Recientemente hemos asistido a un inquietante y desafortunado espectáculo como lo fue el debate de investidura de un presidente de la Generalitat socialista que ha logrado su elección gracias a que su papá necesita los votos de Junts y ERC en Madrid, comprándole el título de presidente y cargándole a todos los contribuyentes la factura del coste de asumir las bases y premisas que provocaron aquel desdichado procés.
Debido a ello, tal vez podría ser muy útil volver a recordar lo que Platón nos plantea, al respecto en su República, donde se expresa del siguiente modo al referirse a los Estados, los gobiernos, las leyes y los intereses de los más fuertes: «Cada Gobierno establece las leyes según su conveniencia: la democracia, leyes democráticas; la tiranía, tiránicas, y del mismo modo los demás. Al establecerlas muestran los que mandan que es justo para los gobernados lo que a ellos conviene, y al que se sale de esto lo castigan como violador de leyes y de la justicia. Tal es, mi buen amigo, lo que digo que en todas las ciudades es idénticamente justo: lo conveniente para el Gobierno constituido. Y este es, según creo, el que tiene el poder; de modo que, para todo hombre que discurre bien, lo justo es lo mismo en todas partes: la conveniencia del más fuerte».
Sin animo de polemizar más allá de lo estrictamente necesario, se me ocurre que tal vez deberíamos atender, con toda la imaginación posible, a aquello que el escritor Mark Twain decía respecto a las élites, no únicamente políticas, sino aplicables a todas ellas, afirmando que habría que cambiarlas a menudo como los pañales; y por la misma razón ante una deriva como a la que estamos asistiendo, de una «idiotización de la sociedad» sustentada en el control y acceso a la información real y veraz. Solo unos pocos elegidos se arrogan el poder de decidir qué información es mentira, bulo, y qué no lo es.
Así las cosas, me pregunto cómo nuestras élites nos intentarán convencer, sin manipular la información, de dónde va a salir el dinero que se ha comprometido con ERC para «mejorar la financiación de Cataluña», con una deuda de más de 85.000 millones (el 30 % de su PIB), de los que unos 74.000 millones ya los debe al Estado central, sin perjudicar a las demás comunidades autónomas. Al final, si se llega a aplicar, tendrá que salir de algún sitio y me temo que se continuará recurriendo, simplemente, al recurso de más deuda pública y, por ende, más impuestos. Si ninguna comunidad puede perder financiación, es probable que el Estado se vea obligado a ajustar a la baja su gasto, reduciendo las prestaciones de su competencia, como las pensiones, la defensa, infraestructuras, etcétera; o aumentar de inmediato y/o en el futuro la presión fiscal sobre la parte siempre más débil de la relación, los ciudadanos. Es decir, como viene siendo habitual, los que mandan deciden qué es justo para los gobernados y lo que a ellos les conviene.
El recurso al incremento de una mayor carga fiscal no debe sorprendernos, es habitual (todavía estamos pagando la factura de las cajas de ahorros y la pandemia). De ahí que en los tres últimos lustros, probablemente debido en parte a que no hemos sabido o querido cambiar el pañal a tiempo, como sugiere Mark Twain, de manera lenta pero constante España se ha ido empobreciendo, porque lo que es justo para los gobernantes y lo que a ellos conviene al final termina, casi siempre, perjudicando a los gobernados y a su bolsillo, sorprendentemente en favor de la conveniencia del más fuerte.