Las comunidades autónomas que padecen gobiernos de coalición de PP y Vox han sufrido en los últimos meses la presentación de proyectos de ley que pretenden sustituir las vigentes normas sobre la memoria histórica y democrática por otras denominadas de «concordia», Castilla y León es un buen ejemplo. En esa comunidad, en abril de 2018, durante el último gobierno de Juan Vicente Herrera, se aprobó un decreto «de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León», que afirmaba literalmente: «La Junta de Castilla y León condena los casos de vulneración de los derechos humanos que se produjeron durante la guerra civil y la dictadura franquista y, al igual que señaló por unanimidad la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, considera que nadie puede sentirse legitimado para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática».
Hace solo seis años, para el Partido Popular, la Segunda República, que no se menciona en el decreto, era un periodo histórico diferenciado de la guerra civil y del régimen franquista, que había sido una dictadura que merecía la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática. Hoy, cuando lo dirige el sedicente moderado Núñez Feijoo, promueve en Castilla y León una proposición de ley, conjuntamente con Vox, que abandona esos planteamientos y elude cualquier definición del régimen franquista como dictadura o, menos aún, como sistema totalitario. Los crímenes que durante él se cometieron debieron ser obra de la naturaleza y las penurias económicas las causantes de que los cadáveres de las víctimas permaneciesen durante décadas en campos y cunetas.
Independientemente de sus connotaciones políticas, la proposición de ley muestra con claridad la indigencia intelectual de los señores Fernández Mañueco y García Gallardo y de los equipos que encabezan. En el segundo párrafo de la exposición de motivos puede leerse: «Nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo. Tampoco se ha dado entre los historiadores, que aún sostienen debates teóricos, metodológicos e interpretativos». Poca historia han leído. Nuestra disciplina avanza gracias a la controversia. Suele existir acuerdo sobre los hechos y sus fechas, sobre todo para las épocas más recientes, pero ni siquiera eso ocurre siempre, no es raro que los testimonios del pasado sean poco claros. A la hora de analizarlos, de calibrar sus dimensiones y de estableces sus causas y consecuencias, es habitual que haya discrepancias.
Ningún historiador que merezca ese nombre negará el Holocausto, aunque existan todavía sectarios filonazis que lo hagan. Pocos objetarán que debe ser recordado en conmemoraciones, museos y lugares de la memoria, y estudiado en colegios e institutos junto al nazismo, para que los jóvenes conozcan la barbarie de que es capaz el ser humano si pierde los valores éticos y quizá contribuir así a evitar que se repita. Ahora bien, tanto la explicación de por qué se produjo como el número de víctimas, las responsabilidades que pueden atribuirse no solo a las autoridades alemanas, o de otras naciones como Italia, Hungría, Croacia, Francia o Rumanía, y a los militantes o dirigentes nazis y fascistas, sino a las sociedades de esos países y a instituciones, como la Iglesia Católica, que o miraron para otro lado o callaron por miedo o por interés, son, como muchas otras cosas, motivo de debate no solo historiográfico sino también político. Eso no impide que lo fundamental se conozca y que esté bien reflejado en manuales escolares y libros rigurosos que, por encima de discrepancias parciales, coinciden en lo esencial.
Nunca se escribirá la historia «definitiva» de la Segunda República, la Guerra Civil o la dictadura del general Franco. Afortunadamente, seguirán apareciendo documentos y nuevas perspectivas de análisis, ahí está la riqueza de la Historia como disciplina científica, pero solo desde la ignorancia o el sectarismo fascista se puede identificar a la Segunda República con los periodos que la sucedieron, como hace la proposición de ley. Es arbitrario establecer como objeto de la norma: «El reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales desde el año 1931 hasta el año 1978». ¿Por qué 1931?
La Segunda República fue un periodo democrático que se enfrentó a multitud de problemas, como todos los europeos de la etapa de entreguerras y como también los había sufrido la monarquía constitucional. No hay víctimas del régimen republicano, ni hubo persecución religiosa o política hasta 1936. Hubo actos de anticlericalismo, incluso violencia, aunque no promovida desde las instituciones, pero recuérdese que la Semana Trágica se produjo durante la monarquía de Alfonso XIII ¿eso la convierte en un régimen que perseguía el catolicismo? Hubo terrorismo durante la República, pero también en la época de la Restauración y en la actual democracia. Hubo excesos policiales en la República, pero me permito recordar que, por ejemplo, el general Severiano Martínez Anido, el de la «ley de fugas», que en eso se llevó la palma, fue gobernador «civil» de Barcelona entre 1920 y 1922, después ministro de la Gobernación con el dictador Miguel Primo de Rivera y, por último, con Franco. Podría servir de enlace represivo ¿por qué no llevar el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales hasta 1919? Incluso antes, no da para poco la historia de España ¿Las guerras carlistas? ¿Fernando VII? ¿La Inquisición? No, de lo que se trata es solo de, con neto espíritu franquista, denigrar injustificadamente a la República.
