Después de una investigación detallada de varios meses por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, se empieza a aclarar el panorama de la supuesta estafa cometida por los dirigentes del Grupo Herrero Brigantina, que acumuló inversiones de particulares y empresas de hasta 70 millones de euros. A día de hoy, las diligencias penales ya se encuentran centralizadas en la Audiencia Nacional, dado que los delitos cometidos se desarrollaron a lo largo y ancho del territorio nacional, y han derivado en embargos judiciales de propiedades y fondos, así como en declaraciones de testigos y víctimas del malogrado grupo inversor.
Los últimos datos hechos públicos por la propia Policía Nacional informan de la detención de nueve personas —ocho en Ponferrada y una en Madrid— que participaron directamente en la organización y difusión de la presunta estafa piramidal que ha provocado la pérdida de los ahorros de miles de inversores en toda España.
En Galicia se estima que los afectados de Herrero Brigantina pueden ascender a centenares ya que el grupo disponía de oficinas en varias de las principales ciudades gallegas, y funcionaba como una correduría de seguros que ofrecía productos de inversión con alta rentabilidad, y por la política de comercialización realizada, campañas y oficinas abiertas. Y precisamente ese era el problema de fondo, que el Grupo Herrero no estaba autorizado por el Banco de España para funcionar como entidad de inversión y, por tanto, tampoco estaba sujeto a supervisión y control de sus actividades.
Y aun cuando desde hace más de dos años algunos clientes ya estaban advertidos de las irregularidades detectadas en los contratos que daban cobertura a las supuestas inversiones, y que los productos ofertados no contaban con el aval de las compañías de seguros que publicitaban en sus campañas, para muchos ya fue demasiado tarde para recuperar sus ahorros.
Ahora mismo, a los afectados ya solamente les queda la vía judicial, que se impulsarán hasta la finalización de las diligencias penales en la Audiencia Nacional.
A nosotros nos queda la duda de si una macroestafa de este calibre y de tal trascendencia pública no debería haber sido detectada por alguno de los organismos públicos supervisores de las actividades financieras de nuestro país.