Cemento y política
OPINIÓN
El artículo 47 de la Constitución española garantiza, como derecho fundamental, el disfrute de una vivienda digna y adecuada, y para ello hace explícita referencia a que los poderes e instrumentos públicos deben garantizar la no especulación
El problema es que la política de nuestro país nunca tuvo a la vivienda como uno de sus deberes fundamentales y, lejos de pensar en ella como el espacio de vida de los ciudadanos, hizo de su construcción una forma de sostenimiento económico de la propia política.
Los constructores fueron unos de los principales financiadores de la política, y lejos de velar por que no se especulara con el suelo, algunos programas se orientaron a promover la especulación de manera consciente o inconsciente, pero, en cualquier caso, eficiente.
El más claro ejemplo de estas iniciativas especuladoras es Madrid, donde se definió la M50 como el anillo de referencia para que la construcción fuera de la periferia hacia el centro, haciendo así cada vez más caro el suelo más próximo al centro de la capital. No es ningún secreto en Madrid quienes han sido los agentes promotores de este fenómeno, como tampoco lo es quienes han sido los promotores de este fenómeno en otros espacios de España.
La expulsión masiva de ciudadanos a las periferias para valorizar suelos que en su tiempo tuvieron otros usos ha sido una práctica común en Galicia, en la comunidad con más lugares habitables de España, y donde la diseminación ha sido uno de los problemas tradicionales, el crecimiento de las ciudades ha cedido paso a la explosión de las periferias.
Y mientras esto sucedía, y surgían empresas constructoras e inmobiliarias vinculadas a estos crecimientos, los suelos de las urbes incrementaban exponencialmente su valor a la espera del retorno de los que marcharon.
Algunas de las mal llamadas políticas progresistas incrementaron esta especulación del suelo, me refiero a las limitaciones exageradas de altura de los edificios, que combinadas con la también exagerada creación de espacio público urbano, verde o gris, sirvieron para que el metro cuadrado de vivienda alcanzara en los años 80 y 90 valores impensables.
Y la solución para la adquisición de viviendas vino por la bajada del precio del dinero, en los años 90, y por la reducción de los metros cuadrados que se ofrecían a las familias.
Entre nueve y once metros cuadrados para una habitación entró, de repente, dentro de los parámetros de digno y adecuado que refería la Constitución, aunque eso hiciera que al levantarte solo pudieras salir por un lado de la cama.
Pagar tres o cuatro mil euros por un metro cuadrado de vivienda se ha convertido en algo normal en una ciudad gallega, y que una familia de cuatro personas viva en un piso de 75 metros útiles también, pero la verdad es que eso es fruto de lo que las políticas de urbanismo y vivienda han hecho en estos años de democracia. Muchas de las grandes fortunas de España se han levantado en el cemento público, y muchas de las medianas en el cemento privado; hay que empezar a mirar el cemento de otra forma.