La violencia se desató con el estallido de la guerra civil, provocado por el fracaso del golpe de estado militar de julio de 1936. Cuando se atribuye a la República ser la causante de la guerra, se cae en un simplismo que a quien realmente perjudica es a la monarquía y a la dinastía de Borbón, que, con más justicia, podría ser acusada de eficaz promovedora de guerras civiles. Llegó a la corona de España con una que todavía trae cola en Cataluña, provocó al menos dos más por su querella dinástica (los carlistas aumentan el número al contabilizar levantamientos menores, que también causaron víctimas) y no se puede negar que los monárquicos impulsaron la última, la 1936-1939, y participaron en ella con auténtico entusiasmo, el abuelo del actual rey incluso intentó en dos ocasiones que lo admitiesen como voluntario.
Entre los historiadores no cabe ninguna duda de que república, guerra civil y dictadura son tres etapas distintas. La ley de memoria democrática de 2022 tiene un doble objetivo: «Por un lado, pretende fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de nuestra historia y de todas aquellas figuras individuales y movimientos colectivos que, con grandes sacrificios, fueron construyendo progresivamente los nexos de cultura democrática que permitieron llegar a los acuerdos de la Constitución de 1978». Por otro, «preservar y mantener la memoria de las víctimas de la Guerra y la dictadura franquista, a través del conocimiento de la verdad, como un derecho de las víctimas, el establecimiento de la justicia y fomento de la reparación y el establecimiento de un deber de memoria de los poderes públicos, para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo». No limita la democracia a la Segunda República, se remonta a 1812, y no excluye a las víctimas inocentes de la represión republicana durante la Guerra Civil. Eso sí, incluye a todas las del franquismo.
No merece la pena recordar que las víctimas de la violencia republicana y sus familias tuvieron un reconocimiento por parte de la dictadura del que carecieron las mucho más numerosas de la represión ejercida por el bando rebelde. Las que permanecieron en fosas comunes, en campos o cunetas, a veces sin que su muerte hubiese sido reconocida, fueron las de los sublevados, cuyo número se incrementó tras la victoria de Franco en la guerra. Pero, como bien plantea la ley, no se trata solo de exhumar los restos humanos y de entregarlos a sus familias, lo que ya es muy importante, sino de declarar la ilegalidad de la represión de una dictadura que violó los derechos de las personas durante cerca de cuarenta años y de reconocer la labor de quienes desde el interior y desde el exilio la combatieron.
Al no aceptar que existió una dictadura criminal y que sus víctimas no son solo los muertos sin identificar, sino también los que padecieron el exilio, las cárceles, las torturas, las sanciones o la marginación, la propuesta de ley del PP y Vox se olvida de la memoria y de la democracia y las sustituye por una indefinida «concordia», que no explica cómo conseguir y que convierte en un extraño concepto, un ectoplasma ridículo. Trasmutados en un inverosímil remedo de los policías Hernández y Fernández de las historias de Tintín, Mañueco y Gallardo repiten hasta la saciedad: «¡concordia! ?yo aún diría más, ¡concordia!».
Vayamos al texto, y solo copio algunos párrafos: «Se crea el Directorio de entidades vinculadas a la concordia que tengan dentro de su ámbito de acción la Comunidad de Castilla y León […] La Administración de la Comunidad de Castilla y León cooperará en las actividades de conocimiento y divulgación de la concordia. En el marco de las disponibilidades presupuestarias, el apoyo económico se dirigirá prioritariamente a las universidades, fundaciones y centros de estudios de concordia para la realización de investigaciones, publicaciones, eventos educativos, exposiciones y los estudios relacionados con la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y el proceso de transición democrática […] Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso y consulta libre y gratuita de los documentos relacionados con la concordia integrantes del Patrimonio Documental de Castilla y León, con fines de estudio e investigación o de información para la defensa de sus derechos o el conocimiento de sus obligaciones. El ejercicio del derecho para acceder a documentos relacionados con la concordia, integrantes del Patrimonio Documental de Castilla y León y conservados en cualquier archivo, se efectuará de conformidad con la normativa vigente reguladora del patrimonio documental. Los poderes públicos de Castilla y León adoptarán las medidas necesarias para la protección, la integridad y catalogación de los documentos relacionados con la concordia que integren el Patrimonio Documental de Castilla y León, en particular en los casos de mayor deterioro o riesgo de degradación». Permitan que me pregunte ¿qué es la concordia? ¿Cuáles son los documentos relacionados con la concordia? ¿Y los centros de estudio de la concordia? ¿Prohibirán el acceso a los diarios de sesiones de las Cortes o a las actas de plenos de diputaciones y ayuntamientos porque hay más discordia que concordia? ¿Se podrán leer los periódicos depositados en archivos y hemerotecas? Poca concordia se suele encontrar en la canallesca… Algún lector puede pensar que el señor Le Senne nos dio a todos hace unos días una buena lección de cómo entiende Vox la concordia, no seré yo quien lo contradiga.
Podría concluirse que la desmemoria conduce a la tontería. Lo peor es que, al menos, a una parte del dúo no le falla la memoria, lo que tiene es nostalgia de la dictadura. La otra está dispuesta a no acordarse ni de lo que decía ayer, si el olvido es útil para permanecer en la poltrona.