En las últimas décadas, hemos sido testigos de un creciente número de exhumaciones administrativas de fosas comunes del franquismo. Aunque estas acciones pueden parecer, a primera vista, un paso hacia el reconocimiento de las víctimas, en realidad representan un grave incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y justicia. Lejos de ser un acto de reparación, estas exhumaciones gestionadas por organismos administrativos son un intento de encubrir la responsabilidad del Estado y eludir la intervención de los tribunales que deberían encargarse de estos casos.
Las fosas comunes del franquismo, donde yacen miles de personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente, constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional. Este tipo de crímenes son considerados imprescriptibles y no amnistiables, lo que significa que el paso del tiempo no puede ser utilizado como excusa para evitar su investigación y enjuiciamiento. España, sin embargo, ha optado por un enfoque que deja en manos de organismos administrativos la exhumación de cuerpos, en lugar de permitir que sea el poder judicial quien dirija estas investigaciones y depure responsabilidades. Este proceder supone un grave retroceso en el reconocimiento de los derechos de las víctimas y sus familias. Es el modelo español de impunidad, único en el mundo.
El marco legal internacional, incluyendo convenios como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, establece que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad cuando es parte de un ataque sistemático contra la población civil. Esto implica que los responsables de estas atrocidades no pueden beneficiarse de leyes de amnistía o prescripción. Sin embargo, en España, el sistema judicial ha sido deliberadamente apartado, bajo la excusa de la Ley de Amnistía de 1977 y la falta de voluntad política para aplicar la justicia transicional. Las exhumaciones administrativas, en lugar de ser un paso hacia la justicia, perpetúan la impunidad.
Las víctimas del franquismo tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. El «derecho a la verdad» implica que el Estado debe investigar las circunstancias de las desapariciones, identificar a los responsables y garantizar que los crímenes no queden impunes. Es el juzgado natural el que debe encargarse de las exhumaciones, con todas las garantías procesales que corresponden en un Estado de derecho. Esto no solo es una exigencia de justicia, sino una obligación que España debe cumplir como parte de su compromiso con los derechos humanos.
Las exhumaciones administrativas son una anomalía democrática que, lejos de sanar las heridas de la memoria histórica, las profundiza y refuerza la impunidad del franquismo. La única forma de honrar verdaderamente a las víctimas y sus familias es reconocer que los crímenes cometidos por el franquismo son crímenes de lesa humanidad y, como tales, deben ser tratados con la máxima rigurosidad judicial. Las víctimas merecen mucho más que actos simbólicos: merecen justicia.
La apertura de fosas comunes del franquismo al margen de la ley es una traición a la memoria de las víctimas y a los principios de justicia universal. Al realizar estas exhumaciones de forma administrativa y sin la intervención de los tribunales, se perpetúa la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Esta práctica no solo incumple las obligaciones internacionales de España, sino que también revictimiza a las familias, negándoles su derecho a la verdad y a la justicia.
La verdadera reparación solo llegará cuando los crímenes del franquismo sean investigados y juzgados como lo que son: actos inhumanos que no pueden ser ni olvidados ni perdonados por decreto. En un país que aspira a ser una democracia plena, no hay lugar para la impunidad. Es hora de que este país cumpla con sus obligaciones internacionales y permita que sea la justicia la que, de una vez por todas, se encargue de abrir las fosas del franquismo, no solo para exhumar cuerpos, sino para enterrar definitivamente la impunidad.
Es el momento de que España deje de enterrar su historia y permita que sea la justicia quien desentierre la verdad.