No me gusta hablar mal de lo público, porque no veo nada positivo perjudicar lo que es de todas y todos y favorecer a otros intereses privados que no creen en la solidaridad ni en la igualdad de oportunidades (solo les importa el dinero). El prestigio cuesta tanto trabajo y esfuerzo conseguirlo que no merece la pena perder la credibilidad en tan solo un segundo. Con ello no quiero decir que no se pueda realizar valoraciones críticas sobre la educación, la sanidad y el resto de políticas sociales, pero esas aportaciones es muy importante que sean constructivas (de cara a mejorar la calidad de los servicios) y no enfocadas a debilitar aún más lo colectivo.
En este paquete también entrarían las empresas como RTVE, que con lo sucedido el pasado domingo 29 de septiembre en la oposición para periodistas (se llama, concretamente, información y contenidos) la sombra de la corrupción va a ser muy complicada deshacerse de ella. Yo soy una de las personas que estaba en el Campus de Somosaguas (concretamente en la Facultad de Psicología) con la intención de aprobar el examen y, quien sabe, ser uno de los afortunados en conseguir un puesto de redactor (hay cinco plazas para nuestra comunidad autónoma). Sinceramente no critico el aplazamiento del examen, puesto que si se detectó previamente que hubo una filtración de las preguntas (hay informaciones que apuntan a más del 80%) considero que la actuación ha sido la correcta. Lo que no me ha gustado es todo lo que vino después, porque precisamente si el cometido de RTVE es la comunicación no puede recurrir a dar explicaciones a través de otros medios, como son los perfiles en redes sociales de los sindicatos (nadie nos ha confirmado si los gastos de alojamiento y desplazamiento a Madrid los va a asumir o no el ente público).
Soy consciente de que hay una investigación interna y policial en curso buscando pruebas y certezas, y que la discreción a veces es más efectiva que la difusión de cada paso que se da, pero no me explico por qué, tras cinco días del suceso, RTVE no ha publicado el examen. Esas 120 preguntas ya no sirven para la próxima convocatoria, que por cierto la han fechado en un mal día para buscar alojamiento barato en Madrid (sábado 2 de noviembre, siendo el día anterior festivo en todo el país), lo que supone un claro perjuicio para las personas que no vivimos en la capital de España. Defiendo que se muestren las preguntas porque hay una serie de personas (se desconoce cuántas) que las recibieron el día anterior y, por ello, no veo necesidad alguna de mantener en secreto el cuestionario.
Creo que ante la gravedad de lo sucedido ya se deberían haber producido dimisiones o ceses (no comparto que se mantenga en el cargo la presidenta interina, Concepción Cascajosa), pero por lo que tengo entendido en estos momentos no se han depurado responsabilidades en ningún nivel, a excepción del tribunal que estará formado por nuevas personas (y solo dos [el presidente y el secretario] serán las que conocerán las nuevas preguntas). Pienso que es justo reclamarle y exigirle a RTVE que se excluya a las personas que estuvieron implicadas, entre ellas las que recibieron las preguntas y no lo denunciaron. Yo no le quiero dar la razón a quienes argumentan que estas plazas se hacen a medida para determinadas personas porque creo en lo público, en la limpieza de los procesos, en la transparencia y en la igualdad de condiciones para optar a un puesto fijo. No deseo por nada del mundo cambiar de opinión y considerar que opositar es una pérdida de tiempo, pero para ello pido la ayuda de RTVE. Necesito todas las garantías de que me voy a presentar a un examen sin un solo tramposo compitiendo conmigo, y espero que con el paso de los días se pueda confirmar fehacientemente que así será.
Muchas sospechas apuntan, lamentablemente, a los sindicatos. Tal y como dice el artículo 7 de la Constitución, «contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios». Me ha dado mucha pena escuchar a compañeras y compañeros en las concentraciones en Torrespaña y en Prado del Rey gritando «fuera sindicatos», porque eso también es perjudicarnos a nosotras y a nosotros mismos. El problema no son las centrales sindicales en sí, sino quienes las utilizan (supuestamente) para llevar a cabo estas corruptelas, y por tanto lo que hay que hacer es elegir como representantes a quienes actúan de manera honesta y con un comportamiento intachable, persiguiendo el clientelismo, el enchufismo y cualquier otro favoritismo.
Me gustaría saber que la amplía mayoría de las personas que estuvieron como yo el pasado domingo en Somosaguas (nos inscribimos más de 5.000) van a volver el 2 de noviembre, porque no podemos bajar los brazos. Es nuestro derecho hacer la oposición y, además, que nos examinen por nuestros conocimientos sin que nos regalen nada. ¡Ánimo y fuerza, a seguir estudiando hasta el día de la prueba y suerte para todas y todos!