El pasado 1 de julio, una noticia nos heló la sangre. En Barcelona, dos hermanas de 54 y 64 años se suicidaban horas antes de ser desahuciadas. Irene Escorihuela, directora del Observatorio DESCA, declaraba que «No es la primera vez, hablamos de situaciones frecuentes, de suicidio tras suicidio, es un indicador claro de que existe un problema con la vivienda».
La vivienda ha irrumpido por primera vez en el CIS como el segundo problema que más preocupa a los españoles, por encima del paro o de cualquier otro tema económico. Un 83% de españoles lo considera como el principal factor de desigualdad. A la subida de los intereses de las hipotecas se une el disparatado precio de los alquileres. La fecha de renovación del contrato de alquiler para los inquilinos es como la espada de Damocles.
Dar una alternativa a la vivienda es el problema más urgente al que tiene que dar la cara, en primer lugar, el gobierno central y también los autonómicos y municipales. Es grave y estructural y la respuesta debe darse a ese nivel. Son imprescindibles algunas modificaciones legislativas como aumentar el período del contrato de alquiler para evitar la especulación de los fondos «buitre» y limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros, a no ser que sean para residencia, como ha hecho Canadá.
Pero estas medidas no bastan, la solución pasa por un gran parque público de viviendas formando una empresa estatal con este objetivo. Sin aumentar el parque público de viviendas para bajar y regular el precio no se va a resolver el problema. El 30% del total de casas en alquiler de Paises Bajos son públicas, en Austria lo son un 24%, y en Dinamarca un 21%. ¡En España un 2,5%!
Esta solución que proponemos desde Recortes Cero no sólo es factible, sino que es muy rentable en tres aspectos. Para ayudar a las familias trabajadoras y en especial a la juventud que ahora tiene cercenada la posibilidad de independizarse. Porque construir vivienda crearía empleo productivo y de calidad. Y en tercer lugar porque esas viviendas puestas en alquiler o venta a medio plazo serían capital y beneficios para las arcas públicas. En definitiva, una solución que genera riqueza y empleo.
Nos recomiendan que uno dedique como máximo un tercio del sueldo al pago de la hipoteca para compra, o al alquiler. Pues bien: deben ofertarse viviendas públicas a un tercio del salario mínimo (SMI), alquileres de 378 euros y otras más grandes a la mitad del salario mínimo, que pueden pagar entre dos personas. Esto sí sería asequible para los salarios reales de los trabajadores en España.
Construir o reformar viviendas es un objetivo totalmente asumible para el Estado. El precio de construcción de la vivienda oscila entre un mínimo de 1.000 euros el metro cuadrado hasta un máximo de 2.000, incluyendo licencias, suelo, materiales, construcción, etc. El Estado tiene muchos recursos para reducir este coste como utilizar suelo público, abaratar licencias, etc. Aún así, cogiendo como referencia el precio más caro, construir una vivienda de 60 metros cuadrados supondría 120.000 euros y con un alquiler mensual de 378 estaría amortizada en 25 años. Mucho menos de lo que cuesta construir y amortizar obras como la red de autopistas o de AVE.
Actualmente Francia tiene más de cuatro millones y medio de viviendas públicas, España apenas medio millón. ¡Diez veces menos! Pedro Sánchez en 2023 ofreció poner en alquiler 50.000 viviendas de la SAREB. Frente a esta minúscula cifra, la primera medida debe ser duplicar el actual parque público construyendo o reformando medio millón de viviendas.
El Estado cuenta con múltiples recursos. Para empezar la Banca nos debe 105.000 millones de euros del rescate, con sólo la mitad podemos formar una empresa pública que construya medio millón de viviendas. Con ello además de resolver la residencia de aproximadamente un millón y medio de personas, actuaríamos en el mercado bajando el precio, crearíamos empleo con buenos salarios y nuestro país tendría un capital público valioso y productivo.
La solución es muy urgente, factible y rentable. Ponerla en marcha depende exclusivamente de tener voluntad política. El precio de la vivienda preocupa y angustia a una gran parte de la población, no hay tiempo para esperar ni excusa posible. Sí hay alternativa, es necesaria una empresa que construya vivienda pública, y es necesaria ¡ya!