El encarecimiento de la vivienda en España es un nuevo factor de pobreza a añadir a los ya conocidos de salarios bajos, inflación exagerada en la cesta de la compra o aumento de la presión fiscal. La falta de medidas ha empeorado la situación. El Banco de España estima que se necesitan al menos 600.000 viviendas nuevas para equilibrar oferta y demanda.
Frente a esto se construyen menos viviendas que nunca: si antes de la crisis del ladrillo se construían al año más de 600.000 viviendas (en Galicia 30.000), ahora menos de 100.000 (apenas 16.000 en Galicia). Resultado: el precio de la vivienda se dispara, si nos centramos en el alquiler en el último año (datos de agosto, fuente Fotocasa) ha subido de media en las capitales de provincia un 9,3 % hasta los 12,4 euros/metro cuadrado al mes. En Galicia, A Coruña ha subido el 16,5 % hasta los 11,71 euros/metro cuadrado.
Las medidas principales que se proponen desde el Gobierno en la actual ley de vivienda, son de intervención de precios, topando el precio de los alquileres. Solo se ha puesto en práctica en Cataluña, ante la negativa de la mayoría de autonomías gobernadas por el PP. Y la semana pasada se han dado a conocer los primeros resultados de la aplicación del tope de precios.
Con datos desde abril (fecha de implantación) a junio, los resultados son exactamente los mismos a los de una medida similar puesta en marcha en el año 2020 en Berlín, la llamada Mietendeckel (techo de alquiler): en Cataluña se redujeron los precios de los alquileres el 5 %, pero con una reducción de la oferta del 17 % (caída de firmas de contratos nuevos).
Lo que va a pasar en los próximos meses y años en Cataluña y en donde se implanten los topes de precios es lo que ya paso en Berlín: los precios no subirán, pero seguirá cayendo la oferta de vivienda porque los propietarios preferirán opciones más onerosas como el alquiler vacacional o temporal, o incluso dejar las viviendas vacías a la espera de tiempos mejores, si también se les prohíbe otras opciones. Habrá una menor inversión en mantenimiento, ante unos límites en los precios de alquileres que no compensan esos costes. En Berlín la medida fue finalmente retirada.
Los precios puede que caigan, pero la gente seguirá sin acceso a la vivienda; el problema empeorará. Y lo sorprendente es que el Ministerio de Vivienda haga una valoración positiva de los datos catalanes, afirmando que este es el camino a seguir para garantizar el derecho constitucional de una vivienda digna a un precio asequible. Así no lo conseguirán.
Frente a la opción de intervenir precios hay otra que propone aumentar la oferta a través de la iniciativa privada y pública.
Pero la solución debe ser mixta: construir e intervenir. Aumentar la oferta o construir es obvio, pero también es necesaria la intervención, aunque no la intervención de precios. Hay que intervenir aumentando la oferta directa de vivienda pública. Pero también hay que intervenir para facilitar el aumento de la oferta privada, aumentando la seguridad jurídica de los propietarios (el 80 % del parque en alquiler está en manos de pequeños propietarios), eliminado las okupaciones, digitalizar, simplificar y aligerar permisos reduciendo trabas burocráticas para las nuevas promociones de viviendas. Y, por último, para desincentivar que haya viviendas vacías, aumentar el IBI de esos inmuebles.