Juan Márquez —del que yo tampoco sabía nada hasta ayer por la mañana— no sale de su asombro. Fue uno de los directores generales de Trabajo de la Junta de Andalucía que ejecutaron parte del gasto de los 680 millones de euros en ayudas al desempleo dilapidados por los Gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Este martes supo que el Tribunal Constitucional rechazaba su recurso de amparo por una condena por malversación en el escándalo de los ERE. El trámite lo realizó en los mismos términos que Chaves y Griñán, pero se ve que sus conexiones con Ferraz tienen menos potencia y que a Cándido Conde-Pumpido y a sus incondicionales aliados en el TC se les había acabado la magnanimidad con el perdón a los principales cargos políticos del PSOE andaluz, que han conseguido limpiar de su historial las vergonzantes condenas del caso de corrupción más grande juzgado y sentenciado en España.
Porque por mucho que los amigos de los expresidentes andaluces insistan en que no hay delito, lo primero que tiene que quedar claro es que el Constitucional no es un tribunal de justicia y que no forma parte del sistema judicial español como tal. De hecho, la sola admisión del recurso de casación de los dirigentes políticos es un hecho inédito protagonizado por un presidente del TC que se hizo famoso por decir que los fiscales «se tenían que manchar la toga con el barro del camino» para justificar las concesiones en el final de ETA durante el zapaterismo. Pero, aunque el final absolutorio estaba cantado desde que se produjo el cambio de mayorías en el Constitucional, en la resolución redactada por Inmaculada Montalbán —condecorada con la Medalla de Andalucía por el mismísimo Griñán en persona en el 2012— no se niega la existencia de hechos ilícitos, sino que se reinterpreta que, como se había aprobado una ley en el Parlamento andaluz, no puede ser considerada ilegal su aplicación. Un disparate en opinión de la mayoría de expertos consultados, porque cualquier lego sabe que una ley también puede contener fórmulas incorrectas. ¿O alguien se imagina una ley que segregue por edades o por sexos?
El disparate es tal que la absolución a los jefes políticos, ideólogos de la trama y responsables de su autorización, coincide en el tiempo con la ratificación de las condenas a algunos de sus subordinados, los menos afortunados. Y con un reguero de juicios, más de un centenar, donde seguirán saliendo las miserias del chófer de la cocaína, el alto cargo que concedió una ayuda millonaria que nunca se recuperó a su antigua empresa o los que beneficiaron a sus compañeros de partido o sindicato con jubilaciones a la carta a costa de todos los contribuyentes españoles.
En el colmo de la injusticia, Chaves y Griñán amenazan ahora con pedir una indemnización por sus responsabilidades judiciales. Y aún habrá que aplaudirles por malgastar un dinero que debería haber servido para sacar a mucha gente de la pobreza o de una situación extrema en lugar de crear una red clientelar. Siempre quedarán los hechos probados dictados por quince jueces para recordar el histórico latrocinio.