No se lo crea. No falló el sistema, fallaron aquellos que fueron elegidos para gobernarnos. A través de una mezcla de mentiras, estrambóticas conspiraciones y negacionismo climático, algunos se empeñan en hacernos creer que el sistema político en el que vivimos es el responsable de la desastrosa forma en que ha sido gestionada la llegada de la DANA y sus dramáticos efectos en la Comunidad Valenciana.
Son aquellos que, desde los extremos del espectro ideológico, instrumentalizan el dolor de las víctimas de las riadas, alentando una respuesta social radical que cuestione el Estado de Derecho en el que vivimos y arroje a la marginalidad toda posición moderada.
El Estado de las autonomías, articulado por la Constitución de 1978, no es el culpable de la nefasta gestión del citado desastre natural. Los responsables se encuentran al frente del gobierno de la Generalitat Valenciana y del Gobierno de España.
Los mismos que, superados por la magnitud del problema y ajenos al sentido de Estado que exige el cargo que ocupan —y poseídos por un malentendido partidismo—, no dieron una respuesta, en tiempo y forma, que protegiera a sus gobernados.
Se hace imprescindible una inmediata reflexión en el seno del PSOE y del PP que evite en el futuro que la acción de gobierno ante una urgencia se vea paralizada porque el color político entre la administración central y la autonómica sea distinto.
No pueden seguir ni un minuto más en sus cargos quienes se negaban a solicitar ayuda cuando estaban desbordados; como tampoco aquellos que se cruzaron de brazos esperando una petición de ayuda para después usarla con fines electorales como muestra de incompetencia. Ocupen el cargo que ocupen, militen en la formación política en la que militen. Los ciudadanos, a través de sus acciones voluntarias, han señalado el camino correcto a nuestros gobernantes.
En la nación española no hay hueco para colores políticos cuando se hace frente a una situación que hace padecer a un compatriota. Tomen nota aquellos que hoy dirigen las distintas administraciones del Estado y quienes esperan hacerlo tras futuros procesos electorales. La confrontación sectaria, la falta de diligencia en la gestión y la negativa a asumir responsabilidades crea ese pernicioso barro que alimenta a quienes pretenden llevarnos hacia modelos antagónicos del Estado de Derecho.