El diálogo social sigue dando frutos. Frente a las imposiciones de la derecha y sus recortes en derechos laborales y sociales, se está demostrando en los últimos años que hay otra forma de hacer política desde el Gobierno: buscando consensos con sindicatos y patronal para lograr acuerdos que benefician al conjunto de la clase trabajadora, que favorecen al país. Es también el objetivo de Comisiones Obreras: mejorar la vida de las personas mientras trabajan y cuando dejan de hacerlo.
Las subidas sucesivas del salario mínimo interprofesional, que han beneficiado en mayor medida además a las personas con menores ingresos; y la reforma laboral, cuyos efectos positivos para la estabilidad en el empleo se constatan mes a mes, son casos paradigmáticos. Las pensiones es otro ejemplo. Mientras el Partido Popular de Mariano Rajoy las reducía, el gobierno de coalición progresista las ha reformado para dar mejores pensiones y a más personas.
Precisamente, el último logro del diálogo social se produjo hace unos días cuando el Gobierno, la patronal y los sindicatos alcanzaron un acuerdo que mejora sustancialmente la jubilación parcial y la calidad del empleo que se crea con el contrato de relevo. En esencia, este acuerdo culmina la reforma de pensiones iniciada en 2021 con una legislación mejorada del modelo de jubilación gradual y flexible, reconociendo más derechos de jubilación parcial, un nuevo reglamento para la jubilación anticipada por trabajos penosos y nuevos incentivos para la compatibilidad de trabajo y pensión.
Desde CCOO venimos defendiendo la conveniencia de preservar el principio de igualdad y universalidad de las prestaciones de Seguridad Social, de modo que todas las personas trabajadoras de cualquier sector de actividad tengan garantizado el acceso a la jubilación parcial con los mismos derechos y obligaciones. También entendemos que la convergencia entre las distintas modalidades de jubilación parcial existentes actualmente debe realizarse en un plazo de tiempo prudencial, tomando como referencia los requisitos más garantistas de cada regulación respecto de la calidad del empleo de las personas relevistas.
Los avances que contempla el nuevo acuerdo en lo que se refiere a la jubilación parcial general son muy destacables: se amplía a tres años el periodo de tiempo que se puede utilizar para adelantar la edad ordinaria de jubilación (una mejora que permite acceder a esta modalidad de jubilación a partir de los 62 años de edad, según la carrera de cotización de cada persona); se aplica la «cotización en la sombra» para ayudar a completar la carrera de cotización y «adelantar» la edad ordinaria de jubilación parcial; se facilita la posibilidad de concentrar la jornada total, anual, mensual, semanal o diaria por acuerdo en la negociación colectiva; y se obliga a que el contrato de relevo sea indefinido y a jornada completa en todos los casos, con lo que se mejora la calidad del empleo (además se extiende la garantía se mantenimiento del empleo relativo a todos los contratos de relevo durante un plazo mínimo de dos años).
También se reconoce este derecho a las personas con contrato fijo-discontinuo, para las que se recupera el coeficiente multiplicador del 1,5. La reforma de pensiones de 2023 ya estableció el reconocimiento pleno de los periodos de cotización a tiempo parcial y fijo-discontinuo con el mismo alcance que tiene reconocidos las personas que trabajan a jornada completa.
Hay más beneficios. Por ejemplo, en la jubilación demorada se ha conseguido que se mantenga el incentivo de incremento del 4% de la cuantía de la pensión de jubilación por cada año adicional. También en la jubilación activa hay avances: entre otros, se elimina el requisito que exige contar con la carrera completa de cotización para acceder a ella.
El documento finalmente acordado en la mesa de diálogo social recoge asimismo un asunto de vital importancia: el reglamento del procedimiento para la jubilación anticipada por trabajos penosos, tóxicos, insalubres o peligrosos, y que asume algunas de las principales propuestas que defendía el sindicato, como la referencia expresa a la penosidad por edad y la dimensión de género. En el plazo de seis meses un grupo de trabajo deberá analizar y valorar las ocupaciones en sectores concretos.
En resumen: hablamos de unos cambios normativos que van a aliviar, en todos los sentidos, a millones de personas en nuestro país que están deseando dejar de trabajar porque llevan décadas desarrollando muchas veces empleos que requieren grandes esfuerzos y sacrificios personales, por no hablar de la urgencia de adelantar la jubilación por trabajos penosos, tóxicos, insalubres o peligrosos. Hay que cuidar mejor a la gente que trabaja, y más a quienes más lo hacen y en condiciones más adversas. Se lo merecen.