Michael Ignatieff: una trayectoria liberal
OPINIÓN
Michael Ignatieff es un autor distinguido y polifacético. Un abultado inventario de membrecías, premios y distinciones lustra su sorprendente variedad de registros, entre los que sobresalen los de historiador y teórico político. Autor brillante y de personalidad compleja, es ante todo un representante ejemplar del statu quo de la cultura humanista y de la política democrática liberal occidentales. La concesión del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024 lo declara en las razones que aduce en su reconocimiento público. A nadie se le escapa que una sustanciosa porción de tales razones tiene carácter político. En sintonía con ellas, en los medios se le ensalza como un resuelto defensor de la democracia liberal, un crítico acérrimo de los nacionalismos excluyentes y poco menos que un paladín de los valores y derechos humanos universales. No le regateemos los parabienes a este pensador atento a los grandes conflictos de nuestro tiempo, pero tampoco se debería pasar por alto que tales encomiosas adscripciones suelen silenciar aspectos incómodos.
Esto es pertinente a propósito de la evolución de su concepción liberal de los derechos humanos. En su día, Ignatieff fue un renombrado portavoz de la importancia de los derechos humanos en los asuntos mundiales, en cuya difusión advirtió un signo de progreso moral (Los derechos humanos como política e idolatría, 2001). Sostuvo al respecto una concepción de los mismos recortada según el patrón de las libertades negativas que protegen la agencia humana en lo fundamental. Frente a la tendencia expansiva e inflacionaria que supondría, según él, admitir las demandas de los derechos sociales, económicos y culturales, Ignatieff privilegiaba un magro listado básico de los derechos humanos civiles y políticos clásicos, sobre los que poder construir un amplio consenso político y, por esta vía, favorecer su operatividad a nivel internacional. Por tanto, para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, a los Estados les bastaría con abstenerse de violar esos pocos derechos de agencia o impedir que otros lo hagan.
Además, Ignatieff aplicó esta visión a la defensa de un imperialismo humanitario en el orden internacional, siendo un firme partidario del intervencionismo militar por motivos de derechos humanos. Siguiendo esta onda destacó, de hecho, entre los intelectuales que desde Estados Unidos justificaron la intervención militar en «la guerra contra el terror» (El mal menor: Ética política en una época de terror, 2004). Solo años después, inmerso en un contexto político canadiense muy diferente, se retractó de su apoyo a la guerra de Irak.
Más recientemente, Ignatieff parece ladearse hacia un cierto derrotismo al valorar la capacidad de convicción, aceptación y motivación de los derechos humanos (Las virtudes cotidianas: Orden moral en un mundo dividido, 2017). Estos son principios y normas universales que adquieren sentido para las personas cuando por suerte arraigan en los contextos particulares y prácticas locales. Pero, lejos de erigirse en una ética global o un punto de referencia para las responsabilidades y obligaciones de la vida cotidiana en culturas de todo el mundo, se subordinan o incluso son desplazados por un «sistema moral operativo» por defecto que lo forjan y traman virtudes compartidas que sustentan la vida moral y la cooperación en las comunidades concretas. Tales virtudes cotidianas (como la confianza, la tolerancia, el perdón o la reconciliación), siempre enmarcadas local e históricamente, favorecen por doquier «al ciudadano sobre el extranjero y a la comunidad sobre lo cosmopolita».
En otro orden de cosas, Ignatieff siempre se ha pronunciado a favor de una interpretación liberal de la democracia, bien que con diferentes variaciones según los tiempos que le han tocado vivir. La democracia liberal es un proceso en constante construcción en torno a dos fuentes complementarias, pero tensionadas, de legitimación, la de la regla de las mayorías y la del estado de derecho. Es un proceso que se caracteriza por ser incluyente a la par que conflictivo, por incorporar a la representación política a grupos antes excluidos y regular la convivencia entre adversarios. Ahora bien, los protagonistas de ese proyecto autocorrectivo son antes los complejos equilibrios institucionales y las élites y agentes del sistema político que las asociaciones y movimientos sociales de la sociedad civil. En algunos de sus artículos recientes, reacciona al auge del populismo y a la amenaza existencial de la democracia, convertida ella misma en una cuestión dirimible electoralmente, haciendo de la necesidad virtud: la crisis actual de las democracias liberales se torna una oportunidad para que expresen una vez la vitalidad correctiva que les es inherente. Propone en consecuencia una doble estrategia, de adaptación y de resiliencia. Nuestras democracias constitucionales no tienen más remedio, por un lado, que adaptarse a la legitimidad democrática de los actores y ciudadanos iliberales, siempre y cuando estos no crucen las líneas rojas de recurrir a la violencia física y atacar las instituciones contra-mayoritarias (y, con ellas, a las élites profesionales que mantienen su funcionamiento); y, por otro lado, deben fortalecer su capacidad de resiliencia mediante reformas institucionales a largo plazo que deberían rediseñar las instituciones existentes en las diversas sociedades democráticas y que, de nuevo, cabría esperar antes de los líderes y las élites que de las iniciativas o la presión populares.
Sin duda, son notables y destacadas las aportaciones teóricas que este liberal desengañado de la metafísica del progreso ha articulado en sus escritos, y que no hemos mencionado ni por asomo en estos pocos párrafos. Como suele ocurrir, el mejor modo de llegar a valorarlas es mediante la lectura de sus obras.