Últimamente es muy común que nos aparezcan en nuestras redes sociales vídeos de comerciales vendiendo las bondades (en algunos casos de maneras muy rebuscadas) de los pisos que quieren vender. En marzo de 2007, en un programa que se llamaba Tengo una pregunta para usted, se hizo muy célebre una respuesta de José Luis Rodríguez Zapatero con que un café costaba 80 céntimos, pero no se destacó otra intervención de un joven de 18 años que le decía al entonces Presidente del Gobierno que él no se podía permitir el lujo de comprar un piso por carecer de ingresos suficientes. En la actualidad nos encontramos con los precios del alquiler por las nubes, lo que está privando a quien no tiene un piso en propiedad a gastar una gran parte de su sueldo en una habitación (y otra cosa de la que hay que hablar es de la pandemia de locales comerciales vacíos, que con sus altos costes frenan cualquier posibilidad de desarrollar en ellos un negocio).
Es una evidencia que la política de vivienda que se ha ido desarrollando desde la aprobación de la Constitución en 1978 no ha sido la correcta para hacer cumplir el artículo 47. En primer lugar, porque han sido patentes las desigualdades sociales en el acceso (unos pocos se han hecho ricos a través de la especulación y otros muchos se han empobrecido ante los elevados costes). Aunque se lanzaron muchas advertencias sobre los efectos de la burbuja inmobiliaria, hasta que no reventó lo de construir en cualquier sitio lo cierto es que nadie se atrevió a parar su expansión (se creaba empleo, todas las promociones vendían todos los pisos a lo largo y ancho de España y los ayuntamientos recaudaban jugosos impuestos con las recalificaciones). Cuando llegó la crisis a partir de 2008 y, supuestamente, se iba a refundar el capitalismo, lo que al final pasó es que vinieron años de austericidio, de control del gasto y del cierre del grifo de los bancos a conceder créditos. Afortunadamente se aprendió de esos errores del pasado y tras la pandemia de la COVID-19 se cambió la filosofía para hacer una recuperación económica más justa. En honor a la verdad, hay índices excelentes (tales que ni la oposición es capaz de hacerle preguntas al ministro Carlos Cuerpo), pero esos buenos datos que nadie niega (por ejemplo, de paro y de afiliados a la Seguridad Social) se ven ensombrecidos por los costes de la vida, sobre todo por el precio del alquiler de pisos (y, en determinadas ciudades, de habitaciones ante la imposibilidad de asumir la renta mensual de manera individual). Hay que trabajar para vivir, no para sobrevivir, que es lo que le está ocurriendo lamentablemente a muchas personas.
El pasado domingo hubo una manifestación con una notable asistencia en Madrid que recordó (salvando las distancias) a la del 15 de mayo de 2011, que marcó el inicio del cambio en el panorama político. Se ha criticado mucho la participación de determinadas personas del PSOE, de Podemos (una de sus banderas fue prohibir los desahucios) y de Sumar, pero a mi manera de ver ninguno de los tres pueden eludir ni minusvalorar el debate. Me atrevería a decir que este asunto es central para la supervivencia electoral de la izquierda, muy por encima de otros casos de la actualidad (audios del Rey Emérito, imputación al Fiscal General de Estado, investigación judicial a José Luis Ábalos y Begoña Gómez, condena a Eduardo Zaplana, ruptura en La Oreja de Van Gogh, elecciones norteamericanas, conflicto en Oriente Próximo…). ¿Tiene fácil solución? Creo que no. Lamentablemente los bonos no han sido eficaces porque esa cantidad que el Estado aporta se la va a quedar, en muchos casos, el propietario de esa vivienda. ¿Hay que regular el mercado? En opinión de los expertos tampoco sería la panacea, si bien según el Govern de la Generalitat de Cataluña/Catalunya su normativa para topar los precios en zonas tensionadas ha permitido contener las subidas. Hay quien ve en la intervención pública a través de las viviendas sociales la solución, pero en el mientras tanto se necesita actuar, ese camino no se hace de un día para otro y es necesario buscar otro método que corrija estos abusos.
Lo que está pasando en España en estos momentos me recuerda mucho a experiencias que viví en el pasado en otros países europeos. En 2009 estuve viviendo en París, en 2012 en Múnich y en 2014 en Bruselas. En los tres casos me encontré con casuísticas muy diferentes a las vividas en Madrid o incluso ahora en Oviedo/Uviéu, donde no me fue nada difícil encontrar buen alojamiento (ahora en cambio y por lo que me cuentan personas conocidas, es misión imposible en ambas ciudades). No sé si odiaba más las mudanzas o la la búsqueda de alojamiento, porque era toda una odisea encontrar algo decente en relación calidad/precio. Al visitar cualquier piso era elemental ponerse una pinza en la nariz, porque de primeras te veías atrapado entre la urgencia de vivir bajo techo donde fuera (aunque estuviera sin limpiar, con paredes que escuchabas al vecino o con goteras) pero, por otro, sin comerte la cabeza con los (por lo menos) 500 euros que te iba a costar aquel antro. Entendía perfectamente que el propietario quisiera garantías de pago (te exigía que demostraras tu capacidad financiera, e incluso la de tu familia para que actuasen, en caso necesario, como avalistas) pero no es fácil para muchas personas un desembolso inmediato de, como mínimo, dos meses. Este tipo de condiciones se están aplicando ahora en España y, según parece, en parte han tenido bastante culpa la proliferación de pisos turísticos, que son una fuente de ingresos mucho más boyante.
Las consignas que se escucharon el pasado domingo en Madrid fueron tan ciertas como una casa: «Ser casero no es una profesión», «Ministerio de Supervivencia» y «No más Idealista, queremos una solución realista». ¡Ni casas sin gente ni gente sin casa!