración de Justicia, ocupados en la tarea de procurar la efectividad del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos y ciudadanas, desde los jueces y magistrados hasta los fiscales o facultativos forenses y todos los demás funcionarios de la oficina judicial, todos, han encontrado el camino de la paulatina mejora de sus condiciones de trabajo, remuneraciones económicas y mejora de la cobertura de la Seguridad Social.
Todos han podido hacer bandera de sus derechos laborales y sociales mediante el uso de la libertad de asociación, sindical y del derecho de huelga. Todos, menos los abogados y procuradores, que hemos sido históricamente privados de esos derechos, forzadamente sustituidos en la práctica por la actividad de los colegios profesionales, quienes han estado más ocupados en la supervivencia de sus anacrónicas funciones corporativas que en la defensa de los derechos de sus colegiados a quienes han traicionado por entero, especialmente en materia de pensiones.
Paradójicamente, los abogados y procuradores estamos obligados a intervenir en el Turno de Oficio junto con el resto de operadores judiciales: Juez, Secretario, auxiliar, agentes de la policía judicial, todos estos cobrando religiosamente, claro está y de alta en la Seguridad Social por cuenta del Estado, como es de rigor. Pero en cambio, los abogados y procuradores, somos mal pagados y nadie cotiza por nosotros a lo largo de nuestra vida profesional por la prestación del servicio público de justicia gratuita, un derecho que el Estado se precia de garantizar, haciéndolo a nuestra costa; ahorrándose salarios y cotizaciones sin cuento mediante un subterfugio legal. Porque, en realidad, nos subcontrata irregularmente sirviéndose de nuestros colegios profesionales como alcahuetes que se prestan a jugar el triste papel de una especie de Empresa de Trabajo Temporal (ETT).
Para nuestro escarnio, se premia por ello a los Decanos y miembros del Consejo General de la Abogacía (CGAE), imponiéndoles medallas al mérito aunque acaso nunca hayan pisado una comisaría o un juzgado. Para dorarnos la píldora, se nos reconocen méritos de boquilla y se nos mantienen rancios tratamientos, pero en verdad no somos más que trabajadores discriminados: mal pagados, estrujados a impuestos y excluidos de las coberturas ordinarias del sistema público de la Seguridad Social. Sí, sí, convertidos además en carnaza para el negocio privado de las Mutualidades de Previsión Social, de las que somos rehenes, a las que hemos aportado religiosamente nuestras cotizaciones sociales, en unos casos legalmente obligados y, en otros supuestos más recientes, inducidos por un sistema de captación alimentado por los Colegios Profesionales, que si en el Turno de Oficio actúan como ETTS, aquí lo hacen como agentes encubiertos de seguros afectos a la Mutualidad, convertidos en sus comisionistas, cómplices y encubridores.
Que, ¿cómo puede ser posible?: Muy sencillo, por que quien hace la ley hace la trampa, los intereses creados han sido enormes y, en éste caso, un complejo sistema de puertas giratorias entre las altas esferas de la Administración, la abogacía institucional y nuestras opulentas mutualidades, ha funcionado como un poderoso lobby de apariencia respetable y libre de sospecha. Porque esa amalgama capaz de engañar a cualquiera, les ha permitido a los sucesivos gobiernos garantizarse la complacencia de la abogacía institucional y, además, ahorrarse muchos millones a nuestra costa, dejándose llevar y haciendo la vista gorda. Y a las Mutualidades desviar simultáneamente, sin prisa pero sin pausa, recursos de nuestra previsión social al negocio de los seguros privados, vaciando la hucha de la previsión social para ir creando un poderoso holding a costa de arruinar nuestras pensiones. Siempre cuidando, eso sí, de asegurarse el silencio y la imprescindible complicidad de los distintos colegios profesionales y del Consejo General de la Abogacía, por un lado, y de los altos cargos de la Administración, situados en los órganos de control y supervisión de las entidades de previsión social y de los seguros y fondos de pensiones, por otro; mediante un sistema de golosas recompensas a través de las oportunas puertas giratorias.
Los Colegios Oficiales de Abogados, el Consejo General y la Mutualidad de la Abogacía (hoy M a secas) tal como sus homólogos de Procuradores, son parte activa del problema, responsables de un monumental fiasco del que la ruina de las pensiones de abogadas/os y procuradoras/es constituye el más negro capítulo. Pero el Estado es igualmente responsable por acción y omisión. Y entre todos, con la imprescindible participación de los grupos de afectados y sus representantes, están obligados a darle una urgente y adecuada solución al enorme problema de miles de profesionales que hemos sido víctimas propiciatorias del encanallamiento del sistema y nos vemos sumidos en la incertidumbre y abocados a la pobreza.
Y ni el PSOE ni el PP pueden seguir escondiéndose detrás de palabras esquivas frente al unánime clamor de todos los grupos del resto del arco parlamentario, que han comprendido la magnitud del problema y apoyan nuestro inmediato traspaso al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) con la indispensable aportación de los recursos que sean necesarios por parte de nuestras opulentas Mutualidades. Reconociendo, como es de justicia, nuestros derechos adquiridos como cotizantes netos, a razón de 1 año cotizado en la Mutualidad por 1 año cotizado en el RETA. Garantizando tanto a quienes aún sigan en activo como a nuestros pasivos el innegable derecho a percibir de aquí en adelante las correspondientes pensiones del sistema público de la Seguridad Social.