En billetes pequeños y sin marcar: el derecho a la intimidad
OPINIÓN
En la era de la inteligencia artificial, internet, el móvil «para todo» y la tarjeta de crédito, cada vez más bares y comercios cuelgan el cartel de «no se admiten pagos con tarjeta» y vuelven al cobro en efectivo, lo cual no deja de parecer, como poco, curioso.
Los comerciantes dicen que el TPV les sale caro, pero este argumento pierde peso tras la ley que limita las comisiones a unos céntimos. El verdadero motivo, probablemente, tenga que ver con que los pagos en efectivo no dejan rastro, por lo que, en muchos casos al menos, estaremos en una reedición del famoso «¿con IVA o sin IVA?».
Las cifras de fraude fiscal y economía sumergida en España tienen una relación directa con miles de millones de billetes de euro que circulan cada año, ya que una buena parte acaba convertido en «dinero negro». Por ello, el billete de 500 euros dejó de emitirse en el 2019, y la Agencia Tributaria realiza cada año miles de actuaciones contra la economía sumergida en sectores que presentan un elevado porcentaje de cobro en efectivo, habiendo aflorado ventas ocultas de 1.100 millones de euros en los últimos cinco años.
Pero el uso generalizado del efectivo —lo usa diariamente el 65 % de la población— no está motivado solo por ansias defraudadoras. El efectivo es cómodo para pequeñas compras y gastos, y facilita su control, ya que somos más conscientes de lo que gastamos. También permite realizar pagos a los que no tienen cuentas bancarias, facilita transacciones a los más mayores y a otros colectivos vulnerables, es seguro frente a la ciberdelincuencia y resguarda la identidad del que gasta. Por eso, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios concede el derecho de pagar en efectivo hasta 1.000 euros.
Lo que inexplicadamente no tienen los consumidores españoles, a diferencia de italianos y suecos, es derecho a pagar con tarjeta bancaria, ya que en España ningún comercio está obligado a tener este sistema de pago, salvo algunas excepciones como el taxi en algunas ciudades.
En España, aunque estamos lejos de Suecia, donde en el 2022 solo un 8 % han usado dinero en efectivo, el pago electrónico va a más, aunque, pienso, nunca debería llegar a suplantar el dinero en efectivo.
El día en que solo exista dinero bancario, todo quedará grabado en el sistema financiero: dónde compramos, en qué bares paramos, dónde viajamos o a qué partido político estamos afilados. Nuestras virtudes y nuestros vicios quedarán grabados, para siempre, en un sistema informático. Toda nuestra intimidad quedará expuesta para todo aquel que tenga acceso al sistema y podrá ser usada para fines espurios. El banco será nuestro «gran hermano» y la persona que más nos conozca, más aún que nuestra propia pareja, familia o amigos.
Hasta ahora, Hacienda sabía de nosotros bastante, pero de manera limitada y controlada por funcionarios públicos con deber de sigilo. Pero con la desaparición del efectivo, todo quedaría grabado y nuestra intimidad al descubierto de entidades financieras, Administraciones públicas o de cualquier jáquer.
El derecho a la intimidad debe salvaguardarse. Debemos evitar que el derecho a usar tarjeta se convierta en la obligación de usarla. El control del fraude no puede ser nunca a costa de la confidencialidad y de convertir una vida en pública.
Por ello, alzo mi voz para reivindicar poder elegir entre pagar con tarjeta o, como los secuestradores de las películas cuando piden su rescate, «pagar en billetes pequeños y sin marcar», que ya nos encargaremos «los de Hacienda» de perseguir a los malos que quieran aprovechar el efectivo para defraudar.