Pedro Sánchez ha anunciado que el próximo 17 de julio presentará en el Congreso lo que ha denominado un «plan de acción y calidad democrática». Según el presidente, se trata de una propuesta de regeneración democrática sobre la que, por el momento, solo ha adelantado que afectará a los medios de comunicación mediante un recorte de su financiación pública por la vía de la publicidad institucional. Según Sánchez, es necesario establecer un tope a la financiación que pueden recibir algunos medios que se dedican a difundir «bulos».
Resulta preocupante que el Gobierno anuncie que va a recortar la financiación de los medios como una manera de controlar lo que se publica. Según el Ejecutivo, afectará a «pseudomedios» de comunicación, sin que haya mayor explicación de a qué se está refiriendo. Pero Sánchez afirma también que hay que recortar la financiación de los medios que están subvencionados por los gobiernos autonómicos «de la ultraderecha». Una pista que indica hacia dónde está apuntando el jefe del Ejecutivo con su supuesto plan de regeneración democrática.
Resulta en este sentido bastante significativo que ese ansia regeneradora de la prensa le haya llegado a Sánchez precisamente cuando en medios digitales y también impresos se están publicando noticias que afectan a su esposa, Begoña Gómez, a la que un juez está investigando por tráfico de influencias y corrupción en los negocios privados. No se sabe si es precisamente a esos medios a los que el Gobierno amenaza con cortar la financiación, porque según el presidente, todo lo que se publica sobre su mujer no son más que bulos, a pesar de que cada día salgan a la luz noticias que ponen en duda la actuación de la esposa de Pedro Sánchez con datos como que escribió de su puño y letra cartas de recomendación a una empresa para que se hiciera con contratos de la Administración. Y que finalmente esa empresa consiguiera hacerse con esos concursos públicos a pesar de no haber presentado la oferta más barata económicamente y gracias exclusivamente a la valoración subjetiva de los encargados de dilucidar a quién se concedían los contratos.
La necesidad que el presidente del Gobierno tiene de reformar la financiación de los medios resulta alarmante si es el propio Ejecutivo el encargado de decidir qué periódicos y emisoras de radio y televisión publican bulos, y, por tanto, no merecen la publicidad institucional, y a cuáles sí se puede regar con dinero público. De concretarse esas situaciones, estaríamos ante un intento de acallar a la prensa que molesta al Gobierno y ante una presión indirecta a todos los diarios instaurando una autocensura para no publicar informaciones que puedan resultar comprometedoras para el Ejecutivo, ante el riesgo de quedarse sin financiación. El presidente del Gobierno no ha adelantado nada más sobre esa regeneración democrática que pretende, Pero sus intenciones están quedando bastante claras. Al menos, en lo que afecta a los medios de comunicación.